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El Gobierno prepara un plan de reformas con nuevos ajustes

AJUSTES EN «ALGUNAS PARTIDAS»

Rajoy: «No queremos subir los impuestos, pero dependemos de las previsiones»

El Gobierno prepara un plan de reformas con nuevos ajustes. No prevé tocar los tributos, pero admite que depende de «las previsiones».

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Julian Flores Garcia

¿QUIÉNES SOMOS? SISEGURIDAD.ES un grupo de expertos profesionales de la seguridad privada que tenemos como objetivos constituir un foro de analisis, reflexión, cooperación activa para la prevención de riesgos promover la filosofia y cultura de la seguridad con nuestra experiencia y formación en seguridad privada estamos acreditados por el Ministerio de Interior su Dirección General de la Policia como Directores de Seguridad , disponemos de formación y experiencia multidisciplinar para ser sus consultores en la creación de un Departamento de Seguridad en su Empresa o asesorar al ya constituido, como redactar proyectos de seguridad canalizando sus sugerencias y propuestas impulsando una cooperación activa entre Uds. como responsables de empresas y instituciones privadas y públicas.

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Anterproyecto de Ley de Seguridad Privada 2013 del Artículo 36. Directores de seguridad a final Disposición final tercera. Desarrollo normativo.


Video informativo: Internacionalización, liderazgo y seguridad de Empresas. Julian Flores Garcia
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30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

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Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada (II)

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Julian Flores Garcia
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Artículo 36.

Directores de seguridad.

1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a
los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de
seguridad privada disponibles.
b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a
la vida e integridad de las personas y al patrimonio, velando por el cumplimiento de la
normativa tanto de seguridad privada como la referente a la protección frente a riesgos
tecnológicos y accidentales.
c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la
implantación y realización de los servicios de seguridad privada conducentes a prevenir,
proteger y reducir la manifestación de riesgo con medios y medidas precisas, elaborando y
desarrollando los planes de seguridad aplicables.
d) La supervisión de los sistemas de seguridad privada, así como de su funcionamiento y
mantenimiento.
e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la
Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su correcto funcionamiento y
adecuación a la normativa de seguridad privada.
f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas
de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los
Organismos competentes.
g) La vigilancia de la observancia de la normativa de seguridad privada.
h) La elaboración, desarrollo e implantación de los planes de seguridad aplicables.
i) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las circunstancias o
informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de
los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
j) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o
grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre
gestión de todo tipo de riesgos.

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k) Las comprobaciones necesarias sobre el personal que, por el ejercicio de las
funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la
protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
2. Cuando resulten obligados por la normativa de desarrollo de esta ley, o cuando de
forma voluntaria así lo decidan, las empresas de seguridad y los usuarios situarán al frente de
la seguridad integral de su entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad.
En el caso de las empresas obligadas a disponer de la figura del director de seguridad,
éste deberá prestar sus servicios profesionales estando integrado en su plantilla.
3. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su
propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el
artículo 35.1 a), b), c), d) y e) serán asumidas por aquél.
4. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los
términos que reglamentariamente se disponga.
Artículo 37.

Detectives privados.

1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán del
ejercicio de las siguientes funciones:
a) Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados por
encargo de los que tengan un interés legítimo en el asunto.
b) Investigar delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados
en el proceso penal.
2. Además de las funciones propias establecidas en el apartado anterior, los detectives
privados también podrán prestar servicios de vigilancia dirigidos a la obtención de información
para garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles,
exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales,
locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos. En el ejercicio de estas funciones,


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además de las facultades que les son propias, podrán ejercer las previstas en el artículo 32.1
c) y d).
3. El ejercicio de las funciones establecidas en los dos apartados anteriores no será
compatible con las funciones de otro grupo profesional de seguridad privada ni podrá
compatibilizarse con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración
Pública
4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo
denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza
que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los
instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.
Título IV

Servicios y medidas de seguridad

Capítulo I

Servicios de seguridad privada

Artículo 38.

Prestación de los servicios de seguridad privada.

1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en
esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las
estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida.
2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de
seguridad privada, inscritas y autorizadas para la actividad relativa a los mismos, y por
personal de seguridad privada, legalmente habilitado para el ejercicio de las funciones
referidas a dichos servicios.

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Artículo 39.

Forma de prestación.

1. Los medios utilizados en la prestación de los servicios de seguridad privada deberán
estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los vehículos, uniformes y
distintivos no podrán confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los
de las Fuerzas Armadas.
2. El personal de seguridad privada uniformado prestará sus servicios vistiendo el
uniforme reglamentario y los distintivos del cargo, así como portando los medios de defensa
reglamentarios, que no incluirán armas de fuego.
Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus
funciones con uniforme y distintivo.
3. Previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo se desarrollarán con
armas de fuego los servicios de seguridad privada contemplados en el artículo 40 y los que
reglamentariamente se determinen.
Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad sólo se podrán portar
estando de servicio, con las salvedades que se establezcan en la citada normativa de
desarrollo.
4. Salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y lo que se determine
reglamentariamente atendiendo a las especiales características de determinados servicios de
seguridad privada, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones en el interior de los
inmuebles o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados.
5. El personal de seguridad privada portará la tarjeta de identidad profesional, así como
la documentación correspondiente al arma de fuego, en caso de llevarla, durante la prestación
de los servicios de seguridad.

