Archivo por días: 13 mayo, 2013

El precio del petróleo retrocede, lastrado por las preocupaciones sobre la demanda

El precio del petróleo retrocede, lastrado por las preocupaciones sobre la demanda

AFPPor Joel Saget | AFP – Hace 19 minutos

  • Los precios del petróleo seguían replegándose el lunes a finales de los intercambios europeos, lastrados por las incertidumbres sobre la demanda mundial cuando la oferta de crudo sigue siendo superabundante

    AFP – Los precios del petróleo seguían replegándose el lunes a finales de los intercambios europeos, lastrados por las incertidumbres sobre la demanda mundial cuando la oferta de crudo sigue siendo superab …más undante  menos 

Los precios del petróleo seguían replegándose el lunes a finales de los intercambios europeos, lastrados por las incertidumbres sobre la demanda mundial cuando la oferta de crudo sigue siendo superabundante.

Hacia las 16H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio valía 102,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en caída de 93 centavos respecto al cierre del viernes.
En el New York Mercantil Exchange (Nymex), el barril de «light sweet crude» (WTI) para la misma entrega perdía 81 centavos hasta los 95,23 dólares.
Los precios del barril seguían penalizados por las crecientes preocupaciones sobre la demanda mundial de oro negro, después de la publicación de indicadores poco alentadores este fin de semana en China, segundo país consumidor de crudo del planeta.
El gigante asiático informó de un estancamiento en abril de la progresión de las inversiones en capital fijo, uno de los principales motores de la economía del país y un ligero rebote, menos importante que previsto, de la producción industrial.
«Toda reanudación de las incertidumbres sobre la perspectivas de la economía china tiene tendencia a mantener los precios de las materias primas y del petróleo bajo presión», observaba Michael Hewson, analista de CMC Markets.
Además, «la preocupación expresada el viernes por la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) sobre la demanda de petrolera mundial a corto plazo debería limitar en el inmediato toda veleidad de rebote en el mercado», añadía Hewson.
En su informe mensual, la OPEP revisó a la baja su previsión de demanda mundial para 2013 hasta los 89,66 millones de barriles diarios (mbd) debido a la degradación de la coyuntura mundial y a las preocupaciones sobre el vigor del consumo chino.
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Julián Flores Garcia | URL: http://wp.me/p2mVX7-Gb

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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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La Policía Nacional detiene a cuatro alumnos de un instituto por acosar a una compañera a través de las redes sociales

La Policía Nacional detiene a cuatro alumnos de un instituto por acosar a una compañera a través de las redes sociales

13 / 05 / 2013 Málaga
En Málaga
Además rayaron la carrocería del turismo de la joven con los mismos insultos que le proferían a través de Internet
Los arrestados están acusados de un delito contra la integridad moral –ciberbullying- y daños en vehículo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a cuatro alumnos de un instituto por presuntamente acosar a una compañera a través de las redes sociales. Además rayaron la carrocería del turismo de la víctima con los mismos insultos que le proferían a través de Internet. Los arrestados, todos ellos mayores de edad, están acusados de un delito contra la integridad moral –ciberbullying- y daños en vehículo.
La investigación se inició cuando la víctima, de 20 años de edad y estudiante de 2º de bachiller, interpuso una denuncia en la que describía que, desde hacía aproximadamente cuatro meses, estaba sufriendo acoso escolar por parte de varios alumnos del centro educativo donde estudiaba.
Acoso en la Red y a través del smartphone
El hostigamiento consistía en mensajes difamatorios hacia su persona que cuatro jóvenes, todo ellos mayores de edad, colgaban en el perfil que la víctima tenía en una red social. Previamente, la joven encontró su vehículo completamente rayado con los mismos insultos que le proferían a través de Internet. Estas ofensas también le llegaban a su móvil a través de una aplicación de mensajería instantánea.
Los investigadores tras una ardua y rápida actuación, pudieron identificar y detener a los presuntos autores de los hechos, los cuales resultaron ser cuatro compañeros, alumnos del mismo centro educativo al que pertenecía la víctima. Estas personas están acusadas de un delito contra la integridad moral y de daños en vehículo.
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar
El ciberacoso o ciberbullying es una modalidad del acoso que se materializa, en la mayoría de los casos en el ámbito escolar. Este hostigamiento es sostenido en el tiempo y cometido con cierta regularidad utilizando como medio de difamación principal las tecnologías de información y la comunicación.
La Policía, mediante el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar ofrece a los escolares de nuestro país una continuada formación en materia de prevención en delitos cuyas víctimas son los menores. El objetivo de este Plan es garantizar la seguridad en los centros educativos y su entorno, erradicar cualquier conducta violenta y fortalecer la cooperación policial con la comunidad escolar. La Policía mantiene contactos periódicos con los centros educativos para ofrecerles su apoyo y experiencia en casos de acoso escolar; consumo de drogas y alcohol por los menores; presencia de bandas juveniles o conductas incívicas y vandálicas; situaciones de racismo o xenofobia, y consejos ante el uso de Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga.
Cuerpo Nacional de Policía Cuerpo Nacional de Policía Descarregar


