Archivo por días: 4 octubre, 2012

Seis fotos que han destrozado la imagen de España en el mundo Juan Bosco Martín Algarra jueves, 04/10/12 – 17:39

Seis fotos que han destrozado la imagen de España en el mundo

jueves, 04/10/12 – 17:39
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  • La imagen de Romney, crítico con España, en el debate con Obama se suman a otras tantas que han destrozado la imagen de España.
  • Los sucesos que reflejan estas fotos no han supuesto ningún cambio en el Ejecutivo, pero han puesto en entredicho la estabilidad prometida tras las elecciones de 2011.

Marzo. El Washington Post y el New York Times llevan a sus portadas los destrozos ocasionados en las primeras huelgas contra el nuevo gobierno

Dos de los diarios más influyentes en el mundo incluían en sus portadas los daños causados en bancos y comercios durante las protestas de marzo. Aunque ni la huelga en la enseñanza de ni la general del día 29 modificaron ninguna de las decisiones tomadas por el gobierno ni obtuvo un seguimiento masivo, portadas como éstas demostraron que España se hallaba muy lejos de alcanzar la estabilidad prometida por el gobierno de finales de  2011.
  • Marzo. El Washington Post y el New York Times llevan a sus portadas los destrozos ocasionados en las primeras huelgas contra el nuevo gobierno
  • 7 de Agosto Los campesinos asaltan supermercados para robar comida
  • 11 de septiembre. Cientos de miles de catalanes exigen la independencia en la calle
  • 24 de septiembre. Demoledor reportaje del New York Times: los españoles buscan comida en la basura
  • 25 de septiembre. La policía tiene que defender el Parlamento de un intento de asalto
  • Octubre. En el debate electoral, Romney pone a España como ejemplo de país ineficiente con elevado gasto público
Seis fotos que han destrozado la imagen de España en el mundo  –Fotogaleria: Juan Bosco Martín Algarra

Dos jóvenes denuncian por agresión a un vigilante de seguridad del metro en Bilbao La Ertzaintza investiga los hechos ocurridos en la estación de San Inazio la mañana del pasado domingo

Dos jóvenes denuncian por agresión a un vigilante de seguridad del metro en Bilbao

La Ertzaintza investiga los hechos ocurridos en la estación de San Inazio la mañana del pasado domingo

SHAILA P. RODRÍGUEZ – Sábado, 28 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:38h

Tres de los cuatro jóvenes que sufrieron la presunta agresión descienden las escaleras de la estación del metro de San Inazio.

Tres de los cuatro jóvenes que sufrieron la presunta agresión descienden las escaleras de la estación del metro de San Inazio. (David de Haro)

Vista:

  • Tres de los cuatro jóvenes que sufrieron la presunta agresión descienden las escaleras de la estación del metro de San Inazio.

Iñaki Joven denunciante

BILBAO. La comisaría de la Er-tzaintza de Deusto recogió el pasado domingo la denuncia de dos jóvenes contra un vigilante de seguridad del metro de Bilbao. Ambos denunciantes acusan al profesional de agresión, por unos hechos que ocurrieron a las nueve de la mañana en la estación del suburbano de San Inazio. Según consta en su declaración, en la disputa se vieron envueltos cuatro jóvenes de una misma cuadrilla y siete vigilantes de seguridad. Ahora, la Ertzaintza investiga el incidente, para lo que ha solicitado a Metro Bilbao las grabaciones de las cámaras de esa estación, con el fin de aclarar el enfrentamiento entre ambos grupos.

La trifulca comenzó la mañana del pasado domingo, 22 de abril, en el interior de uno de los vagones del metro. Según relata Iñaki, un joven deustuarra de 23 años, él y tres amigos más regresaban a casa después de una noche de fiesta en Berango. «No estábamos mal, pero preferimos volver a casa en metro», explica el joven denunciante. Durante el viaje de vuelta a Deusto se acercaron a un grupo. «Eran cinco chicas más o menos de nuestra edad. Nos acercamos a hablar con ellas, para ligar, pero no les sentó bien», comenta Iñaki. Entonces, comenzó un cruce de palabras en un tono por encima de lo normal. «Nos llamaron feos y nosotros a ellas bordes, pero nada más era una discusión inocente», confirma.

Según los implicados, no fue más que una riña insignificante que no perjudicó a nadie. Sin embargo, en el mismo vagón viajaban dos empleados de seguridad del metro que, cuando el convoy paró en la estación de San Inazio, obligaron a ambas cuadrillas, chicos y chicas, a abandonar la unidad.

LA AGRESIÓN La sorpresa de los jóvenes fue mayúscula cuando descubrieron que allí les esperaban siete vigilantes más. «Había tres mujeres y cuatro hombres. Nos quedamos boquiabiertos, porque la discusión no había sido para tanto; solo estábamos vacilando», reconoce Iñaki.

Según explica, los vigilantes dejaron marchar a las chicas, mientras que a ellos les retuvieron en la estación. «No nos dejaban coger el siguiente metro para llegar a Deusto, ni nos dejaban salir de la estación. Les dijimos que nos queríamos ir a casa, pero nos empujaban para que no pudiéramos salir de la estación», reconstruye el joven.

«Igual tenían miedo de que fuéramos a recriminar su actitud a las chicas si salíamos con ellas. Si ese era su miedo, podían habérnoslo dicho y hubiésemos esperado tranquilamente un rato para salir. Pero lo que hicieron fue retenernos sin ninguna explicación», sostiene Iñaki.

