Archivo por días: 8 abril, 2013

Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?


julian flores garcia
@juliansafety
El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO: bit.ly/13RIrqx
http://on.fb.me/Z57BNK 
http://on.fb.me/12DOwCr

Eligio Landín López

Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.
La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).
La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.
En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.
Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.
Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.
Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.
Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.
En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.
Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.
Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.
Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.
Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

FUENTEN ews ADSI Flash nº 325 – 12 de febrero de 2012

Acerca de admin

Me llamo Julián Flores, soy consultor de seguridad como tambien Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior y profesor acreditado por la Dirección general de la Policia y la Dirección General de la Guardia Civil para impartir formación en Centros Habilitados de Seguridad Privada de formación de personal de seguridad privada, como experto univesitario en Dirección de Seguridad Integral. Con estudios de Economia y Relaciones Laborales.Me interesa el mundo de las empresas de seguridad, de los recursos humanos y de la mejora en la dirección de equipos de trabajo.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO:


¿QUIÉNES SOMOS? SISEGURIDAD.ES un grupo de expertos profesionales de la seguridad privada que tenemos como objetivos constituir un foro de analisis, reflexión, cooperación activa para la prevención de riesgos promover la filosofia y cultura de la seguridad con nuestra experiencia y formación en seguridad privada estamos acreditados por el Ministerio de Interior su Dirección General de la Policia como Directores de Seguridad , disponemos de formación y experiencia multidisciplinar para ser sus consultores en la creación de un Departamento de Seguridad en su Empresa o asesorar al ya constituido, como redactar proyectos de seguridad canalizando sus sugerencias y propuestas impulsando una cooperación activa entre Uds. como responsables de empresas y instituciones privadas y públicas.

 
Debe tener el Personal de Seguridad el carácter de Agente de la Autoridad?

Asi lo expresa  el  Facultativo del CNP, Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas Sr.  Eligio Landín López
El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó, el pasado día 30 de diciembre, la Ley 10/2011 que, entre otras leyes autonómicas, modificó la Ley 4/2003, de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Cataluña. La reforma añadió a esta Ley la Disposición Adicional Séptima, mediante la que otorga el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad privada que preste servicios de vigilancia en infraestructuras y medios de transporte público de Cataluña.
La Disposición, según establece la misma, se aprobó en base a las competencias de coordinación de la seguridad privada con la Policía autonómica que tienen la Comunidad Autónoma en virtud del vigente Estatuto de Autonomía. No voy a entrar a considerar si el Parlamento Autonómico tenía, o no, competencias para regular la materia, pero lo cierto es que un dictamen de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 14 de noviembre de 2011, niega esa posibilidad de acuerdo con las competencias que Cataluña tiene en materia de seguridad privada, conforme a lo establecido en la Ley 23/92 y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 2364/94.

En todo caso, el motivo de este artículo no es analizar las competencias del Estado y las que, con carácter ejecutivo, tiene la Comunidad Autónoma en seguridad privada, análisis que, con todo acierto, ha efectuado la Unidad Central de Seguridad Privada y que ha hecho público a través de uno de sus boletines ( Monográfico 12, de septiembre de 2011).
La decisión de la Generalidad que, por otra parte, no es novedosa, ya que la Ley Ferroviaria de Cataluña,( la Ley 4/2006), a pesar de las discrepancias habidas sobre la interpretación de su art. 38, en mi opinión, ya atribuía el carácter de Agente de la Autoridad al Personal de Seguridad que prestaba servicios de vigilancia en las instalaciones de los medios de transporte ferroviarios incluido el metropolitano; me da pie a plantear la cuestión de fondo que encabeza el artículo: ¿ debe el personal de seguridad privada tener la condición de Agente de la Autoridad? Pues bien, ya anticipo que mi respuesta es positiva.

Sin ninguna duda creo, por las razones que expondré a continuación, que es imprescindible que el personal de seguridad, (Vigilantes de Seguridad, Escoltas Privados, Vigilantes de Explosivos y sustancias peligrosas, guardas particulares de campo, incluidas sus especialidades -guardas de caza y guardapescas-, y, por qué no, el resto de las categorías que lo integran: Directores de Seguridad, Jefes de Seguridad y Detectives Privados), tenga reconocida legalmente la condición de Agente de la Autoridad.
En este punto discrepo del criterio de la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior que, a pesar de que el art. 35 de la Orden INT/318/2011, establece textualmente: “ En el cumplimiento de su deber de colaboración, el personal de seguridad privada tendrá la consideración jurídica que otorgan las leyes a los que acuden en auxilio o colaboran con la autoridad o sus agentes”, sigue manteniendo que, con carácter general, el personal de seguridad no tiene el carácter de Agente de la Autoridad, aunque en determinadas circunstancias tiene la protección legal como tales ( cuando acuden en auxilio o colaboran con la Autoridad o sus Agentes, ampliable a determinados servicios que el personal de seguridad privada preste en colaboración directa con la seguridad pública, como por ej. En un dispositivo conjunto de seguridad). No comparto su interpretación restrictiva, ya que, si bien es cierto que la citada Orden, por su rango legal, no podía otorgar tal condición al personal de Seguridad Privada ( precisamente esa falta de rango legal fue el argumento por el que, finalmente, el Tribunal Supremo negó validez al Decreto 629/1987 que atribuía la condición de Agente de Autoridad a los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad), también lo es el hecho de que si el alcance de la protección del personal de seguridad que recoge el precepto se limita a esos aspectos, la norma resulta innecesaria, ya que esa protección ya está prevista en una norma de superior rango, en este caso de Ley Orgánica, como es el art. 555 del vigente Código Penal ( Ley Orgánica 10/95). (Éste artículo protege con las mismas penas – en un grado inferior- que las establecidas para los atentados contra la autoridad o sus agentes, a los acometan o intimiden a las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.)

