Archivo por días: 29 junio, 2012

Ministerio de Interior plantea paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en las cárceles

Ministerio de Interior plantea paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en las cárceles.

El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, ha planteado este jueves en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, ha planteado este jueves en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.
«Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada», ha dicho Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
Ha cuestionado que la labor de «mirar un monitor de seguridad» sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se ha preguntado si esa función «la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar». «Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados», ha zanjado.
Según ha dicho, «ahora se abren nuevos centros para los que no hay funcionarios» y se ha referido al «contexto económico» y la posibilidad de «no abrir nada más que las infraestructuras que sean imprescindibles». Actualmente la población reclusa es de 67.000 personas y, según ha explicado, hay capacidad para llegar hasta los 80.000.
La Secretaría de Estado va a revisar el plan de infraestructuras de Instituciones Penitenciarias y la necesidad de llevar a cabo muchas de las infraestructuras. «Hoy para poner en funcionamiento todo lo previsto son necesarios 1.863 funcionarios a pesar de que tienen congelada la oferta de empleo público», ha advertido

Interior plantea paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en las cárceles

Ministerio de Interior plantea sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes privados El secretario de Estado dice que sería para controlar los monitores de seguridad Los equipos de fútbol pagarán la seguridad de los grandes eventos a través de una tasa

Ministerio de Interior plantea sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes de seguridad privados

El secretario de Estado dice que sería para controlar los monitores de seguridad

Los equipos de fútbol pagarán la seguridad de los grandes eventos a través de una tasa

Ignacio Ulloa. / EFE

En marzo, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la Administración—, el Ministerio del Interior anunció que los escoltas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en cárceles de toda España. Sustituirían a algunos policías y guardias civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones.
 El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha ido más lejos esta tarde. Ha planteado en la Comisión del Interior del Congreso la posibilidad de que vigilantes privados sustituyan no solo a policías y a guardias civiles sino también a funcionarios de prisiones ante la escasez de empleados públicos y ante la imposibilidad económica, según indicó, de llevar a cabo la oferta de empleo público que sería necesaria.

Se trata de una idea que debe aún perfilarse y que en ningún caso entraría en vigor antes del año que viene, pero que en el ministerio empieza a cobrar cada vez más fuerza, como reconoció el secretario de Estado. “Lo único que hacemos es poner ingenio. Y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada”, dijo Ulloa. Aún no han calculado a cuántos funcionarios querrían sustituir por vigilantes privados para trasladarlos a prisiones con escasez de empleados públicos.

El ministerio quiere sustituir a los funcionarios que llevan a cabo labores de vigilancia -evidentemente, no podría llevarse a cabo algo así con otro tipo de empleados públicos, como terapéutas o juristas-, pero aún debe concretar exactamente qué tipo de tareas podrían realizar los vigilantes privados y cuáles no.

Como ejemplo, Ulloa ha planteado que, quizá, la labor de “mirar un monitor de seguridad” la podría desempeñar un ciudadano con una mínima formación, pero no ha ofrecido un catálogo de puestos de trabajo susceptibles de ser privatizados. “Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar», ha señalado. «Pido las sugerencias de los diputados. Para poner en funcionamiento todas las infraestructuras previstas son necesarios 1.863 funcionarios a pesar de que está congelada la oferta de empleo público”.

El secretario de Estado habló también de otras cuestión polémica: la propuesta de Interior de que los clubes de fútbol paguen parte de lo que cuesta la vigilancia que Interior dedica a los grandes eventos. El ministerio quiere que el cobro de esta prestación se haga a través de una tasa a las empresas deportivas, que pagarían por el uso de un «dispositivo intensivo» de seguridad pública. Interior está estudiando la cuestión con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, según ha asegurado el secretario de Estado de Seguridad en el Congreso.

«El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos derivados del organismo autónomo GIESE (encargado de la gestión y venta de inmuebles del Ministerio del Interior), así como un porcentaje de los costes derivados de la prestación intensiva del servicio de seguridad pública», ha explicado. «El excedente se ingresará en el Tesoro Público». «Este tipo de encuentros producen muchos beneficios, de forma que los que se benefician tendrán que contribuir a las cargas», ha señalado. «En todo caso, se trata de una idea sencilla pero con muchas complicaciones, así que no está cerrada del todo la fórmula que se empleará»

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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012. P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. Comisión de Interior 161/000526 A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior. Exposición de motivos La norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto – ley 8/2007, por el Real Decreto-ley 2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones. El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada. La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos; dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones; y acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública. Esa coordinación no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad. Es evidente que el desempeño de las funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse a tenor de la importancia del mismo. En estos momentos sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios que por ley tiene encomendados la seguridad privada. Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada.» Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.— Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENLa Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012. P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. Comisión de Interior 161/000526 A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior. Exposición de motivos La norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto – ley 8/2007, por el Real Decreto-ley 2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones. El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada. La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos; dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones; y acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública. Esa coordinación no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad. Es evidente que el desempeño de las funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse a tenor de la importancia del mismo. En estos momentos sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios que por ley tiene encomendados la seguridad privada. Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada.» Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.— Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012. P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. Comisión de Interior 161/000526 A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior. Exposición de motivos La norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto – ley 8/2007, por el Real Decreto-ley 2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones. El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada. La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos; dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funcioneBOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GEN BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GEN

 PP SOLICITA UNA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012.
P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
161/000526
A la Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto – ley 8/2007, por el Real Decreto-ley 2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones.
El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada.
La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos; dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones; y acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública.
Esa coordinación no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad.
Es evidente que el desempeño de las funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse a tenor de la importancia del mismo. En estos momentos sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios que por ley tiene encomendados la seguridad privada.
Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.—
Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EN MARCHA

NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EN MARCHA

NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EN MARCHA 
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2012.
P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre seguridad privada, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada es la Ley 23/1992, de 30 de julio. Dicha ley ha sido modificada posteriormente por el Real Decreto – ley 8/2007, por el Real Decreto-ley 2/1999 y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Además, ha sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones.
El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada.
La nueva regulación debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal; la eliminación de la picaresca existente en relación al intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad; la integración del personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos; dotar al personal de seguridad del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones; y acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública.
Esa coordinación no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación, contribuyendo así a la seguridad de la sociedad.
Es evidente que el desempeño de las funciones profesionales propias de este sector ha de perfeccionarse a tenor de la importancia del mismo. En estos momentos sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios que por ley tiene encomendados la seguridad privada.
Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un nuevo Proyecto de Ley de Seguridad Privada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2012.—
Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Nueva Ley de Seguridad Privada: Una oportunidad de reactivar el sector (por D. Juan Carlos Navarro Marzal – Director de Seguridad Centro Comercial Gran Turia de Valencia)