MINISTERIO DEL INTERIOR

El director general de la Policía inaugura una nueva oficina de expedición de DNI y Pasaporte en Arganda del Rey

CONVOCATORIA DE PRENSA: El director general de la Policía inaugura una nueva oficina de expedición de DNI y Pasaporte en Arganda del Rey

Para mejorar el servicio a los ciudadanos del sureste de la Comunidad de Madrid

La alta densidad poblacional de esta localidad junto a la de sus poblaciones vecinas, que no cuentan con Comisaría de Policía, generan una gran demanda de estas tareas administrativas.
Con la creación de esta nueva dependencia la Dirección General de la Policía mejora la prestación de este servicio también para los habitantes del resto de municipios de esta zona geográfica: Rivas Vaciamadrid, Loeches, Campo Real, Morata de Tajuña, Perales de Tajuña, etc.
Día:
martes, 14 de Mayo de 2013
Hora:
11:30 horas (los medios deberán asistir a las 11:00 horas)
Lugar:
Avenida del Mediterráneo, 7, Arganda del Rey (Dependencias de Policía Local de Arganda del Rey)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III) de Belt-Segurpricat

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)


ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR
FUNDAMENTO
La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.
En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.
El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.
Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.
Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:
SP = SC + PC + SV
SP: Seguridad Pública.
SC: Seguridad Ciudadana.
PC: Protección Civil.
SV: Seguridad Vial.
¿Qué son riesgos accidentales?
En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.


Veamos un árbol de seguridad pública:

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública:

El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”
La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.
Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.
En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.
El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:
No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.
Podemos entender en este artículo que se refiere:
a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.
b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.
¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?
Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.
Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.
Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.
PROPUESTA
Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.
La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.
Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.
Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.
Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.
Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.
Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.
Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.
En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.
Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.
Continuará …

Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:
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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)


ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR
FUNDAMENTO
La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.
En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.
El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.
Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.
Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:
SP = SC + PC + SV
SP: Seguridad Pública.
SC: Seguridad Ciudadana.
PC: Protección Civil.
SV: Seguridad Vial.
¿Qué son riesgos accidentales?
En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.

Veamos un árbol de seguridad pública:

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública:

El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”
La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.
Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.
En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.
El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:
No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.
Podemos entender en este artículo que se refiere:
a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.
b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.
¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?
Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.
Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.
Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.
PROPUESTA
Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.
La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.
Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.
Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.
Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.
Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.
Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.
Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.
En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.
Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.
Continuará …

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“La Guardia Civil es un cuerpo policial moderno y adaptado a los tiempos, que lucha contra los nuevos retos y amenazas de la seguridad en aquellos lugares donde se le necesita” Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III) de Belt-Segurpricat

Jorge Fernández Díaz: “La Guardia Civil es un cuerpo policial moderno y adaptado a los tiempos, que lucha contra los nuevos retos y amenazas de la seguridad en aquellos lugares donde se le necesita”

