Archivo por días: 7 mayo, 2013

Maduro, durante un encuentro con vecinos de la localidad de Chacao

Internacional / crisis en venezuela

Maduro ordena el despliegue de los militares para combatir la inseguridad

Dice que entre los oficiales de la Fuerzas Armadas había «entusiasmo» por salir «en unión cívica militar para proteger al pueblo»

Maduro ordena el despliegue de los militares para combatir la inseguridad
Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia

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by Julián Flores Garcia 

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Julián Flores Garcia | 30 abril, 2013 en 17:02 | Etiquetas: armas de fuego, ARMAS Y EXPLOSIVOS, banco central europeo, consultora de seguridad internacional, DIECTOR DE SEGURIDAD, DIRECTOR DE SEGURIDAD, director general, GUARDAS DE CAZA PESCA MARITIMO | Categorías: ARMAS Y EXPLOSIVOS SEGURIDAD PRIVADA | URL: http://wp.me/p2mVX7-Gb 
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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer el inicio de un plan piloto para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles del país con el objetivo de que contribuyan a combatir el elevado índice de delitos.

«El lunes que viene ya definitivamente (…) arranca en lugares que hemos seleccionado para planes piloto en todo el país, la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana en las calles de Venezuela, para proteger al pueblo de Venezuela», según dijo Maduro en un acto público en Caracas.
El líder bolivariano describió la iniciativa como un «plan especial» y parte de una fórmula «venezolana y bolivariana» para atacar la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los venezolanos.
«Nuestra milicia, nuestro ejército, nuestra Guardia Nacional a la calle a proteger al pueblo», dijo en medio de aplausos de sus seguidores.
Afirmó que entre los oficiales de la Fuerza Armada había «entusiasmo» por salir «en unión cívica militar para proteger al pueblo» de Venezuela, donde según dijo el Gobierno, el número de homicidios aumentó en marzo un 14 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar un total de 16.072 casos.

Esta cifra equivale a una tasa de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con declaraciones del entonces ministro del Interior, Néstor Reverol, recogidas por diarios locales
Fuente: ABC

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III) Belt – Segurpricat –

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)



ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR

FUNDAMENTO

La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.

En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.

El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.

Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.

Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:

SP = SC + PC + SV

SP: Seguridad Pública.

SC: Seguridad Ciudadana.

PC: Protección Civil.

SV: Seguridad Vial.

¿Qué son riesgos accidentales?

En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.


Veamos un árbol de seguridad pública:

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública:


El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”

La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.

Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.

En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.

El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:

No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.

Podemos entender en este artículo que se refiere:

a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.

b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.

¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?

Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.

Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.

Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.

PROPUESTA

Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.

La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.

Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.

Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.

Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.

Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.

Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.

Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.

En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.

Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.

Continuará …

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III) Belt Segurpricat

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)




ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR

FUNDAMENTO

La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.

En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.

El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.

Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.

Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:

SP = SC + PC + SV

SP: Seguridad Pública.

SC: Seguridad Ciudadana.

PC: Protección Civil.

SV: Seguridad Vial.

¿Qué son riesgos accidentales?

En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.



Veamos un árbol de seguridad pública:

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública:

El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”

La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.

Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.

En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.

El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:

No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.

Podemos entender en este artículo que se refiere:

a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.

b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.

¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?

Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.

Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.

Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.

PROPUESTA

Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.

La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.

Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.

Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.

Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.

Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.

Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.

Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.

En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.

Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.