Según su relato, los vigilantes continuaron reteniendo a los jóvenes sin comunicarles un motivo para ello. «Solo decían que no nos podíamos ir, como si hubiéramos hecho algo grave. Pero, tampoco nos dejaban llamar a la Ertzaintza para solucionarlo. Empezamos a discutir y entonces uno de ellos nos agredió», señala.

Según el joven, un vigilante le inmovilizó agarrándole el brazo y retorciéndolo hacia su espalda. «Me tuvo cerca de dos minutos con el brazo atrás y, mientras uno me llevaba así por las escaleras, otro me dio tres tortazos. Y a mi amigo le dieron un puñetazo en la nuez sin más, de imprevisto», resume y añade. «Además, nos pidieron el DNI y apuntaron nuestros datos. No pueden hacerlo, pero cuando les pedimos sus números de identificación y una hoja de reclamación se negaron», prosigue.

Tras el incidente, los jóvenes regresaron andando a Deusto, donde dos de ellos se acercaron hasta la comisaría de la Ertzaintza e interpusieron la correspondiente denuncia. «Aún estamos doloridos por la agresión, aunque lo peor es la humillación», concluye Iñaki.

La Policía Nacional aborta el intento de “El Chapo” Guzmán de establecerse en Europa 10 / 08 / 2012 MADRID

La Policía Nacional aborta el intento de “El Chapo” Guzmán de establecerse en Europa

10 / 08 / 2012 MADRID

En una operación pionera, coordinada con el FBI, contra la principal organización de narcotraficantes a nivel mundial

Detenidos en Madrid cuatro miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos un primo de “El Chapo”, que había elegido España como plataforma de lanzamiento de su operativa en el viejo continente

A finales del mes de julio se interceptó en el Puerto de Algeciras un contenedor que transportaba 373 kilos de cocaína que la organización se disponía a distribuir en diferentes puntos de la UE

El éxito de la operación bautizada como Dark waters ha sido posible gracias a la utilización por parte de los agentes de las más modernas técnicas de investigación

A las 13:00 horas, los responsables policiales de la operación ofrecerán una rueda de prensa a los medios de comunicación en el Complejo Policial de Canillas de Madrid, calle Julián González Segador s/n, donde se expondrá la droga intervenida

Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con la División del FBI de Boston (EEUU), han abortado el intento de “El Chapo” Guzmán de establecerse en Europa. Han sido detenidos en el centro de Madrid cuatro miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos un primo del mayor narcotraficante del mundo, que había elegido España como plataforma de lanzamiento de su operativa en el viejo continente. Nuestro país iba a ser utilizado como puerta de entrada de importantes partidas de estupefaciente. A finales del mes de julio se interceptó en el Puerto de Algeciras un contenedor que transportaba 373 kilos de cocaína que la organización se disponía a distribuir en diferentes puntos de Europa. Jesús Gutiérrez Guzmán (primo hermano del “El Chapo”), Rafael Humberto Celaya Valenzuela, Samuel Zazueta

Valenzuela y Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, fueron arrestados en las inmediaciones de sus hoteles en la capital.

La operación Dark waters se inició en mayo de 2009 por parte de la Federal Bureau of Investigation de Boston (Massachussets) en torno a las actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” Guzmán. El cártel de Sinaloa está considerado como la mayor organización criminal a nivel mundial, y genera importantísimos ingresos económicos, principalmente producto del tráfico de estupefacientes.

El éxito de la operación ha sido posible gracias a la utilización por parte de los agentes de las más modernas técnicas de investigación, que en todo momento han estado supervisadas por jueces y fiscales

España como base para expandir su actividad criminal

En octubre de 2010, los agentes del FBI y de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional mantuvieron las primeras reuniones operativas al tener conocimiento de que la organización tenía intención de establecerse en España para expandir su actividad criminal en Europa. Entonces se acordaron las líneas estratégicas operativas en las que se iba a basar la investigación. Estas medidas se plasmaron en una Comisión Rogatoria, entregada en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco.

El grueso de las investigaciones se desarrolló fundamentalmente en los Estados Unidos. Los agentes americanos averiguaron que los miembros del cártel habían planificado viajar a nuestro país, viaje que realizaron en marzo de 2011. Los policías españoles les detectaron en esas fechas en Madrid y les vigilaron estrechamente hasta lograr su plena identificación.

Gracias al intercambio de informaciones con el FBI se supo que los investigados tenían la intención de iniciar importantes envíos de cocaína por vía marítima, oculta en contenedores con carga legal declarada. Adoptaban grandes medidas de seguridad para asegurar el éxito de las operaciones, y enviaron varios contenedores sin ningún tipo de estupefaciente. Finalmente remitieron su primer cargamento en un barco procedente de Brasil. El contenedor, que fue interceptado a finales de julio en el Puerto de Algeciras, ocultaba 373 kilos de cocaína.

Las investigaciones efectuadas permitieron identificar a un primer miembro del cártel, Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, que se desplazó a Madrid para hacerse cargo del cargamento de la cocaína desde su remisión hasta su posterior distribución. Días después llegaron a Madrid Jesús Gutiérrez Guzmán -también conocido por “Manolo”- considerado como líder del grupo que quiere establecerse en España, Samuel Zazueta Valenzuela, uno de sus principales colaboradores, y Rafael Humberto Celaya Valenzuela, que viene a representar de alguna forma los asuntos “legales” de la organización.