Nota de Prensa: Jornada «El papel de la mujer y familia en el sector de la seguridad. Un antes y un después» PDF Imprimir E-mail
NOTA DE PRENSA “EADIS”
            El pasado viernes, 18 de mayo, se desarrolló en la sede la Universidad Católica de Valencia, de la Calle Jorge Juan de Valencia, la Jornada “EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS”, organizada por EADIS (European Association of Directors of Integral Security) en unión del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la citada Universidad.
            Contó con la asistencia e intervención de: la Ilma. Sra. Directora General de Familia y Mujer, Dña. Celia Ortega Ruiz; el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de Valencia, D. Luis Santamaría Ruíz; en representación del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia, D. Jesús de Salvador y Cerdán, como anfitrión, aportando una visión inicial sobre la materia; el Sr. Presidente de EADIS, D. Alexis F. Marí Malonda que realizó una presentación e introducción a la temática y actuó como moderador; y el Sr. Director General de EADIS, D. Enrique Montesinos Monja, que clausuró la Jornada.
Ponencias: En representación de la Cátedra de Estudios y Ayuda a la Mujer de la Universidad Católica de Valencia, Dña. Teresa Gallifa, que realizó una introducción a conciliación laboral de la Mujer. En representación de las Fuerzas Armadas, Dña. Beatríz González Peña, Capitán Auditor y Asesora Jurídica del Ministerio de Defensa, que ofreció una visión cronológica de la Mujer en las Fuerzas Armadas. En representación de la Guardia Civil, Dña. Laura Suevos Cerdá, Teniente de la Guardia Civil, que desarrolló la ponencia “la Mujer en el Guardia Civil, una visión actual”. En representación del Cuerpo Nacional de Policía, Dña. María Concepción de Lozar Arroyo, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, que expuso desde la incorporación de la Mujer en el Cuerpo Nacional de Policía, hasta nuestros días. En representación de la Unidad Militar de Emergencias, Dña. Beatriz Cifuentes Martí, Teniente de Cuerpos Comunes del Ejercito, que trató la temática del papel de la Mujer en este tipo de Unidades, en la ponencia “una emergencia real”. Y por último, en representación del Sector de la Seguridad Privada y en concreto de la Empresa Prosegur, Dña. Olga Ramis Pérez, Directora de Recursos Humanos, ofreciendo la visión de una directiva del sector privado de seguridad, así como los avances logrados en este campo.
Las Jornadas contaron con una numerosa asistencia y tuvieron una gran aceptación, aportando una visión y matiz real de la problemática existente en el sector de la seguridad, tanto en el ámbito público como privado, a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, y en especial por parte de la Mujer. Se realizó una revisión histórica y actual del papel de la Mujer en el ámbito de la seguridad, analizando los logros conseguidos a lo largo de los años, e identificando las carencias que hoy día todavía existen.
                   
                                            
                                                                              


 

JORNADA «EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS. PDF Imprimir E-mail
JORNADA: “EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS”
PRESENTACIÓN
EADIS (European Association of Directors of Integral Security), en unión al Instituto de  Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia, organizan el próximo 18 de mayo de 2012 en sede San Juan y San Vicente de la Universidad Católica de Valencia (calle Jorge Juan nº 18), la jornada “El papel de la mujer y la familia en el sector de la seguridad. Un antes y un después”
Esta jornada se enmarca dentro de las necesidades e intereses de las profesionales del sector de la seguridad y emergencias, así como concilian su profesión con la familia. Todo ello desde una perspectiva real y con la participación de diferentes profesionales.
Para ello se contará con representantes de seguridad pública y privada, y emergencias.
P R O G R A M A.
16.30 h. – Bienvenida, por parte de D. Jesús de Salvador Y Cerdán (IEEI – UCV) y D. Alexis F. Marí Malonda (Presidente de EADIS), moderara y aperturará la jornada.
Intervención por parte de Ilma. Dña. Celia Ortega Ruíz (Directora General de Familia y Mujer)
Intervención por parte de Ilmo. D. Luis Santamaría Ruíz (Subdelegado del Gobierno de Valencia)
17.00 – 17.20 h. – Presentación y moderación de la jornada a cargo de: D. Alexis F. Marí Malonda (Presidente EADIS). Breve introducción sobre la incorporación de la mujer al mundo de la seguridad privada/pública.
17.20 – 17.45 h. – 1ª Ponencia: Cátedra de Estudios y Ayuda a la Mujer Teresa Gallifa- UCV.
Ponencia: Introducción a la conciliación laboral MUJER.- Generalidades.
17.45 – 18.10 h. – 2ª Ponencia: Dña. Beatriz González Peña, Asesora Jurídica en el Ministerio de Defensa.
Ponencia: La mujer en las FFAA.
18.10  – 18.35 h. – 3ª Ponencia: Dña. Laura Suevos Cerdá, Teniente de la Guardia Civil
Ponencia: “La mujer en Guardia Civil. Una visión actual”.
18:35 – 18:50 h. – PAUSA/CAFÉ.
18.50 – 19.15 h. – 4ª Ponencia: Dña. María Concepción de Lozar Arroyo, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía.
Ponencia: La mujer en el Cuerpo Nacional de Policía.
19.15 – 19.40 h. – 5ª Ponencia: Dña. Beatriz Cifuentes Martí, Teniente C. Comunes (Enfermería) – BIEM III
Ponencia:”Una emergencia real”.
19.40 – 20.05 h. – 6ª Ponencia: Dña. Olga Ramis Pérez. Directora de Recursos Humanos en Prosegur.
Ponencia: La visión de una directiva en el sector privado de la seguridad. Avances. ¿Mi casa en la empresa?
20.05 h. – Cierrede la Jornada a cargo de: D. Enrique Montesinos Monja (Director General EADIS). Conclusiones de la jornada y discusión.

Inscripción gratuita en info@eadis.org

 

Artículo de opinión: Nueva Ley de Seguridad Privada PDF Imprimir E-mail
Nueva Ley de Seguridad Privada: Una oportunidad de reactivar el sector (por D. Juan Carlos Navarro Marzal – Director de Seguridad Centro Comercial Gran Turia de Valencia)
 A lo largo de la historia de España muchas han sido las reformas que han sufrido los distintos textos legales referentes a la Seguridad Privada, pero no es mi intención remontarme a los orígenes, en tiempos de la Reina Isabel II y la creación de los Guardas Jurados, sino centrarnos en la historia reciente de esta “evolución-involución” de la legislación de este sector. Concretamente desde el año 1978 hasta nuestros días, la legislación ha pasado de; Con unas simples pruebas de aptitud en el uso y conocimiento de las armas, dotar al personal de Seguridad Privada de unas atribuciones y reconocimiento en materia de seguridad contando con el amparo (como no podía ser de otro modo) de la protección jurídica necesaria para el desempeño de las mismas y unos amplios horizontes de crecimiento del sector. A tener una mayor formación, las mismas atribuciones pero sin amparo jurídico alguno, navegando entre lo legal, la obligación y lo correcto y con un futuro que se vislumbra cada vez más difícil y con peores perspectivas. Hasta el momento las distintas reformas o modificaciones de la propia Ley, no han aportado ninguna mejora sustancial a la misma, más bien todo lo contrario. Una vez más, ahora, en pleno aborigen de la crisis económica que está azotando este país, se empieza a “barruntar entre bastidores” la necesidad de reformar de verdad la Ley de Seguridad Privada. Es precisamente ahora, cuando si se tiene voluntad de contar de una forma clara y no velada con este “ejército” de personal de seguridad, (más de 130.000 habilitaciones de V.S y unos 15.000 entre Jefes y Directores) se abre un elenco de posibilidades para el sector, no sólo a nivel económico sino profesional y de verdadera utilidad para garantizar entre el ámbito público y privado, la seguridad de los ciudadanos. Para este crecimiento se necesita, como pide en su propuesta del 16 de abril de 2012 el PP al congreso sobre este asunto, la intervención de la Administración en la eliminación del intrusismo profesional, la dotación de respaldo jurídico necesario para el ejercicio de las funciones que les son propias al desempeño de las mismas y que se amplíen las competencias de la Seguridad Privada para ser más eficientes y útiles si caben al conjunto de la sociedad. Hoy día existen miles de urbanizaciones alejadas de poblaciones, polígonos industriales, poblaciones que no disponen de Policía Local y las que disponen de ellos les es difícil de soportar los gastos que acarrea cualquier empleado interno, en tiempos en los que la economía ha tocado fondo. Con una forma más amplia de concebir la seguridad privada se podrían trabajar dando cobertura en las zonas de costa en épocas estivales, las poblaciones que no posean de Policía Local o necesiten reforzar estas, podrían compartir con los polígonos industriales o mancomunar la seguridad privada con otras poblaciones, en todos los edificios públicos, en prisiones y transporte de presos, en controles de tráfico o alcoholemias bien solos o compartidos con las FF y CC de Seguridad, eventos de gran magnitud, las escoltas de personalidades públicas, infraestructuras críticas etc. Ya muchos de éstos se realizan, pero como se comenta al principio del escrito, caminando en un delgado filo de la legalidad. Se pueden abrir infinidad de posibilidades de colaboración, siendo por un lado una oportunidad de creación de empleo y por otro una alternativa con la que contaría el Estado para garantizar la seguridad como derecho fundamental que es de los ciudadanos, en la situación actual que vive nuestro país. Para esto la Administración debe de actuar con pulso firme y efectuar una reforma de la legislación con un giro de 90°, realizar auditorías tanto a estamentos públicos como privados y determinar las necesidades de cada uno de estos en materia de seguridad y establecer una legislación que en función del riesgo que entraña cada instalación, cada población o área esté provisto de una instalación y/o una determinada dotación de personal de seguridad, estableciendo uno mínimos imprescindibles y no dejar a criterio de cada ente una decisión que afecta a el bien común de la ciudadanía. En ese punto existen Asociaciones profesionales como EADIS, conformadas por profesionales, que podrían colaborar en estas auditorías de forma totalmente desinteresada en apoyo a la administración en las mismas. En este país nos hemos acostumbrado a que el Estado sea quien resuelva los problemas de todos, se habla de copagos en Sanidad, en Justicia, en Educación y debemos de empezar a concienciarnos que la seguridad es un problema de todos y por tanto se deben de compartir no sólo los recursos sino también las obligaciones.