Yo creo que habría que abordar el asunto con la profundidad que requiere y, si ahora no era el momento, de lege ferenda, debería incluirse, de forma inequívoca, en la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada. Es muy sencillo, bastaría con añadir un artículo con el siguiente texto: “El Personal de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene el carácter de Agente de la Autoridad a todos los efectos legales”.
Pero, antes de otras consideraciones jurídicas, conviene primero saber qué es un Agente de la Autoridad y qué consecuencias legales tiene una atribución de éste tipo a una determinada profesión, para saber si existe algún inconveniente legal que impida o dificulte su reconocimiento respecto al personal de seguridad.
Para definir qué es un Agente de la Autoridad quizá haya que empezar por definir el concepto del que es consecuencia, esto es, del de Autoridad. Curiosamente, como ha reiterado la doctrina del Tribunal Supremo (por todas la STS de 9 de mayo de 1978), para saber quién es una Autoridad tenemos que recurrir al art. 24 del Código Penal y digo curiosamente porque para definir este concepto lo lógico sería recurrir al Derecho Administrativo, y no a la ley penal – es sabido que la razón de ser de ésta no es otra que la de definir quién tiene esa consideración a efectos de subsumir las conductas delictivas en los tipos penales en los que el sujeto activo sea precisamente una Autoridad- . Pero lo cierto es que en este ámbito del Ordenamiento Jurídico no existe una definición de qué se entiende por Autoridad, a efectos legales.

El art. 24. 1º del Código Penal contiene los dos términos que nos permiten concluir si estamos en presencia, o no, de una Autoridad, – con independencia, como es lógico, del propio título o nombramiento para el cargo- que, en todo caso, deben que ser interpretados para que la definición de Autoridad tenga pleno contenido. En concreto, cuando la norma afirma que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación o tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, es indudable que debemos analizar qué significa “tener mando” o “ejercer jurisdicción propia”, pues con ello podremos avanzar hacia el contenido del concepto Autoridad.
Nuestro Diccionario RAE contiene las siguientes definiciones: Autoridad: poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; Mando, en una de sus acepciones, significa: autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos; y jurisdicción: autoridad, poder o dominio sobre otro. El Tribunal Supremo, en una vieja sentencia de 1963, definía el concepto de mando diciendo que: “La función de autoridad implica una voluntad de mando o imperio, que se concreta en el ejercicio “erga subditus” de un derecho de supremacía, esto es, de un derecho que constituye una manifestación de un poder jurídicamente superior al de los ciudadanos. Y es por esta razón, por la que los ciudadanos vienen obligados a la Autoridad cuando ésta se halla en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el ejercicio de la autoridad, poder o dominio que implica tener jurisdicción, supone tener atribuida competencia para declarar y hacer cumplir o ejecutar lo declarado, como por ej. tienen constitucionalmente reconocidos los Jueces y Tribunales de Justicia. Esta competencia tiene que estar atribuida específicamente a la persona que decide y no cabe por delegación.
Por tanto, el acto de autoridad implica dos momentos o fases: la toma de la decisión y la ejecución o cumplimiento de la misma. Si la fase decisoria corresponde, por derecho propio, a la Autoridad, la de ejecución puede corresponder a otras personas, aquellas que, actuando en representación de la Autoridad o por delegación, lo hacen como Agentes de la misma.
En consecuencia, una aproximación a la definición de Agente de la Autoridad – el mencionado Diccionario considera que es aquella persona que obra con poder de otra- podría ser entender aquél como una figura intermedia entre la Autoridad y los funcionarios públicos. Los Agentes de la Autoridad, se encargarían de hacer cumplir las órdenes y disposiciones que emanan de la Autoridad – Actuarían siempre por delegación o en nombre de la Autoridad.
Sin embargo, legalmente, no hay una definición de qué se entiende por Agente de la Autoridad, ni siquiera en el ámbito penal ( el Código Penal de 1928, sí incluía en el párrafo 3º del art. 213 un texto del siguiente tenor: Se consideran Agentes de la Autoridad no sólo los funcionarios que con tal carácter dependan del Estado, de la Provincia o del Municipio, sino los de otras entidades que realicen o coadyuven a los fines de aquellos y los que tengan a su cargo alguna misión general o determinada y en disposición reglamentaria o nombramiento expedido por Autoridad competente o delegado de ésta, se expresa el carácter de tal agente”).