Detenidos en el centro de Madrid

Ante las numerosas medidas de seguridad que adoptaban, los especialistas de la Policía Nacional establecieron un amplio operativo encaminado a su detención. Uno de los investigados fue abordado por los agentes cuando se dirigía a su hotel, en el Paseo de la Castellana. De forma paralela se arrestó a los otros tres narcos en las inmediaciones de un lujoso establecimiento hotelero del centro de Madrid.

En los registros realizados en las habitaciones donde se alojaban se han intervenido teléfonos móviles, 5.500 dólares USA, cerca de 3.000 euros, 4.000 pesos mexicanos y documentación pendiente de análisis. Los detenidos, de edades comprendidas entre los 37 y los 52 años y nacionalidad mexicana, estaban buscados por las autoridades judiciales estadounidenses por tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión.

La operación ha sido realizada por la Sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado -Comisaría General de Policía Judicial- junto con la División del FBI de Boston. Han contado con la colaboración de los Oficiales de Enlace del FBI en la Embajada de EEUU en Madrid, del Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes y de la Brigada de Investigación Tecnológica de la UDEF Central.

NOTA: Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes de la operación en el siguiente enlace:

http://www.policianacionalcomunicacion.es/sinaloa.rar

Los directores de seguridad de las entidades financieras analizan los cambios y nuevos retos del sector XXIX CONVENCIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD DE CECA La XXIX Convención Nacional de Directores de Seguridad de Cajas de Ahorros Confederas, celebrada entre el 6 y el 8 de octubre en Oviedo, reunió nuevamente a los principales responsables de la protección de las entidades financieras

Los directores de seguridad de las entidades financieras analizan los cambios y nuevos retos del sector
XXIX CONVENCIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD DE CECA
La XXIX Convención Nacional de Directores de Seguridad de Cajas de Ahorros Confederas, celebrada entre el 6 y el 8 de octubre en Oviedo, reunió nuevamente a los principales responsables de la protección de las entidades financieras de nuestro país. Directivos de esta área, junto con los responsables en materia de Seguridad Privada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, analizaron el estado actual del sector y pusieron en común sus ideas e iniciativas para hacer frente a las amenazas actuales y futuras en un escenario marcado por la difícil coyuntura económica internacional.

Asistentes a la XXIX edición de la Convención de Directores de Seguridad de CECA.
Por Javier Borredá.
Como en ediciones anteriores, la XXIX Convención Nacional de Directores de Seguridad de Cajas de Ahorros Confederadas (CECA) se desarrolló con gran brillantez, esta vez en Oviedo. La capital del Principado de Asturias reunió entre el 6 y el 8 de octubre a la mayoría de responsables de las áreas de Seguridad de este tipo de entidades, además de contar con la presencia de altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nacionales y autonómicas, en su faceta de Seguridad Privada, así como de máximos cargos de Seguridad de la Banca y cajas rurales.
En la noche previa al inicio de las jornadas tuvo lugar una cena de bienvenida ofrecida por la empresa Esabe a todos los asistentes, que tuvo lugar en el magnífico marco del Hotel La Reconquista de la ciudad de Oviedo, sede ligada a los premios Príncipe de Asturias desde hace años, en la que se han desarrollado igualmente la mayoría de las sesiones de trabajo de la XXIX Convención.
El día 6 dio comienzo el programa de trabajo, con la apertura del evento por parte de José Antonio Soler de Arespacochaga, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de Cajas de Ahorros Confederadas, en la que dio la bienvenida y el agradecimiento por su presencia a todos los asistentes, de igual modo que remarcó su reconocimiento a Cajastur por la magnífica organización de la Convención. Posteriormente dio la palabra a Miguel Palacios, director de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros, quien resaltó el papel del Director de Seguridad en las actuales circunstancias del sector. A continuación tomó la palabra José Luis Martín Sariego, director del Área de Medios y Recursos de Cajastur, quién centró su intervención en el desarrollo del programa mostrando un gran conocimiento del sector y de su problemática en el ámbito financiero. Terminó su discurso con un reconocimiento expreso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por la reciente detención de un grupo de delincuentes que había atacado en los últimos meses las oficinas de la entidad asturiana.
Con la intervención de José Marín Manzanera, comisario general de Seguridad Ciudadana, quien agradeció las palabras de Martín Sariego, se declaró inaugurada la XXIX Convención Nacional de Directores de Seguridad de Cajas de Ahorros Confederadas.
Un nuevo escenario
El primer grupo de trabajo fue constituido por una mesa redonda en la que participaron los máximos representantes en materia de Seguridad Privada de las FCSE, así como de las policías autonómicas. Por el Cuerpo Nacional de Policía intervinoEsteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada; en el caso de la Guardia Civil, acudió el coronel jefe de SEPROSE, César Álvarez; por el Cuerpo de Mossos d´Esquadra, Miquel Justo; y por la Ertzaina, Jesús Mari Aguirre.Dentro de la mesa intervino igualmente Antonio Ávila Chuliá, en calidad de presidente de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES).
Durante sus intervenciones, cada uno explicó los aspectos característicos del Cuerpo al que pertenece y pusieron de relevancia el buen hacer de los mismos y los progresos obtenidos en relación con la lucha contra los grupos de delincuencia que actúan en nuestro país. Antonio Ávila se refirió asimismo a la nueva normativa, pendiente de aprobación en Europa, que en próximas fechas entrará a formar parte de la legislación española.
En la primera jornada tuvo especial interés la intervención de Ricardo Sáez de Heredia, director de Seguridad de Caja Vital, quien matizó en su ponencia “Novedades de la Ley de Blanqueo de Capitales” el cambiante marco jurídico referido al blanqueo de capitales. Su intervención fue compartida con Cecilia Carrasco, directora de Informa Consulting, quien expuso los nuevos cambios normativos e incorporaciones de la Ley.
Terminada la sesión matinal, los congresistas y acompañantes se dirigieron al Restaurante Lobato, en el que la empresa Scati Labs ofreció un magnífico menú, como viene siendo costumbre desde hace más de 15 Convenciones. El presidente de la Comisión Nacional agradeció el acto, resaltando la presencia y penetración internacional de esta compañía, principalmente en el mercado de América del Sur y México, constatado en el Congreso de FELABAN, celebrado recientemente en la ciudad de Miami. Alfonso Gil, presidente de Scati Labs, correspondió con marcado cariño en sus palabras a la Comisión tantos años de confianza y colaboración entre su empresa y las Cajas de Ahorros.