 

Condenan a un sindicalista por cortar los cables de una cámara del aeropuerto PDF Imprimir E-mail

Condenan a un sindicalista por cortar los cables de una cámara en el aeropuerto

El juez establece que el sistema de grabación no afecta a la intimidad de los trabajadores

J.F. MESTRE/ B.P. PALMA. Una sentencia dictada por un juez de Palma ha condenado a un sindicalista, que pertenece al comité de empresa de una sociedad que explota varios restaurantes en el aeropuerto de Son Sant Joan, que se dedicó a sabotear las cámaras de seguridad que se habían instalado para descubrir quién robaba el dinero de la caja de la recaudación. La sentencia condena al acusado por los delitos de coacciones y daños. Por el primero tendrá que cumplir nueve meses de prisión, mientras que por los daños ha sido condenado a la pena de 15 meses de multa con una cuota diaria de seis euros.
Los hechos se remontan al año 2008. El acusado fue contratado como técnico de mantenimiento de una empresa que explota varios establecimientos de cafetería y restauración del aeropuerto de Palma. Además de empleado, el acusado era miembro del Comité de Empresa.
Los representantes de los trabajadores estuvieron en desacuerdo con la decisión de la empresa de colocar diversas cámaras de grabación en las instalaciones. El objetivo de esta medida era descubrir quién era el autor de la desaparición del dinero de la caja. La empresa colocó las cámaras de tal forma que enfocaban directamente la cajas de recaudación. Antes de conectar las cámaras se comunicó la decisión adoptada a la Guardia Civil y a la Policía del aeropuerto, a AENA y al Comité de Empresa. Al mismo tiempo, se instalaron en lugares visibles carteles informativos de la instalación de las cámaras, como exigía la legislación.
A los trabajadores no les sentó nada bien esta medida. Se organizaron actos de protesta, como huelgas y concentraciones, en las que participó el acusado como representante del comité de empresa, como señala la sentencia.
El juez declara probado que el representante sindical, aprovechando un acto de protesta, retiró los cinco carteles adhesivos que se habían colocado para informar de la presencia de estas cámaras. Más o menos en las mismas fechas, el representante de los trabajadores, que era especialista en mantenimiento, se dedicó a cortar los cables de cobre que unían las cámaras con los puntos de almacenaje de datos. También se dedicó a desconectar la alimentación eléctrica, de tal forma que la cámara no podía captar la señal.
Ante este boicot la empresa decidió instalar una microcámara en la caja de registros para descubrir al autor de los sabotajes. El acusado se dio cuenta de ello y se aprovechó de su condición de técnico de mantenimiento para entrar en la sala donde estaba instalada la microcámara y desconectarla.
El juez Juan Manuel Sobrino ha analizado si la instalación de estas cámaras de seguridad atentaban a la intimidad del personal y llega a la conclusión de que no es así porque el objetivo es descubrir a la persona que se dedicaba a vaciar las cajas de recaudación.
El magistrado también analiza las distintas manifestaciones realizadas por el acusado, que inicialmente negó ser el autor de los sabotajes, aunque reconoce que en una ocasión tuvo que desconectar la cámara de grabación. La sentencia considera que se trató de un acto de venganza derivada de una disputa laboral y que las propias cámaras de seguridad demuestran que el autor del sabotaje fue el representante sindical de la plantilla de trabajadores de estos restaurantes.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/04/30/condenan-sindicalista-cortar-cables-camara-aeropuerto/762603.html

 

Nota de Prensa: Jornada "El papel de la mujer y familia en el sector de la seguridad. Un antes y un después"

Nota de Prensa: Jornada «El papel de la mujer y familia en el sector de la seguridad. Un antes y un después» PDF Imprimir E-mail
NOTA DE PRENSA “EADIS”
            El pasado viernes, 18 de mayo, se desarrolló en la sede la Universidad Católica de Valencia, de la Calle Jorge Juan de Valencia, la Jornada “EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS”, organizada por EADIS (European Association of Directors of Integral Security) en unión del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la citada Universidad.
            Contó con la asistencia e intervención de: la Ilma. Sra. Directora General de Familia y Mujer, Dña. Celia Ortega Ruiz; el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno de Valencia, D. Luis Santamaría Ruíz; en representación del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia, D. Jesús de Salvador y Cerdán, como anfitrión, aportando una visión inicial sobre la materia; el Sr. Presidente de EADIS, D. Alexis F. Marí Malonda que realizó una presentación e introducción a la temática y actuó como moderador; y el Sr. Director General de EADIS, D. Enrique Montesinos Monja, que clausuró la Jornada.
Ponencias: En representación de la Cátedra de Estudios y Ayuda a la Mujer de la Universidad Católica de Valencia, Dña. Teresa Gallifa, que realizó una introducción a conciliación laboral de la Mujer. En representación de las Fuerzas Armadas, Dña. Beatríz González Peña, Capitán Auditor y Asesora Jurídica del Ministerio de Defensa, que ofreció una visión cronológica de la Mujer en las Fuerzas Armadas. En representación de la Guardia Civil, Dña. Laura Suevos Cerdá, Teniente de la Guardia Civil, que desarrolló la ponencia “la Mujer en el Guardia Civil, una visión actual”. En representación del Cuerpo Nacional de Policía, Dña. María Concepción de Lozar Arroyo, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, que expuso desde la incorporación de la Mujer en el Cuerpo Nacional de Policía, hasta nuestros días. En representación de la Unidad Militar de Emergencias, Dña. Beatriz Cifuentes Martí, Teniente de Cuerpos Comunes del Ejercito, que trató la temática del papel de la Mujer en este tipo de Unidades, en la ponencia “una emergencia real”. Y por último, en representación del Sector de la Seguridad Privada y en concreto de la Empresa Prosegur, Dña. Olga Ramis Pérez, Directora de Recursos Humanos, ofreciendo la visión de una directiva del sector privado de seguridad, así como los avances logrados en este campo.
Las Jornadas contaron con una numerosa asistencia y tuvieron una gran aceptación, aportando una visión y matiz real de la problemática existente en el sector de la seguridad, tanto en el ámbito público como privado, a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, y en especial por parte de la Mujer. Se realizó una revisión histórica y actual del papel de la Mujer en el ámbito de la seguridad, analizando los logros conseguidos a lo largo de los años, e identificando las carencias que hoy día todavía existen.
                   