Ante la falta de definición legal, ha sido el Tribunal Supremo, una vez más, quién ha venido a establecer qué se entiende por Agente de la Autoridad (STS de 27.05.1978 y 28.01.1982) diciendo que son Agentes de la Autoridad quienes por razón de su cargo están obligados a auxiliar a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones y ejecutar y llevar a efecto sus providencias, acuerdos, órdenes y mandatos.

La atribución del carácter de Agente de la Autoridad tiene un doble origen: O se obtiene por disposición legal – mediante ley formal, es decir, Ley orgánica, ordinaria, Decreto-Ley u otra con dicho rango legal- que atribuya dicha condición a determinado colectivo o profesión, como es el caso, entre otros, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuya Ley Orgánica 2/86, en su artículo 7.1, les atribuye a sus miembros dicho carácter. O bien, tiene su origen en un nombramiento específico o nominal realizado por la Autoridad competente. En este caso, la atribución se realiza a título individual, sobre una persona concreta, y no a un colectivo determinado como cuando procede de una norma con valor de Ley.
Por tanto, en el caso que nos ocupa, para atribuir la condición de Agente de la Autoridad al colectivo profesional de seguridad privada sería necesario que la Ley, en este caso, la Ley de Seguridad Privada, simplemente, lo establezca dentro del estatuto jurídico- profesional de las diferentes categorías profesionales, como se recogen en su art. 1-3º, los principios básicos de actuación como normas deontológicas similares a las que tienen los miembros de las FCS.
Pero ¿qué ocurre con la actual normativa que regula el sector, la Ley 23/92? Pues sencillamente que esta Ley, por razones que no explica en su Exposición de Motivos, no recoge en su texto que el personal de seguridad tenga esa condición, considerando que las diferentes las categorías que lo integran tienen la de “auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Sin embargo, si analizamos la legislación vigente, en concreto el art. 4.2ºde la Ley Orgánica 2/86, de FCS y el art. 1.4º de la Ley 23/92, de Seguridad Privada, vemos que el personal de seguridad tienen la obligación específica de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y en desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, su Reglamento les impone la de seguir sus instrucciones en el lugar de servicio, de prevenir la comisión de delitos o infracciones durante el servicio, de detener a los presuntos responsables de infracciones penales para su entrega a la Policía, junto con los efectos e instrumentos del delito, etc.

Es decir, como afirmaba el conocido Informe núm. 3/93 de la Fiscalía General del Estado, de 20 de octubre de 1993, los Vigilantes de Seguridad con su actuación profesional,- con el obligado cumplimiento de sus deberes profesionales, añadiría – (su incumplimiento está tipificado como infracción muy grave en la Ley 23/92, con la correlativa sanción que puede llegar a la pérdida de la habilitación), no están cumpliendo unas funciones estrictamente privadas ( garantizar la seguridad de las personas y bienes en unas concretas instalaciones propiedad del cliente que ha contrato el servicio con la empresa de seguridad) sino una labor de dimensión pública, cumpliendo un mandato legal, de colaboración y auxilio a las FCS y por ello, recogía el citado Informe, deben tener una protección penal similar a la de los Funcionarios públicos pertenecientes a las FCS.
Porque, de eso es de lo se trata, al personal de seguridad se les están imponiendo unas obligaciones profesionales similares a las que tiene un agente de la Policía, aunque en su caso circunscritas al lugar y tiempo de servicio, pero, sin embargo, no tiene la misma protección jurídico penal -las personas que les desobedecen o resisten no cometen un delito o falta de resistencia o desobediencia, y quienes les agreden, simplemente pueden ser acusados de un delito o falta de lesiones, pero no de Atentado a Agente de la Autoridad, entre otras figuras penales que protegen la actuación de la Autoridad y sus Agentes-. 

Y es evidente que la suya, como la de las FCS, constituye una profesión de riesgo – incluso con riesgo de la vida como, lamentablemente, hemos podido comprobar recientemente- y que, en el ejercicio de su actividad, se le exige una permanente colaboración y auxilio a las FCS. Es decir, que están realizando una actividad de interés para la seguridad pública, de relevancia para los ciudadanos y para la comunidad.
Por tanto, la conclusión, ya anticipada, es que es necesario y conveniente reconocer -cuanto antes, por Ley, con carácter general y en todo el territorio español por ser su habilitación válida para ejercer la profesión en toda España-, a todos los profesionales de seguridad privada el carácter de Agentes de la Autoridad cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones, no simplemente limitándolo a determinadas actuaciones o servicios, sino siempre que se hallen en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales o, lo que es lo mismo, siempre que se hallen en acto de servicio, ya que, en todo momento, se les está imponiendo que actúen que realicen funciones o intervenciones profesionales, en el lugar de servicio, para cumplir con su deber de colaboración con las FCS, aunque estas no estén presentes – en este caso la protección, como vimos, ya existe por la vía del vigente Código Penal-.

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad no constituye ningún privilegio, sino la contrapartida legal necesaria para proteger, desde el punto de vista jurídico- penal, una profesión que es de interés público proteger porque está implicada en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, ello contribuirá, sin duda, a que la comunidad perciba con más valor el servicio desempeñado por estos profesionales (por los ciudadanos, en general, y por las Autoridades y funcionarios públicos, en particular, especialmente, las que forman parte de los Juzgados y Tribunales), y supondrá un reconocimiento público de la importancia que tiene su dedicación profesional en el campo de la seguridad.

