Archivo por días: 12 abril, 2013

Los primeros militares Medio centenar españoles en llegar a Malí lo hicieron el 8 de febrero, como parte de una avanzadilla de 70 efectivos que comenzó a preparar en Bamako el despliegue de la misión. Otros seis militares llegaron el pasado 1 de marzo: cinco están destinados en el Cuartel General en Bamajo y el otro se encuentra ya en Koulikoro.


Medio centenar de militares españoles salen mañana hacia Malí para sumarse a la misión de entrenamiento de la UE

Acto de despedida de la Brileg de la sección de protección para misión de Malí
Foto: EUROPA PRESS/EJÉRCITO

Viajan desde Almería 15 instructores de Operaciones Especiales y 35 legionarios para proteger las labores de formación

   MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) –
   Medio centenar de militares españoles saldrán mañana desde Almería hacia Malí, donde se sumarán a la misión de la Unión Europea para entrenar y asesorar al Ejército maliense con el objetivo de que pueda imponerse a los grupos yihadistas en el norte del país. En concreto, volarán hasta Bamako 15 instructores de Operaciones Especiales y 35 legionarios, que serán parte de la fuerza de protección que garantizará la seguridad de los formadores.
   El contingente español –al que se suman ocho militares que comenzaron a llegar a Malí desde el pasado mes de febrero– permanecerá unos días en Bamako, donde está el Cuartel General de la misión, y después la gran mayoría de sus efectivos se trasladará a la Koulikoro, localidad ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de la capital, donde se encuentra el campamento de entrenamiento.
   En este campamento, los 15 efectivos de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra contribuirán a la instrucción para este tipo de misiones de los soldados malienses. En total, la misión cuenta con 196 formadores de países de la Unión Europea.
   Los instructores contarán a su vez con la protección de 165 militares europeos, una fuerza que ha presentado dificultades para poder completarse. Este aspecto de la misión y los medios de aeroevacuación médica fueron los últimos flecos de la misión en cerrarse.
   Finalmente, España aportará una sección de protección para el campamento de Koulikoró y Francia se hace cargo de las otras tres necesarias, unos 96 efectivos, hasta completar los 120 efectivos que se habían establecido como necesarios para garantizar la seguridad en la base de entrenamiento y el cuartel avanzado en Koulikoró, así como del material que entrará y saldrá de la base.
   Los primeros militares españoles en llegar a Malí lo hicieron el 8 de febrero, como parte de una avanzadilla de 70 efectivos que comenzó a preparar en Bamako el despliegue de la misión. Otros seis militares llegaron el pasado 1 de marzo: cinco están destinados en el Cuartel General en Bamajo y el otro se encuentra ya en Koulikoro.
   En total, la misión cuenta con un total de 537 efectivos, de los que Francia, nación marco, aporta 207, incluidos 96 de fuerza de protección y casi 50 instructores de infantería. El segundo contribuyente es Alemania, con 71 efectivos, de los que 38 formarán parte del equipo médico del hospital militar ‘role 2’ que también aportan.
   Detrás de España, en número de efectivos, está Reino Unido, que participa en la misión con 40 militares, entre ellos 21 instructores de infantería, 12 de artillería y tres expertos en Derecho Humanitaria Internacional y cuestiones de género.
   Además, la República Checa aporta 34 militares como fuerza de protección al Cuartel General de Bamako y Bélgica, 25 para las aeroevacuaciones médicas y dos helicópteros con estos fines. También participan, en menor medida, Polonia, Suecia, Finlandia, Italia, Irlanda, Hungría, Grecia, Estonia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Bulgaria y Luxemburgo.