                                            
                                                                              


 

JORNADA «EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS. PDF Imprimir E-mail
JORNADA: “EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS”
PRESENTACIÓN
EADIS (European Association of Directors of Integral Security), en unión al Instituto de  Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Católica de Valencia, organizan el próximo 18 de mayo de 2012 en sede San Juan y San Vicente de la Universidad Católica de Valencia (calle Jorge Juan nº 18), la jornada “El papel de la mujer y la familia en el sector de la seguridad. Un antes y un después”
Esta jornada se enmarca dentro de las necesidades e intereses de las profesionales del sector de la seguridad y emergencias, así como concilian su profesión con la familia. Todo ello desde una perspectiva real y con la participación de diferentes profesionales.
Para ello se contará con representantes de seguridad pública y privada, y emergencias.
P R O G R A M A.
16.30 h. – Bienvenida, por parte de D. Jesús de Salvador Y Cerdán (IEEI – UCV) y D. Alexis F. Marí Malonda (Presidente de EADIS), moderara y aperturará la jornada.
Intervención por parte de Ilma. Dña. Celia Ortega Ruíz (Directora General de Familia y Mujer)
Intervención por parte de Ilmo. D. Luis Santamaría Ruíz (Subdelegado del Gobierno de Valencia)
17.00 – 17.20 h. – Presentación y moderación de la jornada a cargo de: D. Alexis F. Marí Malonda (Presidente EADIS). Breve introducción sobre la incorporación de la mujer al mundo de la seguridad privada/pública.
17.20 – 17.45 h. – 1ª Ponencia: Cátedra de Estudios y Ayuda a la Mujer Teresa Gallifa- UCV.
Ponencia: Introducción a la conciliación laboral MUJER.- Generalidades.
17.45 – 18.10 h. – 2ª Ponencia: Dña. Beatriz González Peña, Asesora Jurídica en el Ministerio de Defensa.
Ponencia: La mujer en las FFAA.
18.10  – 18.35 h. – 3ª Ponencia: Dña. Laura Suevos Cerdá, Teniente de la Guardia Civil
Ponencia: “La mujer en Guardia Civil. Una visión actual”.
18:35 – 18:50 h. – PAUSA/CAFÉ.
18.50 – 19.15 h. – 4ª Ponencia: Dña. María Concepción de Lozar Arroyo, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía.
Ponencia: La mujer en el Cuerpo Nacional de Policía.
19.15 – 19.40 h. – 5ª Ponencia: Dña. Beatriz Cifuentes Martí, Teniente C. Comunes (Enfermería) – BIEM III
Ponencia:”Una emergencia real”.
19.40 – 20.05 h. – 6ª Ponencia: Dña. Olga Ramis Pérez. Directora de Recursos Humanos en Prosegur.
Ponencia: La visión de una directiva en el sector privado de la seguridad. Avances. ¿Mi casa en la empresa?
20.05 h. – Cierrede la Jornada a cargo de: D. Enrique Montesinos Monja (Director General EADIS). Conclusiones de la jornada y discusión.

Inscripción gratuita en info@eadis.org

 

Artículo de opinión: Nueva Ley de Seguridad Privada PDF Imprimir E-mail
Nueva Ley de Seguridad Privada: Una oportunidad de reactivar el sector (por D. Juan Carlos Navarro Marzal – Director de Seguridad Centro Comercial Gran Turia de Valencia)
 A lo largo de la historia de España muchas han sido las reformas que han sufrido los distintos textos legales referentes a la Seguridad Privada, pero no es mi intención remontarme a los orígenes, en tiempos de la Reina Isabel II y la creación de los Guardas Jurados, sino centrarnos en la historia reciente de esta “evolución-involución” de la legislación de este sector. Concretamente desde el año 1978 hasta nuestros días, la legislación ha pasado de; Con unas simples pruebas de aptitud en el uso y conocimiento de las armas, dotar al personal de Seguridad Privada de unas atribuciones y reconocimiento en materia de seguridad contando con el amparo (como no podía ser de otro modo) de la protección jurídica necesaria para el desempeño de las mismas y unos amplios horizontes de crecimiento del sector. A tener una mayor formación, las mismas atribuciones pero sin amparo jurídico alguno, navegando entre lo legal, la obligación y lo correcto y con un futuro que se vislumbra cada vez más difícil y con peores perspectivas. Hasta el momento las distintas reformas o modificaciones de la propia Ley, no han aportado ninguna mejora sustancial a la misma, más bien todo lo contrario. Una vez más, ahora, en pleno aborigen de la crisis económica que está azotando este país, se empieza a “barruntar entre bastidores” la necesidad de reformar de verdad la Ley de Seguridad Privada. Es precisamente ahora, cuando si se tiene voluntad de contar de una forma clara y no velada con este “ejército” de personal de seguridad, (más de 130.000 habilitaciones de V.S y unos 15.000 entre Jefes y Directores) se abre un elenco de posibilidades para el sector, no sólo a nivel económico sino profesional y de verdadera utilidad para garantizar entre el ámbito público y privado, la seguridad de los ciudadanos. Para este crecimiento se necesita, como pide en su propuesta del 16 de abril de 2012 el PP al congreso sobre este asunto, la intervención de la Administración en la eliminación del intrusismo profesional, la dotación de respaldo jurídico necesario para el ejercicio de las funciones que les son propias al desempeño de las mismas y que se amplíen las competencias de la Seguridad Privada para ser más eficientes y útiles si caben al conjunto de la sociedad. Hoy día existen miles de urbanizaciones alejadas de poblaciones, polígonos industriales, poblaciones que no disponen de Policía Local y las que disponen de ellos les es difícil de soportar los gastos que acarrea cualquier empleado interno, en tiempos en los que la economía ha tocado fondo. Con una forma más amplia de concebir la seguridad privada se podrían trabajar dando cobertura en las zonas de costa en épocas estivales, las poblaciones que no posean de Policía Local o necesiten reforzar estas, podrían compartir con los polígonos industriales o mancomunar la seguridad privada con otras poblaciones, en todos los edificios públicos, en prisiones y transporte de presos, en controles de tráfico o alcoholemias bien solos o compartidos con las FF y CC de Seguridad, eventos de gran magnitud, las escoltas de personalidades públicas, infraestructuras críticas etc. Ya muchos de éstos se realizan, pero como se comenta al principio del escrito, caminando en un delgado filo de la legalidad. Se pueden abrir infinidad de posibilidades de colaboración, siendo por un lado una oportunidad de creación de empleo y por otro una alternativa con la que contaría el Estado para garantizar la seguridad como derecho fundamental que es de los ciudadanos, en la situación actual que vive nuestro país. Para esto la Administración debe de actuar con pulso firme y efectuar una reforma de la legislación con un giro de 90°, realizar auditorías tanto a estamentos públicos como privados y determinar las necesidades de cada uno de estos en materia de seguridad y establecer una legislación que en función del riesgo que entraña cada instalación, cada población o área esté provisto de una instalación y/o una determinada dotación de personal de seguridad, estableciendo uno mínimos imprescindibles y no dejar a criterio de cada ente una decisión que afecta a el bien común de la ciudadanía. En ese punto existen Asociaciones profesionales como EADIS, conformadas por profesionales, que podrían colaborar en estas auditorías de forma totalmente desinteresada en apoyo a la administración en las mismas. En este país nos hemos acostumbrado a que el Estado sea quien resuelva los problemas de todos, se habla de copagos en Sanidad, en Justicia, en Educación y debemos de empezar a concienciarnos que la seguridad es un problema de todos y por tanto se deben de compartir no sólo los recursos sino también las obligaciones.