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Artículo 40.

Servicios con armas de fuego.

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán obligatoriamente con armas
de fuego en los términos que reglamentariamente se determinen:
a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte
de dinero, valores y objetos valiosos.
b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas,
cartuchería metálica y explosivos.
c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que
naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad
de las personas o de los bienes, o para ambos.
d) Los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios y centros de
internamiento de extranjeros

, así como en establecimientos militares y otros edificios o

instalaciones de organismos públicos que, por sus características, lo requieran, incluyendo las
infraestructuras críticas.
e) Los servicios de verificación personal de alarmas.
2. Reglamentariamente se determinarán aquellos otros supuestos en que, valoradas las
circunstancias de localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo o
peligrosidad, nocturnidad u otras de análoga significación, los servicios de seguridad privada
podrán prestarse portando armas de fuego.
3. El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma cuando esté de servicio, y
podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca
lo contrario.
4. Las armas de fuego adecuadas para realizar cada tipo de servicio serán las que
reglamentariamente se establezcan.


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Artículo 41.

Servicios de vigilancia y protección.

1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el
artículo 5.1 a) se llevarán a cabo por vigilantes de seguridad, o por guardas rurales cuando se
desarrollen en las fincas rústicas y establecimientos de acuicultura o zonas marítimas
protegidas con fines pesqueros, y su prestación se circunscribirá, con carácter general, al
interior de las instalaciones o propiedades protegidas, salvo en los siguientes supuestos:
a) Persecución de delincuentes sorprendidos en flagrante delito en relación con las
personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.
b) Situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.
2. En los siguientes supuestos la prestación de servicios podrá realizarse en el exterior:
a) La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de
tener lugar en las vías públicas o de uso común.
b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de
servicios de vigilancia y protección de los cajeros durante las citadas operaciones, o en las de
reparación de averías.
c) Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto de protección
para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y
seguridad.
d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras.
e) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan
ser delimitados de forma física o ideal.
f) Los servicios de rondas o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita
intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos
lugares objeto de protección.
3. En cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes,
podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:
a) Vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

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b) Vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.
c) Vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.
4. Requerirán autorización previa los siguientes servicios de vigilancia y protección, que
se prestarán, cuando proceda, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común.
b) Vigilancia en zonas comerciales peatonales.
c) Vigilancia en acontecimientos deportivos, culturales o sociales que se desarrollen en
vías o espacios públicos.
Artículo 42.

Servicios de videovigilancia.

1. Los servicios de videovigilancia

, a cargo de vigilantes de seguridad o, en su caso, de

guardas rurales, consisten en la vigilancia de seguridad, a través de un sistema de
videocámaras, fijas o móviles, con la exclusiva finalidad de protección de personas o bienes.
2. La utilización de videocámaras estará presidida por los principios de proporcionalidad,
idoneidad e intervención mínima.
3. No se podrán utilizar videocámaras con fines de seguridad privada para tomar
imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y
en los términos y condiciones previstos en la legislación en materia de seguridad ciudadana,
previa autorización administrativa. Su utilización en el interior de las viviendas requerirá el
consentimiento del titular.
4. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias
o de sistemas de verificación de alarmas no requerirán autorización administrativa para su
empleo o utilización.
5. La grabación, tratamiento y registro de imágenes por parte de los sistemas de
videovigilancia estará sometida a la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal.


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Artículo 43.

Servicios de protección personal.

1. Los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el
acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de la libertad, vida e integridad
física de personas o grupos de personas determinadas.
2. La prestación de servicios de protección personal se realizará con independencia del
lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tránsito o circulación por las vías
públicas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulación, o
detenciones, salvo en caso de flagrante delito.
3. La prestación de estos servicios sólo podrá realizarse previa autorización del Ministerio
del Interior, conforme se disponga reglamentariamente.
Artículo 44.

Servicios de depósito de seguridad.

1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el
artículo 5.1. c), estarán a cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán obligatoriamente
cuando los objetos en cuestión alcancen las cuantías que reglamentariamente se establezcan,
así como cuando las autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y
circunstancias relacionadas con dichos objetos.
2. Los servicios de depósito de seguridad referidos a la actividad contemplada en el
artículo 5.1.d), estarán a cargo de vigilantes de explosivos y se prestarán obligatoriamente
cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección especial, de acuerdo con la normativa
específica de cada materia o así lo dispongan las autoridades competentes en atención a los
antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos o sustancias.
Artículo 45.

Servicios de transporte de seguridad.

Los servicios de transporte y distribución de los objetos a que se refiere el artículo
anterior, se llevarán a cabo mediante vehículos acondicionados especialmente para cada tipo
de transporte y consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por

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vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido
en esta ley y sus normas reglamentarias de desarrollo.
Artículo 46.

Servicios de instalación y mantenimiento.

1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y
sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de
videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas
operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o
sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de
su finalidad, previa elaboración, por parte de ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto
de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.
2. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y
forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 47.

Servicios de gestión y respuesta ante alarmas.