José Antonio Soler de Arespacochaga, José Marín Manzanera, José Luis Martín Sariego y Miguel Palacios durante la inauguración de la XXIX Convención.
Por su parte, la compañía Securitas ofreció la cena de esa jornada, clásica en esta Convención desde su implantación en el año 1992 en el mercado español. El marco del balneario de las Caldas dio esplendor al acontecimiento. El presidente de la Comisión agradeció el acto y destacó el reciente nombramiento de Koldo Eceiza como responsable a nivel mundial del área de Banca de la empresa Niscayah, siendo el segundo español que en dicha multinacional accede a los máximos puestos de responsabilidad. Respondió con palabras de amistad y agradecimiento José Luis Velasco, director de Relaciones Institucionales de Securitas, a la invitación que habían recibido para su presencia en el acto.

Representantes de la Ertzaina, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d’Esquadra durante la mesa redonda, moderada por Antonio Ávila (en el centro).
La segunda jornada de trabajo, el 7 de octubre, se desarrolló en el marco del Parador Nacional de Cangas de Onís, para así poder visitar por la tarde el incomparable rincón asturiano de Covadonga, donde se rinde culto a La Santina. Comenzó la sesión con la intervención de Antonio Jiménez, director de Seguridad de Cajamar. Jiménez habló en la ponencia “Ataques a cajeros con gas y explosivos” sobre el novedoso asunto de las agresiones a los cajeros automáticos por medio de explosión por gas. En un amplio análisis del tema, expuso diferentes documentos audiovisuales en los que clarificó de una manera detallada toda la casuística de esta forma de agresión a nuestro sistema.
Prosiguió la jornada con la intervención de Álvaro Rodríguez, director de la división de Banca de la firma Gunnebo, quien presentó en su exposición “Políticas en la Reducción de Costes, ‘La oficina del futuro” alternativas encaminadas a la automatización de oficinas bancarias, con el resultado de un ahorro de costes, un objetivo muy perseguido en los momentos actuales por todas las entidades financieras.
Remató esta jornada con su intervención Koldo Eceiza, director mundial del área de Banca de la empresa Niscayah. En su exposición “Alternativas de Seguridad a los ataques a cajeros automáticos” habló sobre nuevas prácticas en el mundo de la Seguridad dentro del escenario internacional, así como de las diferentes medidas de protección que los cajeros automáticos pueden incorporar al ser uno de los elementos de mayor difusión en el ámbito de los servicios a clientes.
Seguidamente, la empresa Chillida ofreció un almuerzo en el Parador de Cangas para los congresistas y acompañantes, antes de girar la visita al santuario de Covadonga. El presidente de la Comisión agradeció el acto, haciendo referencia al éxito alcanzado por esta empresa una vez que procedió a la compra de la parte de Siemens Seguridad. Dicho reto ha sido cumplido con éxito y se ha reflejado en los resultados finales en cuanto a rentabilidad de Chillida. Antonio Ávila Chuliá, presidente de esta compañía, agradeció la invitación al acto y remarcó la amistad que le une con el mundo financiero desde hace años.
La cena de la jornada del jueves la ofreció la empresa Prosegur en el encantador Castillo de la Zoreda, fiel, año tras año, a esta cita. En este marco se celebró la tradicional entrega de cordobanes a los compañeros que, por un motivo u otro, han dejado el sector de la Seguridad después de unos años dedicados al mismo. En esta ocasión, las distinciones recayeron enAntonio Pastor, director de Seguridad de Cajasol; Maximiliano García Salamanca, director de Seguridad de Caixanova; yMiguel López López, director de Seguridad de Caixa Tarragona.
El presidente de la Comisión agradeció el acto refiriéndose principalmente a la consolidación del cambio producido en el seno del grupo Prosegur, con un envidiable cuadro de directivos en cuanto a su profesionalidad y juventud, todos ellos liderados por Christian Gut y Alejandro Corominas. José Antonio Soler remarcó su agradecimiento y reconocimiento a Helena Revoredo, presidenta del grupo. Como ocurriera en los diferentes actos lúdicos anteriores, Alejandro Corominas celebró el encuentro y agradeció los elogios recibidos, dando traslado puntual a la presidenta del Grupo.
La jornada de cierre de la Convención comenzó con la intervención compartida por Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada y Juan Manuel Zarco Rodríguez, director de Seguridad del grupo Cajamadrid. El tema que expusieron fue el análisis de los cambios normativos de próxima aparición en sus diferentes incidencias, tanto desde el punto de vista de la Administración, como del administrado. Ambas intervenciones cautivaron la atención de los asistentes, quedando totalmente aclaradas las diferentes posiciones, en las que destaca el ánimo de colaboración y buen entendimiento que existe entre ambas partes en esta última etapa de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Seguidamente, José Antonio Soler de Arespacochaga, director de Seguridad de CECA, Cajastur y Caixa Pollença, abordó el puntual tema de las fusiones, Sip´s y cambios en las diferentes composiciones de las nuevas entidades de ahorro. A través de una mesa participativa con los asistentes, se intentó aclarar este nuevo panorama, que conllevará en un futuro próximo e inmediato cambios en el mundo de la Seguridad de las cajas de ahorros, produciéndose a continuación un interesante y vivo debate entre los participantes.