Y, por último, permitirá, desde luego, exigir a estos profesionales una mayor responsabilidad, profesionalidad y formación, en sus relaciones con los ciudadanos y con las instituciones públicas en general, y no sólo respecto a las empresas de seguridad en las que están encuadrados

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Acerca de admin

Me llamo Julián Flores, soy consultor de seguridad como tambien Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior y profesor acreditado por la Dirección general de la Policia y la Dirección General de la Guardia Civil para impartir formación en Centros Habilitados de Seguridad Privada de formación de personal de seguridad privada, como experto univesitario en Dirección de Seguridad Integral. Con estudios de Economia y Relaciones Laborales.Me interesa el mundo de las empresas de seguridad, de los recursos humanos y de la mejora en la dirección de equipos de trabajo.

julian flores garcia
@juliansafety
El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO: bit.ly/13RIrqx

El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO:

julian flores garcia julian flores garcia
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El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO: bit.ly/13RIrqx
Publicado  por 
Ubicación: Barcelona

La Guardia Civil, durante el primer trimestre de este año, ha realizado 185 rescates en los que ha auxiliado a 399 personas, de las que resultaron 20 fallecidos, 90 heridos y 289 ilesos.

¿

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha auxiliado a 400 personas durante el primer trimestre de 2013
Se ha intervenido principalmente en actividades de barranquismo, senderismo y alta montaña. También se colaboró en el desalojo de 360 personas del Balneario de Panticosa

Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia
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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

Enlace Video informativo : http://goo.gl/7UfJs
Durante la pasada Semana Santa sólo en Huesca 16 montañeros fueron rescatados. Una mujer resultó fallecida cuando descendía el barranco Cajigar, situado en el municipio de Tolva (Huesca)

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha auxiliado a 400 personas durante el primer trimestre de 2013

La Guardia Civil, durante el primer trimestre de este año, ha realizado 185 rescates en los que ha auxiliado a 399 personas, de las que resultaron 20 fallecidos, 90 heridos y 289 ilesos.

La mayoría de los rescates se produjeron debido a lesiones de carácter leve producidas por tropiezos y caídas, así como de personas desorientadas y con problemas médicos.

Intervenciones destacadas

Entre las intervenciones realizadas destaca el rescate de una persona fallecida en el barranco Cajigar, situado en el municipio de Tolva (Huesca), tras recibir una llamada a través de la central Operativa de Servicios donde se indicó que una persona había sufrido un accidente mientras realizaba barranquismo y podría haber fallecido.
Debido a las características del barranco (con paredes de casi 100 metros de altura y una anchura de entre uno y dos metros) resultó imposible acceder con el helicóptero al lugar donde la excursionista había sufrido el accidente, por lo que los agentes tuvieron que acceder al lugar a pie.
En un primer momento intentaron llegar hasta el punto del accidente desde la parte más alta del barranco pero debido a la orografía del terreno y al fuerte caudal de agua tuvieron que dirigirse a la parte baja del mismo e iniciar el ascenso.
En pocos minutos el caudal del barranco se incrementó en más de 25 centímetros a causa de la lluvia intensa, lo que dificultó todavía más el acceso. Una vez que consiguieron llegar hasta donde se encontraba el cuerpo sin vida de G.C.L, de 42 años y vecina de Terrassa (Barcelona) procedieron a su traslado.
Han participado agentes de las Unidades de Montaña de la Comandancia de Huesca con el apoyo de la Unidad Aérea con base en Huesca.
Por otra parte, la Guardia Civil colaboró en la evacuación de 360 personas, entre alojados y trabajadores, del Balneario de Panticosa debido al alto riesgo de aludes en la carretera de acceso. En la evacuación participaron personal del Equipo de Montaña de la Guardia Civil de Panticosa, con dos perros de búsqueda en avalanchas, varias patrullas de Seguridad Ciudadana y el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil. Colaboraron con personal de conservación de carreteras de la DGA y protección civil del Alto Gállego.

Balance nacional del primer trimestre de 2013

Desde el pasado día 1 de enero hasta el 31 del mes de marzo la Guardia Civil del Servicio de Montaña ha realizado 185 rescates en los que se ha auxiliado a 399 personas (20 fallecidos, 90 heridos y 289 resultaron ilesos).
El mayor número de accidentes han ocurrido en el Pirineo aragonés (25,95%), seguido de la Sierra de Tramontana en Mallorca con un 13,51%, del Sistema Central (12,43%) y de la Sierra de Gredos (10,27%).
La procedencia de la mayor parte de las víctimas era de Madrid (24,31%), seguido de Zaragoza (10,28%).
Estos accidentes han ocurrido principalmente por sobrestimar las posibilidades al afrontar la actividad, así como por no planificar dicha actividad. Además, en muchos casos los excursionistas carecían de la preparación físico-técnica adecuada para la actividad realizada y sobre todo no hacían caso de la predicción meteorológica que AEMET había publicado en los medios de comunicación y en su página web, que aconsejaban no realizar dichas actividades.