13 / 05 / 2013 VALDEMORO (MADRID)
Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid).
Al acto, ha asistido el ministro de Administración Interna de Portugal, Miguel Macedo, que ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Dos agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal  han sido condecorados con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
Intervención del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidido hoy el acto conmemorativo del 169º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, celebrado en el Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid).
El objetivo de esta celebración ha sido la renovación del compromiso de servicio a la sociedad por parte de la Guardia Civil, el refrendo de la vigencia de los valores y principios sobre los que se asienta la Institución y el reconocimiento y agradecimiento a aquellos miembros del Cuerpo que han prestado hasta el momento servicio a los ciudadanos.
Durante este acto, Jorge Fernández Díaz, ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, entre otras autoridades civiles y militares.
El ministro del Interior ha recordado que si hoy podemos celebrar estos 169 años de su creación, es gracias al primer Inspector General del Cuerpo, el Duque de Ahumada. “Su labor previsora y visionaria, le llevó a concebir un Cuerpo con un verdadero código de conducta personal y profesional que ha presidido su servicio desde sus orígenes”.
Además, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que la Guardia Civil no es una institución anclada en el pasado, “es un cuerpo policial moderno y adaptado a los tiempos, que lucha contra los nuevos retos y amenazas de la seguridad en aquellos lugares donde se le necesita”.
En su intervención, el ministro del Interior ha destacado que la labor diaria que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado o contra el terrorismo “son un claro ejemplo de vuestro esfuerzo y dedicación”. Y ha vuelto a felicitar a todos sus miembros por la extraordinaria operación de la semana pasada en colaboración con las Fuerzas de Seguridad francesas que se saldó con la detención de seis presuntos miembros de ETA en Francia que formaban la estructura del aparato logístico militar de la organización terrorista.
“Vuestros permanentes éxitos en esta lucha por la paz, la libertad y la seguridad de todos los españoles nos han ayudado a colocar a esta organización en su precaria situación actual”, ha afirmado el ministro del Interior.
Galardonados
Durante el acto, el ministro de Administración Interna de Portugal, Miguel Macedo, ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Además, han sido condecorados con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil dos agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal por su ejemplar colaboración y labor con la Guardia Civil en la lucha contra la criminalidad.
En este sentido, Jorge Fernández Díaz, ha destacado el vínculo histórico, la vecindad y la sólida relación existente entre Portugal y España de la que ha ensalzado la estrecha cooperación transfronteriza que representa “un modelo a seguir para incrementar la seguridad de nuestros países y de nuestro entorno”.
Además, los guardias civiles que el pasado año pasaron a la reserva o a situación de retiro se han despedido de la Bandera por última vez y se les ha entregado un diploma como reconocimiento a toda una carrera profesional en la que han velado por la seguridad de todos los españoles. Asimismo han sido condecorados otros miembros de la Institución que están prestando servicio en la actualidad repartidos por todo el territorio nacional.
En esta conmemoración, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha condecorado de manera muy especial con la Cruz de Plata al Guardia Civil, Fernando Mogena Jiménez, destinado en el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid).

Se trata de un deportista de élite de 34 años, 6º Dan de Judo, miembro del equipo nacional de Judo y profesor de educación física y defensa personal en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de ese municipio madrileño, a los que ha impartido también técnicas de combate para prepararlos para ir a Kosovo. En 1993 ganó el primer campeonato de judo en Madrid y quedó el 2º de España. En octubre de 2012 unió al judo español, que se movilizó para crear un torneo en su honor.

Hace cuatro años le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neuromuscular que le paraliza los miembros de forma progresiva y que tiene un pronóstico incierto. Sus virtudes profesionales y humanas, así como su forma de enfrentarse a la batalla cotidiana le convierten en un ejemplo para todos.
Fundación de la Guardia Civil
El comienzo del siglo XIX en España se caracterizó por una gran inestabilidad política debido al bandolerismo ocasionado por las bandas guerrilleras que tras el fin de la Guerra de Independencia hicieron de ello su forma de vida. Por ello surgió la necesidad de creación de una fuerza de seguridad pública que abarcara todo el territorio nacional.
Tras varios intentos infructuosos como la Legión de Salvaguardas Nacionales o la Milicia Nacional, disuelta en 1844, el 28 de marzo de ese mismo año mediante Real Decreto se crea un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería con la denominación de Guardias Civiles. La responsabilidad de organizar dicho cuerpo se le encomendó al Mariscal de Campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada.
El Duque de Ahumada presentó el 20 de abril un informe sobre la organización del Cuerpo que provocó la derogación inmediata del primer Real Decreto, que ni siquiera llegó a entrar en vigor, y la publicación de uno nuevo el 13 de mayo de 1844.