Continuará …

La red profesional permite añadir vídeos a los perfiles

La compañía, cuestionada por sus previsiones

Linkedin o cómo vender vídeos no basta

  • La red profesional permite añadir vídeos a los perfiles
  • Las previsiones de la compañía preocupan a los analistas
Pantalla de Linkedin
REUTERS
Linkedin está bajo presión. Tras una ganancia de más del 50% en lo que va de año, y casi cuadriplicar su valor desde la salida a Bolsa hace dos años, el mercado pide más. Y los datos no son lo que se esperaba. Al menos, de momento.
La red social profesional anunció al final de la semana pasada unas previsiones de ingresos que han decepcionado a los inversores, ya que, a su juicio, sugieren que la compañía no está aprovechando lo suficiente el crecimiento a través del móvil. Una historia que recuerda al castigo sufrido por Facebook precisamente por este flanco.
Mientras, Linkedin se esmera en lanzar nuevas herramientas y productos diseñados para mantener a los usuarios de smartphones, así como para ampliar su base de clientes. En esa línea, la compañía destacaba en la conferencia ante analistas el lanzamiento hace unos días de una nueva opción que permite la posibilidad de mostrar imágenes y vídeo en los perfiles profesionales. Una apuesta por el contenido visual que, sin embargo, no ha compensado otras debilidades que aprecian los analistas.
Los ingresos en el trimestre actual estarán en torno a los 342 o 347 millones de dólares anunció Linkedin. Esa cifra queda por debajo de los 359 millones que preveían los analistas consultados por Bloomberg. En saco roto han caído, estiman las firmas de análisis, los 90 millones de dólares que el grupo dijo que destinaría a la plataforma Pulse para impulsar sus ingresos a través del móvil.
Tampoco las previsiones para el ejercicio dieron muchas alegrías. La estimación de 1.430 a 1.460 millones de dólares no alcanzan los 1.500 millones que esperaban los analistas.
Linkedin aún con todo no depende tanto de la publicidad, una circunstancia que le ha hecho brillar en Bolsa en el universo decadente de las redes sociales. El negocio de búsqueda de perfiles profesionales (head hunter) es el que más sigue sosteniendo los ingresos de la red social, alrededor del 50%. La red social, que cuenta con unos 22 5millones de usuarios, ha logrado así comportarse en Bolsa mejor que otros rivales como Facebook y Zynga.

Detectives acusan a Interior de favorecer a las empresas de seguridad privada

Detectives acusan a Interior de favorecer a las empresas de seguridad privada

EFE – 06/05/2013
Madrid, 6 may (EFE).- Los detectives han acusado hoy al Gobierno de favorecer a las empresas de seguridad privada y aceptar su «presión» para que en la nueva ley que prepara el Ministerio del Interior las compañías del sector puedan ejercer labores de investigación hasta ahora reservadas a los despachos de detectives.
Un reproche que ha expresado hoy, en rueda de prensa, el presidente de la Sociedad Española para el Desarrollo y Difusión de la Investigación Privada (Seddip), Eduardo Navasquillo, quien también ha atribuido a la presión de los «políticos» que Interior quiera establecer más controles a la actividad de los detectives.
En su opinión, el hecho de que hayan salido a la luz informaciones sobre seguimientos a cargos públicos ha empujado al ministerio a introducir un mayor control, si bien Navasquillo ha dejado claro que esas pesquisas se han realizado siempre y que los propios políticos encargan a los detectives investigaciones de sus rivales.
Según ha recordado Navasquillo, de aprobarse en su redacción actual el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la actual normativa de 1992, las empresas privadas podrán hacer investigación, lo que supondrá el «cierre» de muchos despachos de detectives que no podrán competir con las compañías.
Navasquillo ha reprochado a Interior legislar «en caliente» y agilizar el anteproyecto después de la «operación Pitiusa», en la que están implicados detectives por la venta de informes, o el supuesto caso de espionaje de Método 3 a políticos catalanes.
Ambos casos, ha dicho el presidente de Seddip, han perjudicado al colectivo de detectives, ya de por sí bastante afectado por la crisis económica, por el intrusismo de «policías y guardias civiles» o por el trabajo sin darse de alta en la Seguridad Social de algunos de estos profesionales.
Con la nueva ley la situación empeorará, toda vez que, además, se les requerirá un aval económico para su actividad del que no podrán disponer y tendrán que competir en desigualdad de condiciones con las empresas, en opinión de Navasquillo.
En este sentido, ha explicado que el hecho de que las empresas puedan realizar investigaciones les permitirá hacerse con espacios hasta ahora reservados a los detectives, como grandes hoteles, centros comerciales, instituciones feriales y, en el futuro, con complejos de ocio como Eurovegas.
Pero el anteproyecto, ha señalado Navasquillo, establece también un mayor control de sus investigaciones y, así, tendrán que dar cuenta al ministerio de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos.
Además, deberán destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe.
Los detectives no están de acuerdo con esas medidas, creen que ya están suficientemente controlados con las inspecciones de la Policía y los libros de registro obligatorios y aseguran que entregar datos privados a la Administración «invade» la intimidad.
Como ejemplo, Navasquillo ha citado un encargo que suelen recibir a menudo los detectives por parte de muchos padres, que es la vigilancia de un menor para comprobar si consume drogas, las compañías que frecuenta u otros detalles de su vida.
«¿Por qué hay que remitir esos datos de carácter privado al Ministerio del Interior?», se ha preguntado este detective, quien también ha criticado la pretensión del Gobierno de que las grabaciones se destruyan en un año, ya que, a su juicio, son pruebas que, dada la «lentitud» de la Justicia en España, pueden ser valiosas para un proceso.
Los representantes de la Seddip ya han contactado con algunos grupos políticos para presentar sus propuestas a la nueva ley, entre ellas que los detectives tengan una regulación propia. EFE