Recomendaciones

Para planificar correctamente las actividades lúdicas en montaña se aconseja:
– Consultar la predicción meteorológica oficial ofrecida por AEMET.
– Si no se está seguro de las posibilidades de realizar una actividad, es aconsejable la contratación de un guía cualificado.
– En el caso de que las lluvias que precipitan actualmente en toda la geografía nacional continúen es probable que el peligro de aludes de fusión permanezca alto, por lo que también se puede consultar en la página web de AEMET.
Para mas información pueden ponerse en contacto con la Oficina Periférica de Comunicación (O.P.C.) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.- Teléfono 974.-21.03.42, ext. 244, tfno. Móvil 680.44.10.07.
Existen imágenes de la operación en:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/index.html
Asimismo, hay fotografías publicadas en nuestra página web http://www.guardiacivil.com

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El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha auxiliado a 400 personas durante el primer trimestre de 2013
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Campaña de vigilancia DGT:La OMS y la UE abogan por realizar controles de velocidad para reducir los accidentes de tráfico

Llevar una velocidad adecuada evitaría una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico

08 / 04 / 2013 Madrid
Campaña de vigilancia DGT
En 2011, 475 personas fallecieron en accidentes de tráfico en los que la velocidad fue uno de los factores causantes
La vigilancia en carretera se complementa por aire con el radar Pegasus que la DGT ha instalado en uno de sus helicópteros
La OMS y la UE abogan por realizar controles de velocidad para reducir los accidentes de tráfico
“Las prisas te hacen cometer errores pero conduciendo no hay segundas oportunidades” es el eslogan elegido para esta campaña
Los datos de siniestralidad anuales de nuestro país, nos dicen que en 2011(último año del que se dispone de datos cerrados) 475 personas fallecieron en accidentes de tráfico en los que la velocidad fue uno de los factores concurrentes, por ello la Dirección General de Tráfico comienza desde hoy lunes y hasta el domingo 14  una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad.
Durante una semana se incrementarán la vigilancia, sobre todo en las carreteras convencionales, que es donde tienen lugar el 70% de los accidentes con víctimas.
En esta ocasión a la vigilancia que realizan en carretera los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se suma la vigilancia y control desde el aire con el nuevo radar de la DGT Pegasus instalado en uno de los helicópteros. Como ya se anunció en su presentación, el radar permite controlar la velocidad a la que circulan los vehículos y se utilizará principalmente en las carreteras convencionales.
A la vigilancia en carretera se sumará la emisión de cuatro cuñas radiofónicas sobre la necesidad de cumplir los límites de velocidad.
La distancia de detención, la reducción del campo de visión y los límites en las carreteras secundarias y principales son algunos de los mensajes que se quieren transmitir.
Las prisas te hacen cometer errores pero conduciendo no hay segundas oportunidades” es el eslogan elegido para esta campaña.
  “El control de la velocidad es un instrumento importante para reducir la siniestralidad y los traumatismos por accidentes de tránsito, sobre todo entre los peatones, ciclistas y motociclistas. Esta es una de las conclusiones que obtiene la Organización Mundial de la Salud en su  Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial .
Asimismo, la Unión Europea, en su Vademecum de Seguridad Vial 2011-2012 estima que el exceso de velocidad es un factor clave en la producción de los accidentes de tráfico, llegando al 30% en el caso de los accidentes mortales. Además, el estudio SARTRE 3 financiado por la UE sobre comportamientos  y actitudes sociales, estima que el 25% de todos ciudadanos de la UE admiten superar los límites de velocidad en las autopistas y autovías y el 13%  en las carreteras convencionales.
¿QUÉ SABEMOS DE LA VELOCIDAD?
Pese a que la percepción entre los ciudadanos de que la velocidad es un factor importante en la producción de accidentes y en la lesividad de los mismos, muchos conductores siguen conduciendo a velocidades superiores  a las permitidas.
A continuación se enumeran varias razones para cumplir los límites de velocidad:
  • Un aumento del 5% en la velocidad provoca aproximadamente un incremento del 10% en los accidentes que causan traumatismos y del 20% en los accidentes con víctimas mortales.
  • A partir de 80 Km/h es prácticamente imposible que un peatón salve la vida en un atropello. A una velocidad de 30km/h, el riesgo de muerte del peatón se reduce a 10%.
  • Llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico.
  • A 120 km/h se necesita una distancia superior a un campo de futbol para detener el vehículo que conducimos. Esta distancia no solo depende del vehículo, si no de las condiciones psicofísicas del conductor.
  • El exceso de velocidad no solo incide en la seguridad vial, también tiene una influencia negativa sobre el medio ambiente, la calidad de vida y el consumo de combustible.