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Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia
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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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 Enlaces de interés

siseguridad.es
Blog de siseguridad.es

jefedeseguridad.net
Blog de jefedeseguridad.net

vigilantesdeseguridad.cat
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 Los cinco pilares del crecimiento inteligente

Publicado 1 hour ago por Julian Flores

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III) de Belt-Segurpricat

Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)


ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR
FUNDAMENTO
La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.
En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.
El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.
Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.
Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:
SP = SC + PC + SV
SP: Seguridad Pública.
SC: Seguridad Ciudadana.
PC: Protección Civil.
SV: Seguridad Vial.
¿Qué son riesgos accidentales?
En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.

Veamos un árbol de seguridad pública:

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública:

El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”
La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.
Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.
En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.
El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:
No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.
Podemos entender en este artículo que se refiere:
a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.
b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.
¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?
Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.
Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.
Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.
PROPUESTA
Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.
La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.
Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.
Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.
Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.
Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.
Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.
Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.
En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.
Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.
Continuará …

Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:
http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (III)



ALEGACIONES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO PRELIMINAR
FUNDAMENTO
La primera cuestión a dilucidar y dejar perfectamente claro es la delimitación de la “seguridad privada”, en el sentido que es complementaria a la “seguridad pública” o a la “seguridad ciudadana”.
En el artículo 1 expresa perfectamente en el final del primer párrafo: Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública”.
El texto Constitucional no define a la seguridad pública, indicando únicamente en su artículo 149, 29ª, dentro de las competencias exclusivas del Estado, que asume plenamente la seguridad pública, para a continuación efectuar una disquisición sobre las policías que puedan crear las CC.AA. ¿Quiere esto decir que la Constitución equipara seguridad pública con seguridad ciudadana, eje central de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Por otra parte en el artículo mencionado se habla de “actividades y servicios de seguridad”, para posteriormente hablar que las “actividades” son complementarias de la seguridad pública, para a continuación, en el segundo apartado del artículo se relaciona a los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir que en el anteproyecto de ley se quiere diferenciar lo que son actividades de lo que son servicios de seguridad privada, y de hecho en el artículo 2, “definiciones”, intenta diferenciar un concepto de otro, lo único es que al final los dos se refieren a “acciones”. Por ejemplo una de las acepciones de “actividad”, según el diccionario de doña María Moliner son las “acciones que realizan las personas”.
Aún hay más, al definir en el artículo 2.1. que es seguridad privada, lo hace como “el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, …”, definiéndose a continuación todos los conceptos, aunque, a juicio del presente autor, quedan confusos los correspondientes a actividad y servicios.
Es importante la definición que hace el anteproyecto de “seguridad privada”, porque tiene por objeto “hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades”. Hemos subrayado riesgos accidentales, porque consideramos que en este caso está señalando a la superación de emergencias, en definitiva “protección civil”, con lo cual parece que seguridad privada se equipara a seguridad pública, cuya ecuación podría plasmarse como mínimo en:
SP = SC + PC + SV
SP: Seguridad Pública.
SC: Seguridad Ciudadana.
PC: Protección Civil.
SV: Seguridad Vial.
¿Qué son riesgos accidentales?
En el artículo 4 del anteproyecto, al enumerar los fines de la seguridad privada, insiste en que la seguridad privada debe prestar seguridad ante “riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”, en definitiva que se encuentra inmersa la seguridad privada, en las tareas de autoprotección.