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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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El presidente de la Unión de Guardias Civiles (Unión-GC), Ramón Rodríguez Prendes, ha rechazado hoy la implantación de seguridad privada exterior en veintiuna prisiones españolas que, a su juicio, generará un mayor gasto y puede suponer el traslado de agentes destinados en estos servicios

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La Unión de Guardias Civiles rechaza seguridad privada en las prisiones

  • El presidente de la Unión de Guardias Civiles (Unión-GC), Ramón Rodríguez Prendes, ha rechazado hoy la implantación de seguridad privada exterior en veintiuna prisiones españolas que, a su juicio, generará un mayor gasto y puede suponer el traslado de agentes destinados en estos servicios.

Rodríguez Prendes, en una rueda de prensa en Valladolid, ha indicado que a partir de ahora en veintiuna prisiones españolas, diecinueve de ellas custodiadas por la Guardia Civil y dos por el Cuerpo Nacional de Policía, se ha implantado la vigilancia privada exterior.
El presidente de Unión-GC ha explicado que en estos centros habrá vigilancia exterior privada que ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas en al que figuran las principales empresas de seguridad, aunque ha recordado que los vigilantes privados irán desarmados y estarán a las órdenes de los agentes, bien de la Guardia Civil o bien del Cuerpo Nacional de Policía.
También ha indicado que esta medida va a suponer un incremento del gasto en la vigilancia de las prisiones españolas, en las que a su juicio en los últimos años no se han producido incidencias que permitan deducir que la custodia es deficiente.
Rodríguez Prendes, tras mostrar su extrañeza ante «el afán privatizador» del Gobierno, ha advertido de que la decisión causa «estupor e intranquilidad» entre los agentes encargados de la vigilancia exterior de las prisiones que ven en la medida «inestabilidad en su destino» ante la posibilidad de que sean trasladados en sus puestos de trabajo.
Al respecto, Rodríguez Prendes ha señalado que los agentes de la Guardia Civil destinados al control exterior de las prisiones carecen de complemento de especialidad y son de los peor remunerados en este Cuerpo.
También ha denunciado que ha habido «oscurantismo» en la adjudicación de los servicios a una unión de empresas de seguridad privada.
El secretario de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León, Ovidio Martínez, ha indicado que si el Gobierno quiere reforzar el personal destinado a la vigilancia de las prisiones convoque una oferta de empleo público «en concurrencia de igualdad de méritos y oportunidades» y «sin ocultismos».

El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de empresas de seguridad privada

El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de empresas de seguridad privada

La seguridad privada se instala en la cárcel como «apoyo» a la Benemérita

Cuatro vigilantes trabajan desde ayer en el control del perímetro exterior y los monitores, labor que ya desempeñan guardias civiles

Raquel Rendón huelva | Actualizado 07.05.2013 – 01:00

zoom
Un furgón y un coche patrulla del Instituto Armado, adentrándose en el recinto carcelario de La Ribera.
  • El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de empresas de seguridad privada «que prestan servicio en el País Vasco» -según indicaron ayer a este diario desde el Ministerio del Interior-, adjudicataria de la oferta de contratación del Gobierno central para colocar (de momento) a 250 efectivos propios en 21 penales del territorio nacional. Los cuatro trabajadores que arribaron ayer a la cárcel onubense se dividirán en dos turnos de doce horas cada uno y realizarán «funciones secundarias», afirma el Ejecutivo.

    Esencialmente, mientras que uno de ellos vigilará el perímetro exterior de la penitenciaría, el otro estará destinado en el área de monitores, desde donde se controla el circuito cerrado de televisión de La Ribera. Estas tareas vienen siendo desempeñadas desde la apertura del centro por agentes de la Benemérita. Interior se justifica diciendo que sólo ejercerán como «auxiliares» que apoyarán a los guardias en sus tareas diarias. Sindicatos y asociaciones profesionales no opinan lo mismo.

    La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tiene claro que el objetivo del Ministerio del Interior es, «desde un principio, ir reduciendo las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», sustituyéndolas paulatinamente «por seguridad privada». En este punto subraya que, como ya indicara el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, «el proyecto se va a aplicar de forma experimental durante un periodo de nueve meses y a su finalización se evaluará para determinar si se aplica o no de forma definitiva», para proseguir manifestando que «durante el periodo experimental o de prueba no se disminuirá en ninguno de los centros afectados el número de efectivos» públicos.