 

Condenan a un sindicalista por cortar los cables de una cámara del aeropuerto PDF Imprimir E-mail

Condenan a un sindicalista por cortar los cables de una cámara en el aeropuerto

El juez establece que el sistema de grabación no afecta a la intimidad de los trabajadores

J.F. MESTRE/ B.P. PALMA. Una sentencia dictada por un juez de Palma ha condenado a un sindicalista, que pertenece al comité de empresa de una sociedad que explota varios restaurantes en el aeropuerto de Son Sant Joan, que se dedicó a sabotear las cámaras de seguridad que se habían instalado para descubrir quién robaba el dinero de la caja de la recaudación. La sentencia condena al acusado por los delitos de coacciones y daños. Por el primero tendrá que cumplir nueve meses de prisión, mientras que por los daños ha sido condenado a la pena de 15 meses de multa con una cuota diaria de seis euros.
Los hechos se remontan al año 2008. El acusado fue contratado como técnico de mantenimiento de una empresa que explota varios establecimientos de cafetería y restauración del aeropuerto de Palma. Además de empleado, el acusado era miembro del Comité de Empresa.
Los representantes de los trabajadores estuvieron en desacuerdo con la decisión de la empresa de colocar diversas cámaras de grabación en las instalaciones. El objetivo de esta medida era descubrir quién era el autor de la desaparición del dinero de la caja. La empresa colocó las cámaras de tal forma que enfocaban directamente la cajas de recaudación. Antes de conectar las cámaras se comunicó la decisión adoptada a la Guardia Civil y a la Policía del aeropuerto, a AENA y al Comité de Empresa. Al mismo tiempo, se instalaron en lugares visibles carteles informativos de la instalación de las cámaras, como exigía la legislación.
A los trabajadores no les sentó nada bien esta medida. Se organizaron actos de protesta, como huelgas y concentraciones, en las que participó el acusado como representante del comité de empresa, como señala la sentencia.
El juez declara probado que el representante sindical, aprovechando un acto de protesta, retiró los cinco carteles adhesivos que se habían colocado para informar de la presencia de estas cámaras. Más o menos en las mismas fechas, el representante de los trabajadores, que era especialista en mantenimiento, se dedicó a cortar los cables de cobre que unían las cámaras con los puntos de almacenaje de datos. También se dedicó a desconectar la alimentación eléctrica, de tal forma que la cámara no podía captar la señal.
Ante este boicot la empresa decidió instalar una microcámara en la caja de registros para descubrir al autor de los sabotajes. El acusado se dio cuenta de ello y se aprovechó de su condición de técnico de mantenimiento para entrar en la sala donde estaba instalada la microcámara y desconectarla.
El juez Juan Manuel Sobrino ha analizado si la instalación de estas cámaras de seguridad atentaban a la intimidad del personal y llega a la conclusión de que no es así porque el objetivo es descubrir a la persona que se dedicaba a vaciar las cajas de recaudación.
El magistrado también analiza las distintas manifestaciones realizadas por el acusado, que inicialmente negó ser el autor de los sabotajes, aunque reconoce que en una ocasión tuvo que desconectar la cámara de grabación. La sentencia considera que se trató de un acto de venganza derivada de una disputa laboral y que las propias cámaras de seguridad demuestran que el autor del sabotaje fue el representante sindical de la plantilla de trabajadores de estos restaurantes.

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2012/04/30/condenan-sindicalista-cortar-cables-camara-aeropuerto/762603.html

 

APORTACION INTERESANTE SR. JUAN CARLOS NAVARRO MARZAL

Juan Carlos Navarro Marzal (eadis.org).

Jornada “EL PAPEL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD. UN ANTES Y UN DESPUÉS”, organizada por EADIS (European Association of Directors of Integral Security) en unión d

A tener una mayor formación, las mismas atribuciones pero sin amparo jurídico alguno, navegando entre lo legal, la obligación y lo correcto y con un futuro que se vislumbra cada vez más difícil y con peores perspectivas. Hasta el momento las distintas reformas o modificaciones de la propia Ley, no han aportado ninguna mejora sustancial a la misma, más bien todo lo contrario. Una vez más, ahora, en pleno aborigen de la crisis económica que está azotando este país, se empieza a “barruntar entre bastidores” la necesidad de reformar de verdad la Ley de Seguridad Privada. Es precisamente ahora, cuando si se tiene voluntad de contar de una forma clara y no velada con este “ejército” de personal de seguridad, (más de 130.000 habilitaciones de V.S y unos 15.000 entre Jefes y Directores) se abre un elenco de posibilidades para el sector, no sólo a nivel económico sino profesional y de verdadera utilidad para garantizar entre el ámbito público y privado, la seguridad de los ciudadanos.

Para este crecimiento se necesita, como pide en su propuesta del 16 de abril de 2012 el PP al congreso sobre este asunto, la intervención de la Administración en la eliminación del intrusismo profesional, la dotación de respaldo jurídico necesario para el ejercicio de las funciones que les son propias al desempeño de las mismas y que se amplíen las competencias de la Seguridad Privada para ser más eficientes y útiles si caben al conjunto de la sociedad. Hoy día existen miles de urbanizaciones alejadas de poblaciones, polígonos industriales, poblaciones que no disponen de Policía Local y las que disponen de ellos les es difícil de soportar los gastos que acarrea cualquier empleado interno, en tiempos en los que la economía ha tocado fondo.

Con una forma más amplia de concebir la seguridad privada se podrían trabajar dando cobertura en las zonas de costa en épocas estivales, las poblaciones que no posean de Policía Local o necesiten reforzar estas, podrían compartir con los polígonos industriales o mancomunar la seguridad privada con otras poblaciones, en todos los edificios públicos, en prisiones y transporte de presos, en controles de tráfico o alcoholemias bien solos o compartidos con las FF y CC de Seguridad, eventos de gran magnitud, las escoltas de personalidades públicas, infraestructuras críticas etc. Ya muchos de éstos se realizan, pero como se comenta al principio del escrito, caminando en un delgado filo de la legalidad. Se pueden abrir infinidad de posibilidades de colaboración, siendo por un lado una oportunidad de creación de empleo y por otro una alternativa con la que contaría el Estado para garantizar la seguridad como derecho fundamental que es de los ciudadanos, en la situación actual que vive nuestro país.

Para esto la Administración debe de actuar con pulso firme y efectuar una reforma de la legislación con un giro de 90°, realizar auditorías tanto a estamentos públicos como privados y determinar las necesidades de cada uno de estos en materia de seguridad y establecer una legislación que en función del riesgo que entraña cada instalación, cada población o área esté provisto de una instalación y/o una determinada dotación de personal de seguridad, estableciendo uno mínimos imprescindibles y no dejar a criterio de cada ente una decisión que afecta a el bien común de la ciudadanía. En ese punto existen Asociaciones profesionales como EADIS, conformadas por profesionales, que podrían colaborar en estas auditorías de forma totalmente desinteresada en apoyo a la administración en las mismas. En este país nos hemos acostumbrado a que el Estado sea quien resuelva los problemas de todos, se habla de copagos en Sanidad, en Justicia, en Educación y debemos de empezar a concienciarnos que la seguridad es un problema de todos y por tanto se deben de compartir no sólo los recursos sino también las obligaciones.

Autor: D. Juan Carlos Navarro Marzal – Director de Seguridad Centro Comercial Gran Turia de Valencia

Fuente: eadis.org

El PP ha pedido en el Congreso una nueva Ley de Seguridad Privada que sustituya a la a su juicio "obsoleta" legislación actual y que sirva para evitar "intrusismos" y "picaresca" y para mejorar la relación de los vigilantes con las Fuerzas de Seguridad del Estado

CONSIDERA ESTA ORGANIZACIÓN QUE ES NECESARIA LA RESTITUCIÓN INMEDIATA del carácter de Agentes de la Autoridad para los Vigilantes de Seguridad. Desde el nacimiento de la Seguridad Privada, siempre tuvimos reconocido el carácter de Agentes de la Autoridad, hasta que la actual Ley de Seguridad Privada del año 1992 nos la quitó, sin tener esto el más mínimo sentido, pues con esta Ley se exige mucho más a los profesionales de la Seguridad Privada, tanto para poder ingresar, como una vez empiezas a ejercer ya que todos los años el vigilante está obligado a realizar unos cursos de reciclaje. Por lo tanto, nuestra formación y preparación en materia de Seguridad es más que suficiente.