Veamos un árbol de seguridad pública:

Y recojamos ahora un diagrama, incardinando la autoprotección en la protección civil y ésta en la seguridad pública:

El citado artículo 4.a) del anteproyecto expresa que la “seguridad privada”, cuando son contratados sus servicios, es cuando puede implicarse en tareas de autoprotección (riesgos accidentales o derivados de la naturaleza). En este sentido el texto vuelve a caer en el defecto global de identificar a la seguridad privada con las empresas de seguridad, porque una organización que disponga de departamento y director de seguridad de plantilla, tiene “contratada” seguridad privada propia, bien de forma voluntaria o por imperativo legal (de acuerdo con el futuro Reglamento). Ese departamento es seguridad privada y también tiene a su cargo la superación de riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. Es decir que se debería dar nueva redacción a sustituyendo “Satisfacer las necesidades de seguridad de los contratantes de sus servicios” por “Cubrir las necesidades de seguridad donde preste sus servicios, velando por …”
La visualización de la empresa de seguridad privada, por parte del redactor del texto del anteproyecto, le hace perder la prioridad en el empleo de la seguridad privada, incluyendo en su artículo 3, dentro del ámbito de aplicación, en primer lugar a las “empresas de seguridad privada”, cuando debería ser a todas las organizaciones, entidades, instalaciones, establecimientos y actividades que de forma obligada por la ley o voluntariamente quieran disponer de servicios y medios de seguridad, porque evidentemente el primer responsable del buen uso que se haga de la seguridad privada será el “titular” de la “organización, entidad, instalaciones, establecimientos y actividades”. De esta forma el “titular” debería tener su definición, sustituyendo al “usuario de seguridad privada”, recogido en el apartado 9 del artículo 2.
Con respecto a las actividades de seguridad privada, que hay que distinguir de la “actividad” a que se hace referencia en el párrafo anterior, porque se refiere a actividades de negocio o actividades sociales, resulta extraño que entre esas actividades de seguridad privada no se encuentre la “redacción de proyectos técnicos de seguridad”, teniéndose en cuenta que proyecto es distinto a plan (apartado 1 h) del artículo 5. ¿Puede hacer cualquiera un proyecto de seguridad?, o debe ser un técnico competente acreditado para ello y por tanto sujeto a la normativa de seguridad privada.
En el artículo 6: “actividades compatibles”, vuelve a caerse en el error de identificar a seguridad privada con empresas de seguridad privada. Resulta chocante que quede fuera de la ley lo recogido en el apartado 1 c), es decir la conexión a centrales de alarma de sistemas de prevención contra incendios (el resto es lógico que quede fuera del ámbito de aplicación), porque un sistema contraincendios, aparte de ser de obligada instalación, por el Código Técnico de la edificación y otras normas, forma parte del sistema de autoprotección, el cual a su vez y tal como hemos visto en la figura, es parte del sistema de protección civil y a su vez parte de la seguridad pública.
El artículo 7, que ya en la introducción del presente informe se declaraba que era farragoso y un tanto incomprensible, nos hace ver las situaciones relacionadas con la autoprotección, no incluidas en seguridad privada:
No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar individual o colectivamente que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su persona o del propio entorno privado, y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada a terceros.
Podemos entender en este artículo que se refiere:
a)     Las medidas de autoprotección de las empresas de seguridad, realizadas para sí, no son actividades de seguridad privada.
b)     Los establecimientos, instalaciones, actividades, etc. que realicen tareas de autoprotección, sin intervención de miembros de la seguridad privada, no quedan afectados por la futura de ley de seguridad privada.