Para terminar la última jornada de la XXIX Convención, intervino José Antonio Soler, como presidente de la Comisión, quien realizó un resumen de los temas desarrollados durante las jornadas, felicitando a todos los participantes por el éxito conseguido. Seguidamente, dio paso a José Manuel Cernuda, director del Departamento de Recursos Materiales de Cajastur, quien versó sobre el desarrollo de la Convención, agradeciendo la asistencia de los diferentes estamentos oficiales y compañeros de las entidades financieras presentes. Cernuda recibió, por último, la lectura del resultado de la Convención en un texto leído por Manuel García Diego, director de Seguridad de Caja Cantabria, con las conclusiones recogidas al término del evento. Como colofón, se ofreció una comida por parte de la empresa Gunnebo en el restaurante Latores. El presidente agradeció el acto que desde 1992 repite dicha compañía en la Convención anual y destacó la colaboración de Gunnebo con el sector e, igualmente, la expansión realizada en tierras mexicanas. El consejero delegado, José Antonio Martínez Ortuño, con unas sentidas palabras, dio las gracias a la organización y a los directivos de Cajastur por el trato deferente recibido.
Conclusiones
Podemos afirmar que la Convención estuvo presidida por un análisis del cambio. Modificaciones exigentes desde el punto de vista normativo y cambios en las nuevas amenazas que irrumpen en la actividad diaria de las entidades financieras; todo ello, en un escenario de transición también en el régimen jurídico de las empresas, inmersas en muchos casos en procesos de integración empresarial. Se hace imprescindible en esta coyuntura conjugar eficacia en la gestión y cumplimiento normativo con la imprescindible eficiencia en costes de esta actividad.
A lo largo de las jornadas, los invitados, representantes de entidades bancarias y cooperativas de crédito, de la industria de Seguridad, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de carácter estatal –Policía Nacional y Guardia Civil– y autonómico –Mossos d’Esquadra y Ertzainza–, además de las propias direcciones de Seguridad de las Cajas, hicieron un análisis de la situación al mismo tiempo que propusieron soluciones para alcanzar los objetivos citados, elevando el siguiente redactado de conclusiones:
“1ª- Hemos escuchado atentamente el mensaje de los Cuerpos de Seguridad ya mencionados que han participado activamente en estas jornadas; mensaje en forma de ofertas de colaboración, incluso con nuestra presencia institucional en los borradores de nuevos desarrollos reglamentarios, y también con fórmulas de retorno de la información que preceptivamente debemos facilitarles y que, con toda seguridad, habrá de contribuir a cambiar el modelo de relación subordinada por otro de fructífera colaboración entre quienes tienen como función, desde responsabilidades legislativas distintas, la seguridad ciudadana.
Tienen también estos Cuerpos la ineludible misión de exigirnos el cumplimiento de la nueva normativa, que nos hará converger con el resto del sector financiero europeo mediante nuevas medidas y sistemas de seguridad normalizados; una implantación que nos hará incurrir en fuertes inversiones en una coyuntura en la que cualquier actividad está presidida por la restricción en gastos. Nuestra participación colegiada en forma de alegaciones a los borradores de dichas normas ha propiciado que la implementación de dichas medidas pueda desplazarse o graduarse en el tiempo de forma que se pueda minimizar el impacto económico en la coyuntura actual.
2ª- Hemos tenido ocasión, asimismo, de hacer un repaso a las nuevas exigencias impuestas por otras normativas que, como la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo, nos imponen, también en este caso, niveles de cumplimiento muy costosos para las entidades financieras y que abren el camino a nuevas e importantes funciones para los directores de Seguridad, cuya presencia en los Comités de Prevención de Blanqueo de Capitales ha de suponer el contrapunto imprescindible de Seguridad a tareas marcadas por su carácter administrativo, lo cual vendrá, a buen seguro, a facilita la identificación de los delitos que subyacen a estas prácticas y la correspondiente puesta a disposición del SEPBLAC y, en su caso, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la información oportuna.
3ª- También algún compañero nos ha alertado de nuevas formas de ataque a nuestras oficinas mediante el uso de gases explosivos que, además de causar tremendos destrozos en nuestras instalaciones, tienen el efecto negativo de interrumpir la continuidad del negocio. En una gestión de seguridad necesariamente alineada con el negocio, hemos aprendido todos a preservar dicha continuidad con medidas preventivas adecuadas.
4ª- En este escenario de restricciones económicas, procesos de integración y nuevos modelos organizativos más eficientes, hemos visto la necesidad de que representantes en España de grandes corporaciones internacionales nos ilustraran con la experiencia que tienen de países de nuestro entorno. Una de las propuestas que nos han sido presentadas versa sobre las posibilidades de automatización en la dispensación de dinero en efectivo, lo que permite, no sólo liberar personal para tareas de mayor valor añadido, sino, además, reducir las necesidades de gasto en seguridad por la concentración de los espacios a proteger.
5ª – También nos han sido recomendados nuevos modelos organizativos de la seguridad, en los que se propone que la figura del Director de Seguridad presente un carácter de integralidad en la gestión de los riesgos no financieros, debiendo añadirse la Seguridad de la Información, la prevención del fraude o la continuidad del negocio a las tareas que ya vienen gestionando en el caso de la Seguridad Física. Esta convergencia de las especialidades de Seguridad está produciendo ya en países de nuestro entorno una mayor eficacia en la gestión, además de una mayor eficiencia en costes operativos”.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Acuerdo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para luchar contra la ciberdelincuencia en España 04 / 10 / 2012 MADRID

MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Acuerdo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para luchar contra la ciberdelincuencia en España

04 / 10 / 2012 MADRID

  • El convenio firmado refuerza la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, además de aumentar la protección de infraestructuras críticas
  • En materia de lucha contra el ciberdelito y el ciberterrorismo, se multiplicarán las capacidades de detección, investigación y persecución del robo de información, el fraude electrónico, la suplantación de identidad, la pornografía infantil y pederastia
  • Maximizar la protección de las infraestructuras críticas y la eficacia de la respuesta a los incidentes que puedan afectarles es también objeto de este acuerdo

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Además, el acuerdo recoge mejoras en la protección de las infraestructuras críticas, a través del Cuerpo Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).

El convenio, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, supone la unión de las capacidades en materia de ciberseguridad de las Secretarías de Estado firmantes, CNPIC, FCSE e INTECO.

En materia de lucha contra el ciberdelito y el ciberterrorismo, se multiplicarán las capacidades de detección, investigación y persecución del robo de información, el fraude electrónico, la suplantación de identidad, la pornografía infantil y pederastia. Maximizar la protección de las infraestructuras críticas y la eficacia de la respuesta a los incidentes que puedan afectarles, es también objeto de este acuerdo, en cuyo marco se desplegarán nuevas capacidades de detección y alerta temprana, se desarrollarán procedimientos y herramientas de seguridad específicas y se trabajará en la preparación del conjunto de los operadores de infraestructuras críticas y de los equipos de seguridad, tanto públicos como privados, mediante la realización de ciberejercicios periódicos que pongan a prueba la capacidad de reacción frente a incidentes de seguridad.

 

Seguridad en el uso de las nuevas tecnologías

El grado de dependencia de nuestra sociedad respecto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) crece día a día, por lo que conocer las amenazas, gestionar los riesgos y darles una adecuada respuesta, resulta esencial. Estos aspectos son especialmente importantes en el ámbito de las infraestructuras críticas cada vez más dependientes de las nuevas tecnologías. Su correcto funcionamiento es indispensable para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales que sostienen nuestra sociedad.

La creciente influencia de las TIC en la economía, en los servicios públicos y en la vida de todos los ciudadanos, hace que la estabilidad y prosperidad de España dependa en buena medida de la seguridad y confiabilidad del ciberespacio, cualidades que pueden verse comprometidas, entre otras causas, por agresiones deliberadas.

Al tiempo que crece la dependencia de las nuevas tecnologías e Internet, como generadores de competitividad y prosperidad, crece también la amenaza contra el entorno digital. La ciberdelincuencia y el ciberterrorismo pueden poner en graves dificultades a los servicios públicos y privados, a las infraestructuras críticas y a las actividades de las empresas y los ciudadanos.

Por tanto, es imprescindible y urgente trabajar en la mejora de los niveles de ciberseguridad en España proporcionando un marco adecuado para que nuestra sociedad se desarrolle adecuadamente en el ámbito digital aprovechando el potencial económico y social de las nuevas tecnologías e Internet.

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  • Acuerdo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para luchar contra la ciberdelincuencia en España
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En todo caso, tras señalar que España no ha iniciado «ni sé si va a iniciar» conversaciones de rescate, Linde se mostró convencido que una segunda ayuda europea – tras la línea de hasta 100.000 millones para la banca – no supondría en su opinión «ajustes de gastos demasiado importantes»

El Banco de España ve riesgos en una consolidación fiscal vital

ReutersReuters – Hace 1 hora 37 minutos

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  • El gobernador del Banco de España, Luis Maria Linde, lanzó una serie de advertencias el jueves al Gobierno con respecto a sus proyecciones presupuestarias y macroeconómicas y le advirtió de la necesidad de asegurar los objetivos de déficit comprometidos con Europa para recuperar la confianza de los mercados. Imagen de Linde antes de su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 4 de octubre. REUTERS/Sergio PérezVer fotoEl gobernador del Banco de España, Luis Maria Linde, lanzó una serie de advertencias …

MADRID (Reuters) – El gobernador del Banco de España, Luis Maria Linde, lanzó una serie de advertencias el jueves al Gobierno con respecto a sus proyecciones presupuestarias y macroeconómicas y le advirtió de la necesidad de asegurar los objetivos de déficit comprometidos con Europa para recuperar la confianza de los mercados.

«El problema más urgente al que se enfrenta la economía española es recuperar la confianza y no hay otro modo de conseguirlo que cumplir con los objetivos de consolidación fiscal», explicó.

En una comparecencia parlamentaria para valorar los presupuestos de 2013, Luis María Linde – que lleva poco más de cuatro meses en el cargo – calificó de «optimista» y fuera de consenso la hipótesis de que la economía española se contraerá un 0,5 por ciento ese año.