Los profesionales de la seguridad

Vigilante de Seguridad
Foto: CEDIDO POR SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – La actual legislación ha quedado «obsoleta»

  El PP ha pedido en el Congreso una nueva Ley de Seguridad Privada que sustituya a la a su juicio «obsoleta» legislación actual y que sirva para evitar «intrusismos» y «picaresca» y para mejorar la relación de los vigilantes con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

  En su proposición no de ley, el Grupo Popular recuerda que la norma fundamental que regula en España la actividad de las personas y empresas de seguridad privada data de 1992 y que ya ha sido retocada en tres reformas legislativas, además de haber sido modificada y completada por diversas órdenes ministeriales y resoluciones.
  «El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido este sector y los cambios operados por nuestra sociedad han provocado que dicha ley, en muchos aspectos, haya quedado obsoleta, pese a los esfuerzos del sector por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías, como a las nuevas amenazas y a las necesidades de un personal con una formación determinada», sostiene el PP.
   En el texto de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP apunta los ejes de esa nueva ley: «Debería contemplar, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal», apunta.

ELIMINAR PICARESCAS

  También aboga por «eliminar la picaresca existente en relación con el intrusismo por parte de personal sin capacitación para el ejercicio de las funciones de seguridad», integrar al personal de seguridad privada en los correspondientes colectivos europeos y dotarle del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones.
   Igualmente, el PP apuesta por «acentuar al máximo los elementos de coordinación de la seguridad privada con la seguridad pública», lo que en su opinión «no sólo debe vertebrarse en el terreno operativo, sino que ha de ser consecuencia de un previo marco normativo que contemple debidamente esta interrelación».
  Para el PP, es «evidente» que el desempeño de las funciones profesionales propias de la seguridad privada ha de perfeccionarse, y en estos momentos «sigue pendiente la aprobación de una regulación aplicable a los servicios» que por ley tiene encomendados los vigilantes privados.
  «Es primordial que la sociedad perciba que seguridad pública y seguridad privada cooperan activamente en sus respectivos ámbitos de responsabilidad en la consecución de un único objetivo: la seguridad y protección de los ciudadanos», concluyen.

Madrid y Roma bloquean la cumbre en exigencia de medidas urgentes Foto de familia de la cumbre: el presidente español, Mariano Rajoy, se acerca al primer ministro italiano, Mario Monti. Los dos líderes hablan unos segundos y Rajoy le hace un gesto para continuar la conversación más adelante