DOS MISIONES CLAVE

   La misión, lanzada por los Veintisiete el pasado 18 de febrero con un mandato inicial de 15 meses y bautizada ‘EUTM Malí’, tiene dos pilares esenciales. En primer lugar, pretende contribuir a la reestructuración del Ejército malienses bajo una autoridad civil y asesorar al Estado Mayor en cuestiones que van desde el mando y control, logística y recursos humanos al respeto del Derecho Humanitario y los Derechos Humanos.    
   El segundo pilar de la misión es contribuir a formar a cuatro de los ocho batallones del Ejército maliense para ayudarle a mantener el control y la integridad territorial de su país a largo plazo.
   La misión comenzó el pasado 2 de abril las tareas de entrenamiento del primer batallón, a las que se sumarán los instructores españoles el 20 de abril.
   La Unión Europea llevaba meses planeando esta misión, después de que el golpe de Estado militar de marzo de 2012, que derrocó al presidente Amadou Toumani Touaré, fuera aprovechado por los rebeldes tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad para declarar la independencia del norte del país. Los militares golpistas alegaban precisamente no contar con suficientes medios para enfrentarse a los rebeldes.
   A las aspiraciones de los rebeldes tuaregs se fueron sumando después otros grupos, algunos de corte yihadista radical, que han generado una grave situación de inseguridad en toda la región. El avance de estos grupos hacia la capital el pasado mes de enero llevó a Francia a lanzar una operación militar para frenar su expansión.

EL ‘HÉRCULES’ SEGUIRÁ EN LA ZONA

   España apoya también la ‘Operación Serval’, para la que Francia ya planea la retirada, con un avión de transporte militar y medio centenar de efectivos del Ejército del Aire, que tienen su base en Dakar (Senegal). Desde ahí, realizan vuelos estratégicos para el traslado de tropas francesas y africanas, una tarea a la que también han sumado la de reabastecimiento en vuelo, una capacidad de la que dispone el avión ‘Hércules’ C-130 desplegado.
   El denominado ‘Destacamento Marfil’ se encuentra en Bamako desde el pasado 26 de enero. En un principio, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, solicitó una autorización para tres meses, que se dijo que podría ser prorrogable. Según fuentes de este Departamento, el avión continuará en la zona el tiempo que se considere necesario.
   Es más, fuentes militares han apuntado que, incluso en el caso de que la ‘Operación Serval’ de Francia concluya su misión, el ‘Hércules’ podría seguir desplegado en la zona si se considera que es necesario en el marco de la misión de entrenamiento de la Unión Europea.
   Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, a donde acudió junto al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, para solicitar el apoyo de la Cámara a la misión, Morenés explicó que el coste de la participación española en la misión de entrenamiento podría alcanzar los 3,8 millones de euros para un total de 15 meses.
   Por lo que se refiere al gasto del despliegue del avión ‘Hércules’, fuentes militares apuntaron que podría situarse entre los tres y los diez millones de euros por trimestre, dependiendo del número de vuelos que haga.

Las empresas de seguridad que operan en Metro de Madrid deberán asumir un recorte de personal en el servicio.

05 de abril del 2013

Metro de Madrid prepara un gran ajuste de personal que afectará a los empleados de seguridad. A lo largo de un año las empresas adjudicatarias deberán prescindir de más de 600 vigilantes

Actualmente hay más de 1.700 empleados de seguridad trabajando en el Metro madrileño, pero en un período de entre uno y dos años, la plantilla se reducirá en aproximadamente un 36%. Las empresas de seguridad que operan en Metro de Madrid deberán asumir un recorte de personal en el servicio.

La negociación del convenio de Metro de Madrid se ha visto empañada por un nuevo plan deajustes. Esta vez afectará a la prestación del servicio de seguridad: la entidad pública obligará a las empresas privadas adjudicatarias a prescindir de unos 600 trabajadores de seguridad en los próximos 12-24 meses.
El plan de Metro, tal y como explican fuentes del sector, parece abocado a generar un clima deconflictividad con los sindicatos de los vigilantes. No se descarta incluso nuevas huelgas y lo que aventuran como “un verano caliente”.
Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, la dirección del suburbano ha impuesto a las diferentes empresas privadas que prestan este servicio unas duras condiciones para ahorrar encostes de personal.
Aceptar este recorte es indispensable para aquellas empresas que quieran renovar sus servicios con Metro, según fuentes sindicales consultadas por ECA.
De los más de 1.700 empleados de seguridad que hay en Metro de Madrid, se tendrá que prescindir de algo más de 600. Ésas son las cifras que manejan los trabajadores y que suponen un recorte de aproximadamente un 35% de la plantilla.
Tal y como adelantó este diario, a comienzos de año Prosegur traspasó su contrata de seguridad en dos líneas a la empresa Ombdus. Prosegur se sumaba así a otras empresas comoSecuritas –que ya había renunciado a su contrato- o el de Eulen, que decidió no presentarse a la última adjudicación.
“Ya hace un año que se empezó a hablar de un recorte en el número de empleados de seguridad de Metro Madrid”, indica uno de sus trabajadores.
Según fuentes del suburbano, está previsto que Metro adjudique la seguridad de todas las líneas en mayo o junio de este mismo año –el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo martes 9-.
El procedimiento de subasta se implantó en 2012 en lugar del concurso para reducir costes. “Así ganan las ofertas más baratas”, aseguran fuentes consultadas por ECA. “Esto supuso cambios a peor en los derechos de los trabajadores y en el sueldo”.

ANTEPROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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El reconocimiento del carácter de Agente de la Autoridad para el VS no constituye ningún privilegio COMPÁRTELO: bit.ly/13RIrqx

El borrador de lo que será la futura Ley que substituirá a la anterior:
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/anteproyecto_ley_segur_priv.pdf

El Consejo de Ministros tramitará mañana el anteproyecto de ley de seguridad privada, que impondrá mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas

El Gobierno tramita la ley de seguridad privada con más control a los detectives


11 de abril de 2013. 21:45h Efe.  Madrid.

El Consejo de Ministros tramitará mañana el anteproyecto de ley de seguridad privada, que impondrá mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Con el fin de actualizar la vigente normativa que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto de la nueva ley para adaptarla a un sector que ha experimentado en los últimos años un extraordinario auge debido, entre otras cosas, a la innovación tecnológica.
Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales.
Tal y como avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas «cautelas», como la obligación de «velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado».
Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.
Fernández Díaz quiso dejar claro que en la ley quedará «perfectamente establecido» qué tipo de encargos son ilegales y, por tanto, no pueden llevar a cabo los detectives, como actividades que vulneren la intimidad, porque entraría «en el campo de lo delictivo».
Además, habrá un catálogo concreto de normas que deberán seguir los detectives, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado con la retirada de la autorización para ejercer la profesión.
Pero la ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.
De hecho, el objetivo es hacer más «compatibles» y «complementarias» las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
El texto del anteproyecto se someterá a dictamen de diversos órganos consultivos y volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su posterior remisión a las Cortes.

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El borrador de lo que será la futura Ley que substituirá a la anterior:
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/anteproyecto_ley_segur_priv.pdf

Fuente: La razón   11 de abril de 2013. 21:45h Efe.  Madrid.
Julian Flores Garcia
Consultor de Seguridad Internacional de Latinoamerica
director@siseguridad.es

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Un nuevo documento de EEUU reconoce a Colombia como un destino seguro

Estados Unidos actualizó este jueves la información contenida en la alerta de viaje que hace a los ciudadanos que desean visitar Colombia y resalta los progresos que ha hecho el país en materia de seguridad. 
El documento anterior había sido publicado en octubre del año pasado por el Departamento de Estado de ese país.
A diferencia de reportes publicados en el pasado, el nuevo documento reconoce a Colombia como un destino seguro para decenas de miles de ciudadanos norteamericanos que visitan el país cada año, no sólo en calidad de turistas sino también como estudiantes universitarios, por razones de negocios o para realizar voluntariados.
Adicionalmente, la alerta destaca que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos viajan regularmente a ciudades principales en el territorio colombiano de forma segura.
Por último, se destaca que el Departamento de Estado reconoce que no existe evidencia de que los ciudadanos estadounidenses que visitan el país sean objetivo de actividades criminales por la simple razón de su nacionalidad.
Si bien el Gobierno Colombiano ha reiterado que las condiciones actuales de seguridad en el país ameritan que Estados Unidos remueva definitivamente la alerta de viaje, también reconoce el uso de un lenguaje más moderado en la nueva versión publicada el día de hoy.
Fuente por: Elespectador.com
Para mayor información:

Julian Flores Garcia
Consultor de Seguridad Internacional

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Consultoria de seguridad nacional y internacional de latinoamerica: Colombia y Venezuela SISeguridad con experiencia en protección de infraestructuras de plantas quimicas y de petroleo (por Julián Flores Garcia)

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El presidente de Colombia Santos encabeza un simbólico acto de devolución a 60 familias campesinas

Colombia devuelve tierras a los campesinos despojados por paramilitares

El presidente Santos encabeza un simbólico acto de devolución a 60 familias campesinas