«Esta previsión (…) es ciertamente optimista en comparación con las previsiones que manejan ahora la mayoría de organizaciones internacionales y analistas, situadas en torno a una caída del 1,5 por ciento», dijo Linde.

Añadió que si finalmente la economía cae más cerca del 1,5 que del 0,5 por ciento, el impacto en la desviación del déficit «puede estimarse en tres décimas del PIB» y señaló que, aun siendo importante, puede ser corregible «a lo largo del año» y «no debe restar credibilidad al ejercicio fiscal de 2013».

España tiene comprometido un objetivo de déficit – sin contar gastos extraordinarios como las inyecciones a la banca – del 6,3 por ciento en 2012 y del 4,5 por ciento en 2013, ambos considerados «con riesgos» por el Banco de España.

Los intereses de la deuda pública, en un contexto de falta de credibilidad, grandes diferenciales y necesidad de elevar el endeudamiento, complican la senda presupuestaria al suponer casi 40.000 millones en los presupuestos de 2013.

En este sentido, los mercados esperan con interés una decisión para que España pida asistencia a sus socios europeos con el objetivo de habilitar el arma del Banco Central Europeo para comprar bonos y reducir los costes de financiación.

«La corrección que se trata de obtener en el déficit primario, sin contar los intereses de la deuda pública, en plena recesión – casi 2,5 puntos del PIB-, es muy difícil, pero necesaria para alcanzar los objetivos comprometidos», remarcó.

Al margen de la proyección de PIB con la cual se elabora el presupuesto, Linde también alertó del riesgo de desviación en materia de ingresos fiscales.

«La previsión de recaudación de ingresos tributarios en 2013 está sujeta a riesgos a la baja porque parten del supuesto de que se alcanzarán los objetivos de recaudación en 2012», dijo el máximo ejecutivo del banco central para añadir que, de acuerdo con la información disponible, en 2012 los ingresos podrían ser peores de lo esperado.

Tras las reformas bancaria, laboral y fiscal emprendidas por el Gobierno, Linde dejó claro que debe continuar en la senda reformista, sin descartar nuevas medidas para «recortar los gastos» incluso a corto plazo.

«La información actualmente disponible indica que existen riesgos de desviación del objetivo (de déficit) fijado para este año 2012», dijo. «Dada la importancia de cubrirlo, habrá que considerar las medidas adicionales que lo hagan posible».

En este sentido, animó a mantener una proyección «prudente» de los ingresos, disponer de instrumentos que permitan detectar a tiempo desviaciones y utilizar las herramientas para obligar a la disciplina fiscal de las comunidades autónomas.

INDEXACIÓN DE LAS PENSIONES

En el capítulo de gasto, Linde entró en el debate de las pensiones y la sostenibilidad del sistema al destacar los riesgos asociados al envejecimiento de la población y animar a una revisión tomando en cuenta el factor de sostenibilidad.

En este contexto, aunque aseguró que «el Banco de España no está para hacer recomendaciones al Gobierno», mostró una postura inequívoca: «Yo creo que el Gobierno lo debe pensar muy seriamente (si actualiza las pensiones con el IPC)».

La actualización de las pensiones basándose en la inflación, que habitualmente se realiza en noviembre y que está respaldada legalmente, podría suponer un gasto extra de alrededor de 3.000 millones en 2012, a consolidar en 2013 y ejercicios futuros, según cálculos del Banco de España.

En una reciente comparecencia, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó abierta la puerta a una hipotética modificación legal de la indexación de las pensiones al afirmar que «la normativa de revalorización sigue vigente».

Con uno de cada cuatro habitantes en edad de trabajar en paro, Linde calificó de «dramática» la situación del empleo y apostó por una mayor flexibilidad laboral que debe ir acompañada por una recuperación económica, para lo que considera indispensable terminar la reforma bancaria, cumplir la senda fiscal, reducir el endeudamiento de las familias y el país y profundizar en las reformas.

«Si en 2013 conseguimos avanzar en esos frentes, confío en que será posible volver al crecimiento económico y crear empleo neto en 2014», dijo.

SIN MUCHOS CONDICIONANTES

En respuesta a preguntas de diputados, Linde insistió en rechazar la palabra «rescate» para una hipotética asistencia financiera europea, diferenciándola de los rescates de Irlanda, Grecia y Portugal.

«Se trataría meramente de abrir la posibilidad para el BCE de intervenir en los mercados secundarios en ciertas condiciones», dijo.

Varios fuentes europeas dijeron el jueves que la zona euro está estudiando ayudar a España asegurando a los inversores que compren deuda española, en un movimiento para mantener abierto el acceso del país a los mercados de capital y reducir el coste de un rescate para los contribuyentes europeos.

Dicho plan podría costar unos 50.000 millones al año, lo que permitiría a España cubrir por completo sus necesidades de financiación y al BCE poner en marcha la compra de bonos españoles, algo para lo que la institución volvió a mostrar su disposición este mismo jueves.

En todo caso, tras señalar que España no ha iniciado «ni sé si va a iniciar» conversaciones de rescate, Linde se mostró convencido que una segunda ayuda europea – tras la línea de hasta 100.000 millones para la banca – no supondría en su opinión «ajustes de gastos demasiado importantes».

Como otros responsables políticos, Linde destacó la buena evolución de la balanza por cuenta corriente, con unos datos que animan a pensar en cerrar 2012 en equilibrio y una posible vuelta al superávit en 2013.