    Para la AUGC, estas palabras esconden un mensaje claro: no habrá recolocaciones de guardias civiles en las cárceles hasta el 6 de marzo de 2014, pero a partir de entonces «cabe entender que sí se producirá». El colectivo augura «reducciones muy drásticas desde un punto de vista cuantitativo», teniendo en cuenta que en los penales españoles las misiones encomendadas a los guardas privados (vigilancia exterior y perimetral, control de cámaras y accesos) «suponen el 75% de las funciones que vienen desempeñando actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

    Como ya adelantó Huelva Información hace algo más de un año, la AUGC calcula que en la prisión de Huelva se podrían ver afectados directamente por las sustituciones entre 15 y 20 agentes del Instituto Armado. Ya entonces, adelantándose a la jugada, proponía que la recolocación de este excedente se materializara en el Puerto de Huelva, la Usecic y el Núcleo de Servicios. Miembros de la delegación onubense de la AUGC se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, para mostrarle su preocupación por la incorporación de la vigilancia privada a la cárcel, a lo que el dirigente respondió que «se intentaría acoplar a los agentes en otras unidades que se encuentren cerca de la prisión».

    La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) se posiciona en la misma línea, aclarando que «vienen para sustituir a los agentes», pero va más un poco más allá. Su delegado en Huelva, Genaro González, remarcó ayer a este rotativo que la incorporación de los cuatro vigilantes supondrá «un gasto importante» para la Administración central, en lugar de constituir «un ahorro que sería más lógico en estos tiempos de crisis».

    El sindicato de prisiones ya alertó de que los efectivos privados «no tienen competencias para ejercer como autoridad». Por ende, si se produjera un altercado entre los familiares que visitan a los internos o se diera la circunstancia de que se registrara alguna fuga, «estas personas no podrían retener a nadie, del mismo modo que si robas en un supermercado el guardia de seguridad ni siquiera puede cachearte, porque esa tarea la tienen que realizar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

    La AUGC recordó por otro lado que, pese a que el Ejecutivo justifica la medida en la recolocación del personal de vigilancia privada que prestaba servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, «la propia Asociación de Escoltas privados está llevando a cabo diversas movilizaciones precisamente porque no es a ellos a quienes se están adjudicando estas funciones».

    Interior aclara que los vigilantes no llevarán armas y que en ningún caso tendrán contacto con los internos. Tampoco accederán al interior de la prisión ni ayudarán ni participarán en las conducciones de reclusos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aplaudido hoy la "brillante operación" llevada a cabo por la Guardia Civil "en estrecha cooperación" con la Justicia y la Policía francesa que ha permitido detener a seis presuntos miembros de la banda terrorista ETA

El ministro del Interior aplaude «la brillante operación» contra la estructura de ETA

Toledo, 7 may (EFE).- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aplaudido hoy la «brillante operación» llevada a cabo por la Guardia Civil «en estrecha cooperación» con la Justicia y la Policía francesa que ha permitido detener a seis presuntos miembros de la banda terrorista ETA.

Seis detenidos en Francia en una operación contra el aparato logístico de ETA

Toledo, 7 may (EFE).- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aplaudido hoy la «brillante operación» llevada a cabo por la Guardia Civil «en estrecha cooperación» con la Justicia y la Policía francesa que ha permitido detener a seis presuntos miembros de la banda terrorista ETA.

El ministro ha transmitido esta felicitación a la Guardia Civil durante el discurso que ha pronunciado con motivo de la toma de posesión del nuevo jefe de la Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Alfredo González Ruiz.
Fernández Díaz, que ofrecerá una rueda de prensa en el Ministerio a las 13.00 horas para explicar los detalles de la operación, ha avanzado que ha hablado con el Rey y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quienes le han trasladado «su sincera felicitación» a la labor desempeñada por la Guardia Civil.
(Agencia EFE)

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La Guardia Civil desmantela en Ibiza una red dedicada al tráfico de drogas