NORMATIVA
La ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación fijan la normativa aplicable a los límites genéricos y específicos de velocidad, velocidad en adelantamiento y distancia entre vehículos.
El incumplimiento de estas normas está tipificado como infracción grave o muy grave, sancionadas con multas de 100 a 600 euros.
En lo que al Permiso por Puntos se refiere, la Ley contempla la pérdida de entre 2 y 6 puntos por este tipo de infracción dependiendo del exceso de velocidad.
Además, el artículo 379 del Código Penal, tipifica como delito “el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participará este martes, 9 de abril, en la XV Conferencia Ministerial de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental

CONVOCATORIA DE PRENSA: Jorge Fernández Díaz asiste en Argel a la XV Conferencia Ministerial de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participará este martes, 9 de abril, en la XV Conferencia Ministerial de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental.

En este encuentro internacional, que reúne a los ministros del Interior de 10 países (España
, Portugal, Francia, Italia, Malta, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez y Argelia), se debatirán asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo y la cooperación internacional en este ámbito, la lucha contra la delincuencia organizada, la inmigración irregular y la colaboración en materia de Protección Civil, entre otros asuntos.
Previamente, Jorge Fernández Díaz mantendrá varios encuentros bilaterales con sus homólogos de Argelia, Mauritania y Libia.
Día:
Martes, 9 de abril de 2013
Hora:
10:00 horas
Lugar:
El Araussi Hotel
Argel (Argelia)

MINISTERIO DEL INTERIOR

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    Consultoria de seguridad nacional y internacional de latinoamerica: Colombia y Venezuela SISeguridad con experiencia en protección de infraestructuras de plantas quimicas y de petroleo (por Julián Flores Garcia)

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    La Guardia Civil desarticula una de las mayores organizaciones dedicada a la falsificación y venta de conocidas marcas comerciales La operación se inició tras detectar a varias personas, procedentes principalmente del Magreb y África Subsahariana, que se dedicaban a la venta de artículos falsificados de conocidas marcas comerciales. Principalmente operaban en época estival y navideña y sobre todo en las zonas más turísticas de la provincia de Cádiz.

    La Guardia Civil desarticula una de las mayores organizaciones dedicada a la falsificación y venta de conocidas marcas comerciales

    08 / 04 / 2013 Cádiz
    Se ha detenido a 50 personas e imputado a otras 21
    Se ha incautado género falsificado, especialmente ropa deportiva y perfumes, por valor de más de 2.184.000 de euros y 20.000 euros en efectivo. Además se han intervenido 16 vehículos
    La red distribuyó más de 250.000 artículos falsificados por distintos puntos del territorio nacional durante el año pasado
    Los cabecillas de la red operaban desde las provincias de Cádiz, Sevilla, Orense y Badajoz, desde donde distribuían el género por todo el territorio nacional
    La Guardia Civil, en el marco de la operación “WALKING”, ha desarticulado una de las mayores organizaciones afincada en España dedicada a la falsificación, distribución y venta de artículos de conocidas marcas comerciales, especialmente ropa deportiva y perfumes. Los agentes han detenido a 50 personas y han imputado a otras 21 por delitos Contra la propiedad industrial y la propiedad intelectual.
    Además, se ha incautado mercancía falsificada por valor de más de 2.184.000 de euros, así como más de 20.000 euros en metálico. Asimismo, han intervenido 16 vehículos.
    La operación se inició tras detectar a varias personas, procedentes principalmente del Magreb y África Subsahariana, que se dedicaban a la venta de artículos falsificados de conocidas marcas comerciales. Principalmente operaban en época estival y navideña y sobre todo en las zonas más turísticas de la provincia de Cádiz.
    La red usaba a personas con una situación personal y económica vulnerable
    Tras las primeras investigaciones, los agentes detectaron que estas personas eran captadas por un grupo organizado para la distribución del género falsificado y, debido a su situación personal y económica vulnerable, lo aceptaban a cambio de unos pequeños beneficios por las ventas.
    Continuando con las investigaciones pudieron comprobar que el punto de almacenaje y distribución se encontraba en unos garajes y naves de la provincia de Sevilla. Por ello, realizaron varios registros en naves y domicilios de Sevilla capital y El Cuervo, dando como resultado la incautación de miles de prendas y la detención de 10 de los principales distribuidores.
    Posteriormente, en las provincias de Orense y Badajoz fueron localizados otros tres distribuidores de los productos falsificados a gran escala, y registraron 6 de sus domicilios, donde aprehendieron más de 10.000 artículos por valor de más de 700.000 euros y procedieron a la detención de las dos personas cabecillas del negocio.
    Todos ellos fueron los responsables del envío de más de 250.000 artículos falsificados a distintos puntos del territorio nacional durante 2012. Para la distribución de la mercancía utilizaban empresas de paquetería y posteriormente en las diferentes provincias se encargaban de su venta otros distribuidores a menor escala.
    Utilizaron el dinero recaudado para la financiación del crimen organizado
    La organización utilizaba un complejo sistema de ingeniería financiera, que mediante el uso de testaferros y sociedades interpuestas, les permitían incluir en el circuito legal los grandes beneficios obtenidos por su actividad. Se detectó que los beneficios obtenidos con estas actividades habían sido utilizados para la financiación del crimen organizado. Dicha información estaba registrada también en los sistemas de alerta de la Europol.
    Esta actividad ilícita perjudica a un gran número de trabajadores y propietarios de medianos y pequeños establecimientos que tienen a la venta este tipo de artículos. Este sector ha visto caer el pasado año las ventas respecto a años anteriores. En algunos casos el porcentaje de las pérdidas económicas registradas han alcanzado hasta un 85%, lo que ha conllevado en muchos casos el cierre de algunos negocios.
    En esta operación han participado agentes del Equipo de delitos contra el patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz.
    Para cualquier información dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz 956.293.408 ext. 4546.
    Existen imágenes de la operación en:
    www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/index.html
    Asimismo, hay fotografías publicadas en nuestra página web http://www.guardiacivil.com
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    Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia
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    30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