El funcionario explicó que, en contra de lo que afirman algunos, la balanza comercial no es sólo consecuencia de la recesión, «también hay una clara mejora de los costes laborales y la productividad».

/Por Carlos Ruano/

IMITANDO LA MASACRE DE COLUMBINE Detenido un joven que iba a «sembrar de bombas» la Universidad de Baleares Fue detenido justo en el momento en el que recibió más de 140 kilos de explosivos, adquiridos a través de Internet.

IMITANDO LA MASACRE DE COLUMBINE

Detenido un joven que iba a «sembrar de bombas» la Universidad de Baleares

Fue detenido justo en el momento en el que recibió más de 140 kilos de explosivos, adquiridos a través de Internet.

 

Explosivos incautados al detenido | Efe

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 21 añosdispuesto a sembrar de bombas la Universidad de Baleares imitando la masacre de Columbine en la que dos jóvenes acabaron con la vida de 13 personas, según informa la Policía en un comunicado que recoge Europa Press.

La detención de J.M.M.S. se produjo el miércoles, a las 10:30 horas de la mañana en Palma de Mallorca, justo en el momento en el que el arrestado recibía más de 140 kilos de explosivos que había adquirido a través de Internet. En su diario personal y en los documentos intervenidos en su domicilio, el detenido manifiesta su odio a la sociedad, especialmente a los estudiantes universitarios, y su decisión de colocar estratégicamente bombas tipo tubo repletas de metralla en el recinto universitario, admitiendo la hipótesis del suicidio en el desarrollo de la masacre.

El joven actuó «en principio» en solitario, sin cómplices, «ya que por el momento se ha detectado a ninguna otra persona relacionada con este caso». Así lo han señalado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, que han precisado que el joven, es natural de Palma de Mallorca, se había independizado hace poco, aproximadamente un mes, y residía en una vivienda en la calle Can Gotleu de la capital balear.

Asimismo, han indicado que el detenido tenían conocimientos de electrónica, ya que había cursado estudios de esta rama de formación profesional, y en la actualidad se ganaba la vida jugando partidas «on line», como poker y otros juegos de apuestas a través de internet.

Quería imitar a los asesinos de Columbine

La investigación policial sobre este joven comenzó hace cinco meses cuando se detectaron en Internet diversos comentarios alusivos a la matanza realizada en la escuela de secundaria de Columbine (EEUU). El ahora detenido manifiesta sus simpatías por Eric y Dylan, los dos asesinos de 12 estudiantes y un profesor.

En su blog incluía secciones en las que relataba idénticos gustos musicales, su afición por las armas, su indumentaria e incluso su aislamiento social que le condujo a situaciones de marginación escolar. De hecho, en su época de estudiante llegó a remitir una carta en tono intimidatorio al centro educativo.

Durante estos meses de investigación, J.M. intentó en varias ocasionesadquirir de forma ilegal varias armas. Al no lograr este objetivo, solicitó permiso de tenencia de armas a la institución correspondiente, para así poder comprarlas de forma legal.

Pero tampoco logró obtener esa licencia. Su último objetivo eraaprovisionarse de gran cantidad de sustancias explosivas y químicas ya que, -como explicaba en su propio blog-, sabe con todo detalle cómo fabricar diversos tipos de explosivos.

Los investigadores le seguían los pasos, en el marco de la denominadaoperación «Columbainero», y comprobaron cómo a través de Internet compró diversas sustancias explosivas y útiles necesarios para la fabricación de las bombas caseras. El miércoles, a las 10:30 horas de la mañana se iba a realizar la entrega de ese material. Los agentes lo detuvieron en ese momento e intervinieron los explosivos y numerosa documentación.

Similares al amonal y amosal

En total los agentes han intervenido más de 140 kilos de sustancias explosivas y químicas. Entre ellas destacan 125 kilogramos de amonio nitrato con nitrógeno, una sustancia que por sí sola constituye un explosivo de fragmentación con características similares al amonal y amosal; 12 kilos de potasio nitrato cristal; 500 gramos de sodio sulfuro hidrato; un litro de ácido nítrico y otro de ácido sulfúrico y un matraz «Erlemmeyer» de 500ml.

El detenido también había adquirido varias ganzúas para manipular los tubos en los que pretendía armar las bombas y que también le eran útiles para forzar las cerraduras y robar las armas en establecimientos que ya tenía controlados, ante la imposibilidad de adquirirlas por otras vías. Todo ello según sus anotaciones en el diario personal.

En este diario J.M. también tenía anotado su propósito de sembrar de bombas la Universidad de Baleares y llevar a cabo un hecho de similar repercusión al de sus «ídolos» de Columbine, incluso contemplando la posibilidad del suicidio. El detenido manifestaba un gran odio a los estudiantes universitarios y por ello quería colocar bombas de tubo repletas de metralla por todo el recinto universitario.

http://www.segurpricat.es

 

Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas COMPÁRTELO:

Eligio Landín López
Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.
La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).
La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.
En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.
Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.
Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.
Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.
Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.
En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.
Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.
Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.
Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.
Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012
Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

Eligio Landín López
Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

COMPÁRTELO:

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

Eligio Landín López Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña. La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94. En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011). La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva. Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad. En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.) Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”. Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad. Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales. El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad. Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”. Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación. Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma. En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad. Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”). Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos. La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley. Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS. Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc. Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS. Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad. Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-. El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad. Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012 Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad? http://www.vigilantesdeseguridad.cat/ http://www.segurpricat.org/ Vigilantes de Seguridad www.vigilantesdeseguridad.cat