Un juez ordenó la restitución de predios arrebatados por los hermanos Castaño, fundadores del paramilitarismo

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabeza un acto de devolución de tierras. 
Enviar a  años de desplazamiento y despojo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, encabezaron este miércoles un acto simbólico en zona rural de Montería, en el norteño departamento de Córdoba –epicentro del paramilitarismo y del conflicto armado en Colombia–, en el que le devolvieron a 60 familias campesinas las tierras que les fueron arrebatadas por grupos armados.
En Colombia se calcula que más de 6,6 millones de hectáreas fueron usurpadas como consecuencia de la violencia en las últimas dos décadas, en un país en el que el 1,5% de los propietarios tiene el 52% de la tierra que se puede cultivar, según los analistas del tema agrario.
En este caso, los responsables del despojo fueron los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, un clan de narcos y paramilitares, quienes le habían donado, supuestamente, estas fincas a cientos de familias campesinas en 1991, como parte de lo que ellos llamaron un plan de pacificación del departamento de Córdoba.
Este acto tiene una gran significación para el país, porque la justicia confirma que este clan paramilitar, que creó la tenebrosa Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, usó su máquina de guerra para acumular tierras y despojar a cientos de campesinos con el uso de la violencia.
Estos paramilitares, quienes tenían nexos con narcotraficantes y se habían convertido en una banda de justicia privada en la región que cometió masacres y desapariciones, hicieron una falsa desmovilización en 1991 y promovieron en el norte del país el supuesto plan de pacificación de la región del Urabá antioqueño y cordobés, una zona de grandes plantaciones bananeras y también epicentro del conflicto armado y del narcotráfico del Cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar.
Los Castaño vendieron al país que, como parte de su desmovilización, harían una reforma agraria a través de una fundación por la paz de Córdoba, llamada Funpazcor, a través de la que entregaron miles de hectáreas de tierra a campesinos pobres, pero que según se ha conocido por investigaciones de la justicia no era más que una farsa para mantener el control de la región. Fue así como a los campesinos que les donaron las tierras, les incluyeron en las escrituras extrañas cláusulas que limitaban la forma en la que usarían las fincas, entre las que estaban que nunca podrían venderlas.
Sin embargo, pocos años después, tras la muerte del patriarca Fidel, sus hermanos decidieron deshacer las donaciones y despojar a los campesinos de las parcelas. A algunos de los que se opusieron, les ordenaron vender sus tierras a testaferros tras quemar sus propiedades y amenazarlos.
Estas tierras fueron revendidas por los paramilitares a personas cercanas a ellos, pero, tras la desmovilización en 2006 de la llamada ‘Casa Castaño’ y el proceso de restitución de tierras que se inició con la sanción de la Ley de Víctimas en 2012, los campesinos que fueron despojados por la violencia paramilitar solicitaron a jueces agrarios su devolución.
En tres sentencias expedidas a lo largo de este año, un juez de restitución de tierras de Antioquia, tras comprobar que las ventas que se efectuaron sobre estos terrenos se hicieron bajo presión, ordenó al Estado devolverles a las 60 familias víctimas de los hermanos Castaño, 272 hectáreas de tierras que se concentran en la finca Santa Paula, así como los respectivos títulos que los acreditan como los legítimos dueños. Estas familias recibieron cerca de 360.000 euros para la construcción de sus viviendas en los predios recuperados y otro tanto para financiar proyectos productivos.
A la fecha, en el país hay más de 1.500 demandas de restitución de tierras y en casi seis meses que lleva funcionando esta nueva jurisdicción civil se han fallado 41 de ellas a favor de campesinos que han sido despojados de sus propiedades por grupos paramilitares y guerrilleros.
Sin embargo, muchas de estas sentencias no han podido ser ejecutadas porque en el país varios de estos reclamantes de tierras han sido amenazados o asesinados por los grupos que aun mantienen control sobre territorios como Córdoba, en donde delinquen las llamadas bandas criminales – herederos de los paramilitares- y las guerrillas como las FARC. La última víctima, Éver Cordero, fue asesinado el martes en la noche. Por rechazo a este hecho, 46 líderes de víctimas y reclamantes de tierras en la región, decidieron no acompañar la entrega de las parcelas en Santa Paula.
Fuente.  Bogotá 11 ABR 2013 – 09:10 CET

julian flores garcia
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