La Guardia Civil desmantela en Ibiza una red dedicada al tráfico de drogas

07 / 05 / 2013 Ibiza (Baleares)
En el transcurso de la operación se ha detenido a 23 personas y se ha intervenido 4 kilos de cocaína, 11 de hachís, 2 de marihuana y 750 gramos de éxtasis
Parte del estupefaciente y una libreta con anotaciones sobre transacciones de drogas, fueron hallados ocultos en una perrera propiedad de uno de los responsables de la red
La Guardia Civil durante la operación ARUBI, desarrollada en varias localidades de la Isla de Ibiza, ha procedido a la detención de 17 personas (12 marroquíes y 5 españoles), miembros de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.
Igualmente durante el transcurso de la investigación se detuvo a otras seis personas, encargadas de trasladar el estupefaciente desde la península o norte de Africa a la Isla, para posteriormente ser distribuido por los distintos escalones del grupo.
La operación se inició hace un año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de diversas fuentes de información, de la actividad delictiva de una organización dedicada al tráfico de distintos estupefacientes (cocaína, hachís y éxtasis), que comercializaban en viviendas y locales de ocio de Ibiza, lo que estaba causando una gran alarma social entre la población.
La red, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen marroquí, era liderada por una persona de esa nacionalidad apodada por sus hombres como “ El Intocable», ya que a pesar de su actividad ilícita, había eludido en diversas ocasiones la acción de la justicia.
Durante la fase de explotación de la operación se han practicado DIEZ registros domiciliarios, destacando el realizado en un domicilio de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), donde los investigadores hallaron escondido en una perrera y entre la paja de un gallinero, diversas cantidades de estupefacientes, dinero y una libreta con anotaciones de las transacciones de venta de drogas llevadas a cabo por la organización.
Como resultado de la investigación se han intervenido:
– 35.500 euros
– 4 kilos de cocaína
– 11kilos de hachís
– 2 kilos de marihuana
– 750 gramos de MDMA (éxtasis)
– 7 vehículos
– Diverso material informático
– Material para la preparación, pesaje y adulteración de la droga
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. UNO de Ibiza, ha sido llevada a cabo por el equipo contra el crimen organizado de la Unidad Operativa de la Guardia Civil con sede en Baleares apoyados por Unidades territoriales del mismo Cuerpo de Ibiza y Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), desplazada desde Valencia y Barcelona.
Para más información y solicitud de imágenes de la operación, pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, teléfono 91 503 13 27
Existen imágenes de la operación en:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/index.html
Asimismo, hay disponibles fotografías en la página web http://www.guardiacivil.es.
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La Policía Nacional detiene a un individuo que narcotizaba a hombres para abusar sexualmente de ellos y robarles

La Policía Nacional detiene a un individuo que narcotizaba a hombres para abusar sexualmente de ellos y robarles

07 / 05 / 2013 Madrid
El arrestado captaba a sus víctimas en bares de copas de Madrid
Fue localizado con un cuchillo, con el que intentó agredir a uno de los agentes, escondido en un armario del domicilio de una de las víctimas
Al arrestado se le intervinieron dos mochilas con 1.500 euros y otros efectos sustraídos
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo que narcotizaba a hombres para abusar sexualmente de ellos y robarles. El arrestado, Boutakmante E.G de 36 años de edad, captaba a sus víctimas bares de copas del centro de Madrid. Fue localizado con un cuchillo, con el que intentó agredir a uno de los agentes, escondido en un armario del domicilio de una de las víctimas. Además, se le intervinieron dos mochilas bajo el fregadero con 1.500 euros en metálico y numerosos efectos que el autor había sustraído previamente.
Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de diversas denuncias de que un individuo, robaba a sus víctimas y abusaba sexualmente de ellos, utilizando narcóticos. Los agentes iniciaron un dispositivo para intentar localizar al autor.
La llamada del familiar de una de las víctimas alertó a la Policía
Los agentes recibieron la llamada de una mujer que manifestaba estar preocupada porque su hermano no respondía a sus llamadas ni abría la puerta de su domicilio. Los policías accedieron al interior de la vivienda, localizando a la víctima semidesnuda y tendida en la cama. También hallaron al detenido escondido en un armario que portando un cuchillo con el cual intentó agredir a los agentes. Además, se encontró escondido bajo el fregadero de la víctima dos mochilas que contenían dinero y efectos presumiblemente robados, como varios relojes de alta gama, teléfonos móviles y multitud de joyas.
Debido a que la víctima se encontraba narcotizada y presentaba signos de haber sufrido abusos sexuales, fue trasladada a un centro hospitalario. En el mismo hospital, los policías encontraron a una segunda víctima que había ingresado con los mismos signos y que identificó al agresor y reconoció sus efectos personales localizados en la mochila.
La investigación, que continúa abierta para el esclarecimiento de más sucesos, ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a Comisaría de distrito Centro y a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía

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