¿Qué objeto tiene la redacción e inclusión de este artículo en la ley? Cabe decir que en un edificio, que tiene su plan de autoprotección, si tiene seguridad privada contratada, queda afectado por la ley y, en contrapartida, si no tiene contratación de seguridad privada, no. ¿Y si tiene un departamento y un director de seguridad?
Volvemos además al desconocimiento por parte del anteproyecto que la autoprotección forma parte de la protección civil y ésta a su vez del concepto de seguridad.
Los textos legales deben ser rigurosos con el lenguaje y en buena medida el anteproyecto no lo es. En el artículo 8 lo identifica como “Principios rectores”, sin embargo no relaciona ninguno, solamente define determinadas pautas de actuación. Por ejemplo si se toman los diversos epígrafes del citado artículo, al primer principio se le denominaría de “legalidad”; el segundo (que debería refundirse con el tercero) de “colaboración”; el siguiente de “participación en la seguridad pública”; etc.
Igual ocurre con el artículo siguiente, el número 9, que lo denomina “Contratación de servicios”, sin embargo si un detective privado o una empresa de seguridad se contrata, no se hace lo mismo con la constitución orgánica de un departamento de seguridad o la integración en el cuadro numérico de su plantilla a un técnico con la titulación de director de seguridad.
PROPUESTA
Si tomamos como adecuada la definición de seguridad privada, recogida en el artículo 2.1., deben mantenerse los conceptos vertidos en la misma en todas sus referencias en el articulado.
La propia definición de seguridad privada del citado artículo le falta la referencia a las tareas de investigación que llevan a cabo los detectives privados, siendo las “actividades” y las personas que las realizan partes integrantes de la seguridad privada.
Recoger en el conjunto de definiciones el concepto de “Departamento de Seguridad Privada”, verdadero corazón de la seguridad privada en miles de organizaciones españolas, y verdadera conexión con la seguridad pública. Parece ilógico que se definan los “despachos de detectives privados” y no los departamentos, mucho más numerosos y con más incidencia en la Seguridad.
Sustituir al “usuario de seguridad privada” por “titular de la actividad”, definiéndolo como las personas físicas y jurídicas responsables del centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación en donde se desarrollen actividades necesitadas de seguridad privada, bien de forma voluntaria o por imperativo legal. De esta forma en el reglamento se le podría exigir al titular el que dispusiera del correspondiente proyecto y plan de seguridad.
Se debe definir proyecto de seguridad y plan de seguridad, siendo el primero técnico y el segundo operativo, pero que son los que deben activarse con las “actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad” que señala el artículo 2.1.
Revisar todas las definiciones, ajustándolas a lo que definición de seguridad privada.
Ser más exhaustivo en las definiciones, recogiendo todos aquellos conceptos que se emplean en la seguridad privada.
Las referencias a la autoprotección deben ser más explícitas. Cuando un establecimiento, instalación, organización, entidad, corporación, etc. y actividad, disponga de departamento de seguridad, será este órgano el que debe hacerse cargo de la autoprotección, junto con el titular del establecimiento, instalación, … y actividad. En el anteproyecto, recogiendo el sentir de la normativa sobre Infraestructuras Críticas, se asigna la responsabilidad de seguridad y protección al departamento de seguridad, sobre todos los sectores vulnerables de la organización, pareciendo absurdo que quede fuera la lucha contra incendios y la autoprotección.
En el artículo 3 “Ámbito de aplicación”, el apartado 1 debe pasar a 2 y el 2 al 1, porque la seguridad privada afecta a los que “titulares” principalmente y posteriormente al resto.
Los principios rectores del artículo 8 deben denominarse, como es tradicional en la normativa española.
Continuará …

Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:
http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

Subastas de armas pendientes de la Guardia Civil.

Subastas de armas pendientes

Las Palmas

A las 10:00 horas del día 20 de mayo 2013, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria, con sede en C/ Alicante nº 7-9, una subasta de armas, en la modalidad de “pliego cerrado”, la subasta se desarrollará de acuerdo con la normativa fijada por la Circular 1/2012 de la Dirección General de la Guardia Civil.
Las armas estarán expuestas al público en la dirección citada entre los días 13 y 17 del presente mes de mayo (ambos inclusive), en horario de 9:00 a 13:00 horas.
Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta son 304 lotes (43 pistolas, 17 revólveres, 5 rifles, 13 carabinas, 221 escopetas, 2 armas de Avancarga, 3 ballestas).
Los precios de salida de los lotes y la hoja de condiciones para participar serán facilitados en el lugar de exposición.
Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para la tenencia o comercio de las armas a subastar.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Las Palmas de Gran Canaria, número 928320400.

Zaragoza

A las 10:00 horas del día 20 de mayo 2013, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, con sede en Avdª Cesar Augusto, nº 08-10, una subasta de armas, en la modalidad de “Pliego Cerrado”, pudiendo concurrir o licitar todas aquellas personas que reglamentariamente estén habilitadas para poseer o adquirir las armas objeto de subasta.
Las armas estarán expuestas en la dirección citada durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de mayo del año actual, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Reglamentariamente saldrán a subasta 264 armas individuales, cortas y largas.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Zaragoza, número 976 56 31 04.

Murcia

A las 09:00 horas del día 20 de mayo 2013, tendrá lugar en la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Murcia, con sede en la Pza. Pintor Inocencio Medina Vera, 5, una subasta de armas, en la modalidad de “Pliego cerrado”, pudiendo concurrir todas aquellas personas que participaron en la licitación de las armas subastadas.
Las armas estarán expuestas en la dirección citada durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 del citado mes de mayo, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Las armas cortas y largas que reglamentariamente saldrán a subasta son 334 lotes, compuestos por 26 revólveres, 35 pistolas, 9 rifles, 37 carabinas y 226 escopetas y 1 trabuco.
Las ofertas mediante pliego en sobre cerrado, podrán presentarse hasta las 13:00 horas del día hábil, anterior a la celebración de la subasta (el sábado no se considerará día hábil).
El número estimado de lotes citado anteriormente, puede variar en función de que las armas correspondientes a los mismos, hayan sido retiradas por sus propietarios mediante solicitud efectuada en tiempo y forma, de acuerdo con la normativa vigente.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Murcia, número 968234565.

Burgos

A las 09:00 horas del día 27 de mayo de 2013,tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, en las dependencias ubicadas en la Avda. Cantabria nº 87-95 de la localidad de Burgos, una subasta de armas, en la modalidad de “pliego cerrado”, pudiendo concurrir aquellas personas que participaron en la licitación de las armas subastadas.
Las armas estarán expuestas en la dirección citada los días 20, 21, 22, 23 y 24 del mes de mayo de 2013, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta son 148, compuestas por 123 escopetas, 10 rifles y carabinas, 2 carabinas de aire comprimido, 12 pistolas y revólveres y 1 pistola de aire comprimido y detonadora.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Burgos, número 947244665.

Tarragona

A las 09:00 horas del día 27 de mayo de 2013, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona sita en la calle María Aurélia de Capmany nº 6 de la citada localidad, una subasta de armas en la modalidad de “Pliego Cerrado“, pudiendo concurrir todas aquellas personas que participaron en la licitación de las armas subastadas.
Los lotes de armas a subastar estarán expuestos al público en la dirección citada, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta son 698.

Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Tarragona, número 977.23.77.77 ext 1235 y 1278.

Huesca

A las 09:00 horas del día 10 de junio de 2013, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, con sede en Avda/ Martínez de Velasco, núm. 83, una Subasta de Armas, en la modalidad de “pliego cerrado”, pudiendo concurrir todas aquellas personas que participaron en la licitación de las armas subastadas.
Las armas estarán expuestas en la dirección citada entre los días 03 y 07 de junio del actual, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta son: 9 pistolas, 1 pistola de aire comprimido, 5 revólveres, 7 rifles para caza mayor, 2 carabinas calibre 9 mm L. y P., 9 carabinas calibre 22, 3 carabinas aire comprimido, 106 escopetas y 2 armas de otras categorías.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Huesca, con número 974 21 55 48.

Madrid

A las 09:00 horas del día 10 de junio de 2013, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, con sede en Tres Cantos, una subasta de armas, en la modalidad de “pliego cerrado”.
Las armas estarán expuestas en la Sala Oriente del recinto ferial IFEMA-Feria de Madrid, en el Parque Juan Carlos I, de Madrid, los días 3, 4, 5 y 6 de junio de 2013, en horario de 09:00 a 14:00 horas, y el día 7 de junio de 2013, de 09:00 a 13:00 horas, en donde podrán licitar por las mismas las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comercio de armas, que debe ser documentalmente acreditado.
Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta son 2.663 cortas y largas.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Tres Cantos, número 91 514 69 89.

