El presidente de la Unión de Guardias Civiles (Unión-GC), Ramón Rodríguez Prendes, ha rechazado hoy la implantación de seguridad privada exterior en veintiuna prisiones españolas que, a su juicio, generará un mayor gasto y puede suponer el traslado de agentes destinados en estos servicios

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La Unión de Guardias Civiles rechaza seguridad privada en las prisiones

  • El presidente de la Unión de Guardias Civiles (Unión-GC), Ramón Rodríguez Prendes, ha rechazado hoy la implantación de seguridad privada exterior en veintiuna prisiones españolas que, a su juicio, generará un mayor gasto y puede suponer el traslado de agentes destinados en estos servicios.

Rodríguez Prendes, en una rueda de prensa en Valladolid, ha indicado que a partir de ahora en veintiuna prisiones españolas, diecinueve de ellas custodiadas por la Guardia Civil y dos por el Cuerpo Nacional de Policía, se ha implantado la vigilancia privada exterior.
El presidente de Unión-GC ha explicado que en estos centros habrá vigilancia exterior privada que ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas en al que figuran las principales empresas de seguridad, aunque ha recordado que los vigilantes privados irán desarmados y estarán a las órdenes de los agentes, bien de la Guardia Civil o bien del Cuerpo Nacional de Policía.
También ha indicado que esta medida va a suponer un incremento del gasto en la vigilancia de las prisiones españolas, en las que a su juicio en los últimos años no se han producido incidencias que permitan deducir que la custodia es deficiente.
Rodríguez Prendes, tras mostrar su extrañeza ante “el afán privatizador” del Gobierno, ha advertido de que la decisión causa “estupor e intranquilidad” entre los agentes encargados de la vigilancia exterior de las prisiones que ven en la medida “inestabilidad en su destino” ante la posibilidad de que sean trasladados en sus puestos de trabajo.
Al respecto, Rodríguez Prendes ha señalado que los agentes de la Guardia Civil destinados al control exterior de las prisiones carecen de complemento de especialidad y son de los peor remunerados en este Cuerpo.
También ha denunciado que ha habido “oscurantismo” en la adjudicación de los servicios a una unión de empresas de seguridad privada.
El secretario de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León, Ovidio Martínez, ha indicado que si el Gobierno quiere reforzar el personal destinado a la vigilancia de las prisiones convoque una oferta de empleo público “en concurrencia de igualdad de méritos y oportunidades” y “sin ocultismos”.

El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de empresas de seguridad privada

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