    Enlace Video informativo : http://goo.gl/7UfJs

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    Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han interceptado en el puerto de Valencia un contenedor de cacahuetes que ocultaba 134 kilogramos de cocaína. La droga fue enviada desde Brasil por el método del “gancho ciego

    La Policía Nacional intercepta un contenedor de cacahuetes con 134 kilogramos de cocaína en el puerto de Valencia

    08 / 04 / 2013 Valencia
    Enviada desde Brasil por el método del “gancho ciego”
    Pretendían introducir la droga en nuestro país por mar y en el interior de un cargamento cuyo destinatario era una empresa valenciana
    Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han interceptado en el puerto de Valencia un contenedor de cacahuetes que ocultaba 134 kilogramos de cocaína. La droga fue enviada desde Brasil por el método del “gancho ciego”. El destinatario de la mercancía legal era una empresa valenciana.
    Las investigaciones comenzaron a finales del mes pasado, cuando los investigadores recibieron una información sobre la llegada al puerto de Valencia de un barco que transportaba un contenedor, en principio, cargado con cuchillos y procedente del municipio de Santos, en el estado de Sao Paulo (Brasil). Al parecer, junto a la mercancía legal, se había introducido una cantidad indeterminada de estupefaciente por el método del “gancho ciego” -fracturando los precintos originales de la carga para introducir la sustancia ilegal y volver a cerrarla con nuevos precintos-.
    A la llegada de la embarcación, los funcionarios procedieron en primer lugar a la inspección de seis contendedores sospechosos, con resultado negativo. Al día siguiente se realizó un análisis de los datos relativos a los 1.715 contenedores que el barco había descargado en el puerto valenciano, sin que tampoco se pudiese localizar cargamento alguno de cuchillos, como indicaban las primeras informaciones, ni de objetos similares.
    Un contenedor de cacahuetes
    Nuevas pesquisas de los investigadores permitieron la averiguación del número del contenedor que supuestamente transportaba la sustancia estupefaciente, por lo que se procedió de inmediato a contactar con los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Valencia, al objeto de localizar la Terminal exacta en la que se habría descargado el contenedor en cuestión. Una vez localizado y puesto bajo vigilancia policial, se realizó la inspección de la carga, esta vez de cacahuetes, y la intervención de cinco bolsas de lona que contenían 134 paquetes de cocaína, así como los precintos que requiere el método utilizado por los narcotraficantes.
    La operación se ha realizado por el GRECO Levante y el Grupo 5º de Estupefacientes de la UDYCO de Valencia,  junto con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Valencia.
    NOTA:  Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes en el siguiente enlace:
    http://prensa.policia.es/gancho.rar
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    ANTEPROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

    Enlace link : http://bit.ly/Zz937w

    http://bit.ly/11gc0MT

    El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO: bit.ly/13RIrqx

    El borrador de lo que será la futura Ley que substituirá a la anterior:
    http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/anteproyecto_ley_segur_priv.pdf

    La Guardia Civil, en el marco de la operación “WALKING”, ha desarticulado una de las mayores organizaciones afincada en España dedicada a la falsificación, distribución y venta de artículos de conocidas marcas comerciales, especialmente ropa deportiva y perfumes. Los agentes han detenido a 50 personas y han imputado a otras 21 por delitos Contra la propiedad industrial y la propiedad intelectual

    La Guardia Civil desarticula una de las mayores organizaciones dedicada a la falsificación y venta de conocidas marcas comerciales