Badajoz

A las 10:00 horas del día 17 de junio 2013, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, con sede en Plaza de Santo Domingo número 2, una subasta de armas, en la modalidad de “PLIEGO CERRADO”, pudiendo concurrir todas aquellas personas que participaron en la licitación de las armas subastadas.
Las armas estarán expuestas en la dirección citada entre los días 10 y 14 del mes de junio del año actual, ambos inclusive, en horario de 09:30 a 13:00 horas.
Las armas que reglamentariamente saldrán a subasta son 276.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono de la Intervención de Armas de Badajoz, número 924 20 57 71.

Resultado de la subasta celebrada en Barcelona

Documento con los resultados de la subasta celebrada el día 18 de febrero de 2013 en la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona; pulse aquí para descargar PDF.
Para una información más detallada pueden contactar con el teléfono 93 682 30 30, de la Intervención de Armas de Sant Andreu de la Barca.

vacio

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Ya son 64 toneladas tras los cerca de 12.000 kilos de hachís intervenidos en tres nuevos registro

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Ya son 64 toneladas tras los cerca de 12.000 kilos de hachís intervenidos en tres nuevos registro

13 / 05 / 2013 Córdoba
Decomisados por la Policía Nacional en Córdoba
En una nave del Polígono de la Torrecilla se encontraron más de 291 kilos de estupefaciente y en otra más de diez toneladas y media de similares características a las decomisadas a principios de mes
Los medios de comunicación que lo deseen podrán obtener imágenes del hachís intervenido a las 13:00 horas en la Avd. Apreama (Nave 6) del Polígono Industrial de “La Torrecilla-Amargacena”
Agentes de la Policía Nacional han intervenido cerca de 12.000 kilos de hachís en tres nuevos registros realizados en el Polígono Industrial “La Torrecilla” de la ciudad de Córdoba. El estupefaciente presentaba características similares al ya intervenido a principio de mes en una nave del mismo polígono, en la que resultó ser la mayor incautación de este tipo de droga realizada en España. Hasta el momento, la cantidad de estupefaciente decomisado en el marco de esta operación supera las 64 toneladas. Además, ha sido arrestada en Sevilla una persona por su presunta relación con el estupefaciente decomisado, con lo que se eleva al cuatro el número de detenidos en relación con estos hechos.
12 nuevas toneladas en el mismo polígono
Los datos obtenidos tras las primeras detenciones llevaron a los investigadores hasta un cuarto implicado que fue finalmente localizado y detenido en Sevilla. Las pesquisas realizadas permitieron localizar dos días más tarde otra nave industrial, también en el Polígono Industrial “La Torrecilla”, relacionada con los detenidos. En el registro los policías se incautaron de más de 291 kilos de hachís distribuido en nueve fardos de iguales características a los intervenidos anteriormente.
Posteriormente, los investigadores localizaron en el mismo polígono otras dos naves que podrían estar relacionadas con el grupo investigado. Los registros realizados desvelaron que en una de ellas había almacenados 11.624 kilos de hachís, que se encontraban en el interior de 19 cajas de cartón y una de madera iguales a las localizadas anteriormente. En la otra nave no se encontró sustancia estupefaciente, pero sí un cajón de madera igual a los ya intervenidos, varios paneles correspondientes a otros ya desmontados, una cabeza tractora y un remolque frigorífico vacío, así como diversa documentación.
Las investigaciones, realizadas por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Córdoba, Sevilla y Málaga y que continúan abiertas, se han saldado hasta ahora con cuatro detenciones y la incautación de alrededor de 64 toneladas de hachís. Esta es la mayor cantidad de hachís hallada en nuestro país después de las 36 toneladas encontradas por la Policía Nacional en un buque panameño en el Puerto de Marín en 1996.
Ya son 64 toneladas tras los cerca de 12.000 kilos de hachís intervenidos en tres nuevos registroYa son 64 toneladas tras los cerca de 12.000 kilos de hachís intervenidos en tres nuevos registroDescargar


MINISTERIO DEL INTERIOR

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