Madrid y Roma bloquean la cumbre en exigencia de medidas urgentes

Foto de familia de la cumbre: el presidente español, Mariano Rajoy, se acerca al primer ministro italiano, Mario Monti. Los dos líderes hablan unos segundos y Rajoy le hace un gesto para continuar la conversación más adelante. No hablan de fútbol, a pesar de que ambos países se enfrentarán el domingo en la final de la Eurocopa. Ahí se fragua una alianza inesperada: España e Italia se plantaron anoche en la cumbre europea e impidieron aprobar el pacto por el crecimiento –120.000 millones de euros, equivalentes al 1% del PIB de la UE– hasta que los socios europeos se decidan a aprobar medidas en el cortísimo plazo para estabilizar los mercados, que tienen a ambos países con el agua al cuello. Ese acuerdo parecía totalmente cerrado: se pactó precisamente en la cumbre de Roma, la semana pasada, a la que Monti y Rajoy asistieron. Tanto España como Italia están a favor de las medidas para favorecer el crecimiento, pero fuentes del Gobierno español explicaron que ese pacto “es totalmente insuficiente: no es creíble sin medidas para desencallar el asunto prioritario y urgente, una solución al problema de la sostenibilidad de la deuda”, que obliga a ambos países a pagar interesas exorbitantes para captar dinero en los mercados financieros. “El enfermo europeo agoniza por España e Italia. Y la UE se empeña en seguir teniendo la tentación de enseñar los planos del próximo hospital”, explicaron fuentes diplomáticas para justificar el bloqueo.
Sin llegar a plantarse, Francia avaló el frente común entre España y Italia: «Los mecanismos [de rescate] existentes deben estar al servicio de los países vulnerables sin que haya programa de ajuste. Estos países ya han hecho esfuerzos, han reducido el déficit y no deberían tener tipos de interés tan altos», dijo el presidente francés, François Hollande. En otras palabras: París cree que la compra de deuda de los fondos de rescate europeos no debe llevar asociada condicionalidad fiscal (exactamente la posición que defienden Roma y Madrid, frente a la postura de Berlín). El presidente francés confió en que «en las próximas horas» podrá lograrse un acuerdo sobre algunas de las peticiones españolas de medidas para estabilizar los mercados financieros. Hollande, en una rueda de prensa tras la primera jornada de la cumbre de la UE, dijo que España busca la recapitalización de los bancos sin que afecte a su deuda pública, así como que el fondo permanente de rescate (MEDE) pueda actuar en las mismas condiciones que el temporal (FEEF). «Son modalidades técnicas que creo que pueden ser solucionadas en las próximas horas», afirmó el presidente francés.
La UE arrancó la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno con el debate sobre el pacto por el crecimiento, primer punto de una agenda que incluye también los cambios en la estructura institucional de la UE: más unión política, unión fiscal, unión bancaria, esas cosas. Madrid y Roma, en una medida sin precedentes a ese nivel (en el caso español al menos desde los años del Gobierno de José María Aznar), bloquean cualquier tipo de acuerdo mientras no haya medidas para tranquilizar a los mercados. Fuentes del Ejecutivo explicaron que el objetivo es que cualquiera de los fondos de rescate europeo (el temporal o el permanente) compre deuda en el mercado “sin que haya condiciones macroeconómicas”, extremo al que se opone radicalmente Alemania. Berlín podría estar dispuesta a ceder en la compra de bonos, pero siempre que exista condicionalidad estricta. Es decir, que España suba el IVA inmediatamente, que presente un presupuesto bianual o que endurezca la reforma laboral.
Los 120.000 millones del acuerdo sobre el crecimiento debían servir para galvanizar inversión en energía e infraestructuras, junto con el sector privado, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la reasignación de fondos estructurales no gastados y la puesta en marcha de bonos de proyecto. España e Italia están llamados a ser dos de los grandes beneficiarios de esos fondos. De esos 120.000 millones, a España le corresponderían unos 10.000 millones; el problema es que el pago de intereses de la deuda devorará este año unos 28.000 millones de euros, según la previsión incluida en los presupuestos que sin duda se verá desbordada tanto por el incremento del volumen de endeudamiento como por el alza de los intereses que paga el Tesoro. «Todo eso no sirve para nada si no nos podemos financiar», dijo gráficamente Rajoy, refiriéndose a la agenda de medidas a largo plazo que tenía previsto aprobar la cumbre.
Europa está en vías de conseguir soluciones para el medio y largo plazo, para apuntalar un edificio del euro plagado de grietas, para reescribir un discurso que en los últimos tiempos ha perdido credibilidad por todos lados. Pero sigue incapaz de ir a lo concreto, de acordar medidas en el cortísimo plazo para la crisis existencial del euro, que tiene a España e Italia en el atolladero. Madrid y Roma pidieron ayer ayuda urgente para salvar el euro; para salvarse a sí mismos. Tensaron la cuerda para suavizar el incremento prácticamente irresistible de los intereses de su deuda, en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se adivina decisiva para evitar un accidente financiero (en España) o incluso político (en Italia, con Silvio Berlusconi amenazando con retirar su apoyo al Gobierno) en ausencia de medidas claras. Las tensiones políticas emergieron con los dos grandes países del Sur, apoyados por Francia, tratando de convencer a Alemania para que abra la mano y rebaje las presiones en los mercados. Tarea difícil. Los deseos de la periferia topan con la intransigencia del Norte, que no quiere ni oír hablar de solidaridad sin contrapartidas: ante el incendio en los mercados, Italia y España quieren poner en marcha una fórmula que permita a los fondos de rescate comprar deuda, o presionar al Banco Central Europeo (BCE) para que abra fuego, y más adelante buscar la manera de que los mecanismos de rescate puedan recapitalizar los bancos con problemas. Berlín se resiste.
Crisis económica, financiera y de empleo. El Estado, al rescate de la banca. Envejecimiento demográfico que afecta a la competitividad y al Estado del Bienestar. Competencia a la baja en costes y salarios. Dependencia de unas importaciones de energía cada vez más caras. Desplazamiento hacia Asia de la producción de ahorro. La lista es aún más extensa, y hace tiempo que la marea europesimista decreta que la Unión va de fracaso en fracaso a la hora de lidiar con esos problemas de largo plazo. Sin embargo, el fantasma de un gobierno ausente –y la dificultad para cerrar un acuerdo entre Berlín y París para salvar el euro— planeaba ayer en la cumbre de Bruselas, y no precisamente por la falta de ideas de medio y largo plazo. Los líderes están cerca de dar pasos sustanciales hacia la unión política en sus más diversas formas: unión bancaria, unión fiscal y quizá, en un futuro, eurobonos o alguna forma de mutualización de la deuda, siempre que se cumplan las condiciones que quiere imponer Alemania con la ayuda de los países acreedores (Holanda, Finlandia y Austria). Grandes palabras, pero poca concreción para tratar de solucionar los problemas que han puesto al mismísimo euro en el disparadero.
Esa es la situación de España, con los tipos de interés de su deuda a 10 años rondando el 7%, y de Italia, con los intereses de sus bonos en torno al 6%. Aún más arriba están las primas de riesgo de los países rescatados (Grecia, Portugal e Italia), con más de media Europa ya en recesión y un horizonte económico azul oscuro casi negro. La cumbre es un doble examen: en el proyecto europeo a largo plazo, que debe apuntalar esa idea de que el euro es irreversible, el aprobado está prácticamente garantizado. En el meollo de la cuestión, las soluciones a corto que exigen dinero contante y sonante y renunciar a algunas de las grandes vacas sagradas ideológicas de Berlín, el éxito no está asegurado.
“Tan pronto como tengamos una política fiscal conjunta podremos considerar responsabilidades comunes [es decir, eurobonos]. Lo contrario sería ignorar las lecciones básicas de la crisis”, avisó el ministro alemán Wolfgang Schäuble. Más lejos aún fue el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien aseguró que la única salida para España e Italia “es que sigan con la austeridad y las reformas”. Frente a ese discurso, el presidente francés, François Hollande, prometió “soluciones rápidas para los países con problemas”.
Frente al consenso en el pacto por el crecimiento y la versión 2.0 de la Unión, incógnitas con respecto a todo lo que necesitan España e Italia para garantizarse, al menos, un verano manejable. “Pase lo que pase, Alemania va a pagar. Pero si la UE se desintegra, el precio sería altísimo”, manifestaban fuentes diplomáticas de uno de los países sureños. Para salvar el euro, o al menos para salvar el año, los líderes trataban de ponerse de acuerdo en varias medidas, que pasan por la recapitalización directa de la banca a través del mecanismo permanente (Mede), o a la compra de bonos a través de ese mismo instrumento, con una licencia bancaria que le diera a ese bazuca suficiente potencia de fuego. La recapitalización directa de la banca forma parte de los pasos necesarios para completar una unión bancaria, y sería del agrado de España aunque no llegara en el corto plazo, para su rescate financiero. Según fuentes próximas a las negociaciones, Madrid cuenta ya con el respaldo de Alemania para que las ayudas a la banca, que estarán en torno a los 60.000 millones de euros, no asusten a los inversores: la inyección de capital a través de los fondos de rescate no supondrá que los socios europeas sean acreedores preferentes en caso de un eventual impago. Pero hay más problemas: esas ayudas aumentan directamente la deuda pública española, y eso es lo que más temen los mercados: Europa busca una solución para que España asuma las primeras pérdidas, si es que estas se producen, pero si que todo el rescate suponga incremento del endeudamiento público.
En todo caso, esa sería una medida de medio plazo, reconocen fuentes españolas. Por eso Madrid y Roma extremaron ayer las presiones, centrándose en la posibilidad de que el mecanismo de rescate pueda comprar bonos en el mercado primario (es decir, en las subastas del Tesoro), si no hay más remedio aceptando una estricta condicionalidad, tal y como solicita Alemania. “Para eso hay que deshacer un punto muerto político preocupante”, indicaron fuentes diplomáticas, “o, si no hay acuerdo, lograr que el BCE actúe en los mercados el lunes”. Pero el BCE lleva casi tres meses de brazos cruzados. Y el punto muerto político dura algo más de 10 años.

Madrid y Roma bloquean la cumbre en exigencia de medidas urgentes Foto de familia de la cumbre: el presidente español, Mariano Rajoy, se acerca al primer ministro italiano, Mario Monti. Los dos líderes hablan unos segundos y Rajoy le hace un gesto para continuar la conversación más adelante.

Madrid y Roma bloquean la cumbre en exigencia de medidas urgentes

Foto de familia de la cumbre: el presidente español, Mariano Rajoy, se acerca al primer ministro italiano, Mario Monti. Los dos líderes hablan unos segundos y Rajoy le hace un gesto para continuar la conversación más adelante. No hablan de fútbol, a pesar de que ambos países se enfrentarán el domingo en la final de la Eurocopa. Ahí se fragua una alianza inesperada: España e Italia se plantaron anoche en la cumbre europea e impidieron aprobar el pacto por el crecimiento –120.000 millones de euros, equivalentes al 1% del PIB de la UE– hasta que los socios europeos se decidan a aprobar medidas en el cortísimo plazo para estabilizar los mercados, que tienen a ambos países con el agua al cuello. Ese acuerdo parecía totalmente cerrado: se pactó precisamente en la cumbre de Roma, la semana pasada, a la que Monti y Rajoy asistieron. Tanto España como Italia están a favor de las medidas para favorecer el crecimiento, pero fuentes del Gobierno español explicaron que ese pacto “es totalmente insuficiente: no es creíble sin medidas para desencallar el asunto prioritario y urgente, una solución al problema de la sostenibilidad de la deuda”, que obliga a ambos países a pagar interesas exorbitantes para captar dinero en los mercados financieros. “El enfermo europeo agoniza por España e Italia. Y la UE se empeña en seguir teniendo la tentación de enseñar los planos del próximo hospital”, explicaron fuentes diplomáticas para justificar el bloqueo.

Sin llegar a plantarse, Francia avaló el frente común entre España y Italia: «Los mecanismos [de rescate] existentes deben estar al servicio de los países vulnerables sin que haya programa de ajuste. Estos países ya han hecho esfuerzos, han reducido el déficit y no deberían tener tipos de interés tan altos», dijo el presidente francés, François Hollande. En otras palabras: París cree que la compra de deuda de los fondos de rescate europeos no debe llevar asociada condicionalidad fiscal (exactamente la posición que defienden Roma y Madrid, frente a la postura de Berlín). El presidente francés confió en que «en las próximas horas» podrá lograrse un acuerdo sobre algunas de las peticiones españolas de medidas para estabilizar los mercados financieros. Hollande, en una rueda de prensa tras la primera jornada de la cumbre de la UE, dijo que España busca la recapitalización de los bancos sin que afecte a su deuda pública, así como que el fondo permanente de rescate (MEDE) pueda actuar en las mismas condiciones que el temporal (FEEF). «Son modalidades técnicas que creo que pueden ser solucionadas en las próximas horas», afirmó el presidente francés.