    08 / 04 / 2013 Cádiz
    Se ha detenido a 50 personas e imputado a otras 21
    Se ha incautado género falsificado, especialmente ropa deportiva y perfumes, por valor de más de 2.184.000 de euros y 20.000 euros en efectivo. Además se han intervenido 16 vehículos
    La red distribuyó más de 250.000 artículos falsificados por distintos puntos del territorio nacional durante el año pasado
    Los cabecillas de la red operaban desde las provincias de Cádiz, Sevilla, Orense y Badajoz, desde donde distribuían el género por todo el territorio nacional
    La Guardia Civil, en el marco de la operación “WALKING”, ha desarticulado una de las mayores organizaciones afincada en España dedicada a la falsificación, distribución y venta de artículos de conocidas marcas comerciales, especialmente ropa deportiva y perfumes. Los agentes han detenido a 50 personas y han imputado a otras 21 por delitos Contra la propiedad industrial y la propiedad intelectual.
    Además, se ha incautado mercancía falsificada por valor de más de 2.184.000 de euros, así como más de 20.000 euros en metálico. Asimismo, han intervenido 16 vehículos.
    La operación se inició tras detectar a varias personas, procedentes principalmente del Magreb y África Subsahariana, que se dedicaban a la venta de artículos falsificados de conocidas marcas comerciales. Principalmente operaban en época estival y navideña y sobre todo en las zonas más turísticas de la provincia de Cádiz.
    La red usaba a personas con una situación personal y económica vulnerable
    Tras las primeras investigaciones, los agentes detectaron que estas personas eran captadas por un grupo organizado para la distribución del género falsificado y, debido a su situación personal y económica vulnerable, lo aceptaban a cambio de unos pequeños beneficios por las ventas.
    Continuando con las investigaciones pudieron comprobar que el punto de almacenaje y distribución se encontraba en unos garajes y naves de la provincia de Sevilla. Por ello, realizaron varios registros en naves y domicilios de Sevilla capital y El Cuervo, dando como resultado la incautación de miles de prendas y la detención de 10 de los principales distribuidores.
    Posteriormente, en las provincias de Orense y Badajoz fueron localizados otros tres distribuidores de los productos falsificados a gran escala, y registraron 6 de sus domicilios, donde aprehendieron más de 10.000 artículos por valor de más de 700.000 euros y procedieron a la detención de las dos personas cabecillas del negocio.
    Todos ellos fueron los responsables del envío de más de 250.000 artículos falsificados a distintos puntos del territorio nacional durante 2012. Para la distribución de la mercancía utilizaban empresas de paquetería y posteriormente en las diferentes provincias se encargaban de su venta otros distribuidores a menor escala.
    Utilizaron el dinero recaudado para la financiación del crimen organizado
    La organización utilizaba un complejo sistema de ingeniería financiera, que mediante el uso de testaferros y sociedades interpuestas, les permitían incluir en el circuito legal los grandes beneficios obtenidos por su actividad. Se detectó que los beneficios obtenidos con estas actividades habían sido utilizados para la financiación del crimen organizado. Dicha información estaba registrada también en los sistemas de alerta de la Europol.
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    MINISTERIO DEL INTERIOR

    El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha desarticulado en Sevilla una red dedicada a la venta de angulas de procedencia ilegal, imputando a 14 personas por un supuesto Delito contra la la Flora y Fauna Silvestre y de Contrabando con especies CITES.

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    La Guardia Civil desarticula una red dedicada a “legalizar” la venta de angulas capturadas ilegalmente

    06 / 04 / 2013 SEVILLA
    Imputados 11 pescadores y 3 administradores de una empresa dedicada a la comercialización de diferentes especies
    Mezclaban los ejemplares capturados de manera ilegal, con  otros adquiridos de forma legal  para su posterior venta
    El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, ha desarticulado en Sevilla una red dedicada a la venta de angulas de procedencia ilegal,    imputando a 14 personas por un supuesto Delito contra la la Flora y Fauna Silvestre y de Contrabando con especies CITES.
    La investigación comienza el pasado mes de diciembre, tras el control por parte de la Guardia Civil de un vehículo perteneciente a una empresa de la localidad de Isla Mayor dedicada a la acuicultura, que transportaba 25 kg.de angulas  vivas sin poder acreditar su legal procedencia.
    Tras diferentes pesquisas se tiene conocimiento que la empresa anteriomente reseñada, dedicada a la comercializacion del cangrejo rojo de río, camarones, anguilas, angulas y otras especies, legalizaba la venta de la especie “Anguilla anguilla”- Anguila Europea-,  capturadas por  pescadores en la zona de influencia del Bajo Guadalquivir (práctica totalmente prohibida), mezcladas con ejemplares adquiridos de manera legal.
    La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Inspección de Pesca de la Provincia de Sevilla, perteneciente a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, procedieron a la inspección de los productos pesqueros de la citada empresa.
    Ante la imposibilidad de la empresa de poder acreditar durante la inspección la procedencia de un número indeterminado de kilogramos de angulas, procede a evacuarlas por un desagüe, acabando dichos ejemplares en un cauce de derivación de aguas.
    Ante la magnitud del daño biológico ocasionado y al objeto de ayudar en la conservación y recuperación de la especie “Anguilla anguilla”- Anguila Europea-, los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil alertan del vertido al Director del Plan de Recuperación de la Anguila Europea en Andalucía, procediendo éste a la recuperación de una parte de las angulas vertidas, con fines a la reintroducción a su medio natural.
    La Guardia Civil procede por todo ello a la imputación de 11 pescadores y 3 administradores de la empresa, todos ellos vecinos de Isla Mayor, por un supuesto delito Contra la Flora y Fauna Silvestre y un supuesto delito de Contrabando con especies CITES. 
    Es importante conocer, que la especie “Anguilla anguilla”(Anguila Europea) está declarada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluida en el Apéndice II del Convenio CITES y prohibida su captura en cualquiera de sus fases de desarrollo en las aguas marítimas interiores y continentales de Andalucía, durante un período de diez años desde la entrada en vigor del Decreto 396/2010,  de 2 de noviembre, por el que se establecen medidas para la recuperación de esta especie.
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    30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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