La UE arrancó la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno con el debate sobre el pacto por el crecimiento, primer punto de una agenda que incluye también los cambios en la estructura institucional de la UE: más unión política, unión fiscal, unión bancaria, esas cosas. Madrid y Roma, en una medida sin precedentes a ese nivel (en el caso español al menos desde los años del Gobierno de José María Aznar), bloquean cualquier tipo de acuerdo mientras no haya medidas para tranquilizar a los mercados. Fuentes del Ejecutivo explicaron que el objetivo es que cualquiera de los fondos de rescate europeo (el temporal o el permanente) compre deuda en el mercado “sin que haya condiciones macroeconómicas”, extremo al que se opone radicalmente Alemania. Berlín podría estar dispuesta a ceder en la compra de bonos, pero siempre que exista condicionalidad estricta. Es decir, que España suba el IVA inmediatamente, que presente un presupuesto bianual o que endurezca la reforma laboral.

Los 120.000 millones del acuerdo sobre el crecimiento debían servir para galvanizar inversión en energía e infraestructuras, junto con el sector privado, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la reasignación de fondos estructurales no gastados y la puesta en marcha de bonos de proyecto. España e Italia están llamados a ser dos de los grandes beneficiarios de esos fondos. De esos 120.000 millones, a España le corresponderían unos 10.000 millones; el problema es que el pago de intereses de la deuda devorará este año unos 28.000 millones de euros, según la previsión incluida en los presupuestos que sin duda se verá desbordada tanto por el incremento del volumen de endeudamiento como por el alza de los intereses que paga el Tesoro. «Todo eso no sirve para nada si no nos podemos financiar», dijo gráficamente Rajoy, refiriéndose a la agenda de medidas a largo plazo que tenía previsto aprobar la cumbre.

Europa está en vías de conseguir soluciones para el medio y largo plazo, para apuntalar un edificio del euro plagado de grietas, para reescribir un discurso que en los últimos tiempos ha perdido credibilidad por todos lados. Pero sigue incapaz de ir a lo concreto, de acordar medidas en el cortísimo plazo para la crisis existencial del euro, que tiene a España e Italia en el atolladero. Madrid y Roma pidieron ayer ayuda urgente para salvar el euro; para salvarse a sí mismos. Tensaron la cuerda para suavizar el incremento prácticamente irresistible de los intereses de su deuda, en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se adivina decisiva para evitar un accidente financiero (en España) o incluso político (en Italia, con Silvio Berlusconi amenazando con retirar su apoyo al Gobierno) en ausencia de medidas claras. Las tensiones políticas emergieron con los dos grandes países del Sur, apoyados por Francia, tratando de convencer a Alemania para que abra la mano y rebaje las presiones en los mercados. Tarea difícil. Los deseos de la periferia topan con la intransigencia del Norte, que no quiere ni oír hablar de solidaridad sin contrapartidas: ante el incendio en los mercados, Italia y España quieren poner en marcha una fórmula que permita a los fondos de rescate comprar deuda, o presionar al Banco Central Europeo (BCE) para que abra fuego, y más adelante buscar la manera de que los mecanismos de rescate puedan recapitalizar los bancos con problemas. Berlín se resiste.

Crisis económica, financiera y de empleo. El Estado, al rescate de la banca. Envejecimiento demográfico que afecta a la competitividad y al Estado del Bienestar. Competencia a la baja en costes y salarios. Dependencia de unas importaciones de energía cada vez más caras. Desplazamiento hacia Asia de la producción de ahorro. La lista es aún más extensa, y hace tiempo que la marea europesimista decreta que la Unión va de fracaso en fracaso a la hora de lidiar con esos problemas de largo plazo. Sin embargo, el fantasma de un gobierno ausente –y la dificultad para cerrar un acuerdo entre Berlín y París para salvar el euro— planeaba ayer en la cumbre de Bruselas, y no precisamente por la falta de ideas de medio y largo plazo. Los líderes están cerca de dar pasos sustanciales hacia la unión política en sus más diversas formas: unión bancaria, unión fiscal y quizá, en un futuro, eurobonos o alguna forma de mutualización de la deuda, siempre que se cumplan las condiciones que quiere imponer Alemania con la ayuda de los países acreedores (Holanda, Finlandia y Austria). Grandes palabras, pero poca concreción para tratar de solucionar los problemas que han puesto al mismísimo euro en el disparadero.

Esa es la situación de España, con los tipos de interés de su deuda a 10 años rondando el 7%, y de Italia, con los intereses de sus bonos en torno al 6%. Aún más arriba están las primas de riesgo de los países rescatados (Grecia, Portugal e Italia), con más de media Europa ya en recesión y un horizonte económico azul oscuro casi negro. La cumbre es un doble examen: en el proyecto europeo a largo plazo, que debe apuntalar esa idea de que el euro es irreversible, el aprobado está prácticamente garantizado. En el meollo de la cuestión, las soluciones a corto que exigen dinero contante y sonante y renunciar a algunas de las grandes vacas sagradas ideológicas de Berlín, el éxito no está asegurado.

“Tan pronto como tengamos una política fiscal conjunta podremos considerar responsabilidades comunes [es decir, eurobonos]. Lo contrario sería ignorar las lecciones básicas de la crisis”, avisó el ministro alemán Wolfgang Schäuble. Más lejos aún fue el primer ministro holandés, Mark Rutte, quien aseguró que la única salida para España e Italia “es que sigan con la austeridad y las reformas”. Frente a ese discurso, el presidente francés, François Hollande, prometió “soluciones rápidas para los países con problemas”.

Frente al consenso en el pacto por el crecimiento y la versión 2.0 de la Unión, incógnitas con respecto a todo lo que necesitan España e Italia para garantizarse, al menos, un verano manejable. “Pase lo que pase, Alemania va a pagar. Pero si la UE se desintegra, el precio sería altísimo”, manifestaban fuentes diplomáticas de uno de los países sureños. Para salvar el euro, o al menos para salvar el año, los líderes trataban de ponerse de acuerdo en varias medidas, que pasan por la recapitalización directa de la banca a través del mecanismo permanente (Mede), o a la compra de bonos a través de ese mismo instrumento, con una licencia bancaria que le diera a ese bazuca suficiente potencia de fuego. La recapitalización directa de la banca forma parte de los pasos necesarios para completar una unión bancaria, y sería del agrado de España aunque no llegara en el corto plazo, para su rescate financiero. Según fuentes próximas a las negociaciones, Madrid cuenta ya con el respaldo de Alemania para que las ayudas a la banca, que estarán en torno a los 60.000 millones de euros, no asusten a los inversores: la inyección de capital a través de los fondos de rescate no supondrá que los socios europeas sean acreedores preferentes en caso de un eventual impago. Pero hay más problemas: esas ayudas aumentan directamente la deuda pública española, y eso es lo que más temen los mercados: Europa busca una solución para que España asuma las primeras pérdidas, si es que estas se producen, pero si que todo el rescate suponga incremento del endeudamiento público.

En todo caso, esa sería una medida de medio plazo, reconocen fuentes españolas. Por eso Madrid y Roma extremaron ayer las presiones, centrándose en la posibilidad de que el mecanismo de rescate pueda comprar bonos en el mercado primario (es decir, en las subastas del Tesoro), si no hay más remedio aceptando una estricta condicionalidad, tal y como solicita Alemania. “Para eso hay que deshacer un punto muerto político preocupante”, indicaron fuentes diplomáticas, “o, si no hay acuerdo, lograr que el BCE actúe en los mercados el lunes”. Pero el BCE lleva casi tres meses de brazos cruzados. Y el punto muerto político dura algo más de 10 años.

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