1. Los servicios de gestión de alarmas consistirán en la recepción y verificación de las
señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes, así como en su
comunicación, en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
2. Los servicios de respuesta ante alarmas cuya realización no sea competencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por
guardas rurales, y podrán comprender los siguientes servicios:
a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados
los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta
el lugar del que procediere la señal de alarma verificada.
b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a
la verificación personal de la alarma recibida.

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3. Cuando los servicios se refirieran al análisis y monitorización remota de eventos de
seguridad de la información y las comunicaciones, estarán sujetos a las especificaciones que
reglamentariamente se determinen. Las señales de alarma referidas a estos eventos deberán
ser puestas, cuando corresponda, en conocimiento del órgano competente, por el propio
usuario o la empresa con la que haya contratado la seguridad.
Artículo 48.

Servicios de planificación y asesoramiento.

1. Los servicios de planificación y asesoramiento, que consistirán en la elaboración de
estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la
protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los
servicios de seguridad, serán prestados por personal habilitado como directores de seguridad,
sin perjuicio de las funciones que corresponden a éstos en el ámbito de sus respectivas
empresas.
2. En los supuestos en que sea obligatoria la existencia del director de seguridad, las
funciones de planificación y análisis de riesgos serán de su responsabilidad.
Artículo 49.

Servicios de investigación privada.

1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la
obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o hechos privados que
afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal,
familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados, así
como en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias en relación con la
investigación de delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los legitimados
en el proceso penal, o para garantizar el normal desarrollo de determinados eventos.
Los servicios de vigilancia a que se refiere el artículo 37.2 consistirán exclusivamente en
la observación, a cargo de detectives privados, dirigida a la obtención de información
necesaria para garantizar el normal desarrollo de las actividades realizadas en dichos lugares.

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2. La aceptación de estos servicios por parte de los detectives privados requerirá, en todo
caso, la existencia de un interés legítimo por parte del cliente contratante del servicio
debiendo ejecutarse el mismo con respeto a los criterios de razonabilidad, necesidad,
idoneidad y proporcionalidad.
3. En ningún caso podrán utilizarse en este tipo de servicios medios materiales o técnicos
de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la
propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
4. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados
encargados del asunto deberán elaborar un informe en el que reflejarán el número de registro
asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la
contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas,
en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan. Dicho informe estará a
disposición del cliente, entregándoselo a la finalización del servicio, así como de las autoridades
policiales competentes para la inspección.
5. Los informes a que se refiere el apartado anterior deberán conservarse archivados, al
menos, durante cinco años. Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones o
vigilancias se destruirán un año después de su finalización, salvo que estén relacionadas con
un procedimiento judicial, una investigación policial o un expediente sancionador. En todo caso,
el tratamiento de dichas imágenes y sonidos deberá observar lo establecido en la normativa
sobre protección de datos de carácter personal.
6. Las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través
de las mismas solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos
judiciales y policiales.
Capítulo II

Medidas de seguridad

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Artículo 50.

Adopción de medidas.

1. Las personas físicas o jurídicas, privadas y públicas, podrán dotarse de los servicios y
medidas de seguridad privada, dirigidas a la protección de sus personas o bienes y al
aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.
2. El Ministerio del Interior podrá ordenar la adopción de medidas de seguridad en
establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, con la finalidad de
prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos, cuando generen riesgos directos para
terceros o sean especialmente vulnerables.
3. Las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada estarán obligadas a
adoptar las medidas de seguridad que se establezcan reglamentariamente.
4. Igualmente podrá ordenarse la adopción de medidas de seguridad cuando se
considere necesaria su implantación en empresas, entidades u organismos públicos.
5. Las autoridades competentes podrán eximir de la implantación de medidas de
seguridad obligatorias cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las
hicieren innecesarias o improcedentes.
6. La apertura de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada y
sus delegaciones mencionados en los apartados 2 y 3 estará condicionada a la efectiva
implantación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias.
7. Los titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada
serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias de
acuerdo con las normas que las regulen, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan
incurrir sus empleados.
8. Reglamentariamente se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales,
comerciales y de servicios que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como
el tipo y características de éstas que deban implantar en cada caso.

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Cuando se trate de organismos públicos, si se considerase necesaria la implantación de
dichos servicios o sistemas de seguridad en empresas, entidades u organismos públicos, el
Ministerio del Interior formulará la correspondiente propuesta y, previo acuerdo con el
Ministerio o Administración de los que dependan las instalaciones o locales necesitados de
protección, dictará la resolución procedente.
9. Los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada que adopten
medidas de seguridad adicionales a las obligatorias, así como aquellos usuarios que, sin estar
obligados, adopten medidas de seguridad, quedarán sometidos a lo dispuesto en esta ley y
sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 51.

Tipos de medidas.

1. A los exclusivos efectos de esta ley, se podrán adoptar los siguientes tipos de medidas
de seguridad, destinadas a la protección de personas y bienes:
a) De seguridad física, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a
determinados lugares o bienes mediante la interposición de todo tipo de barreras.
b) De seguridad electrónica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza,
peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la
activación de todo tipo de dispositivos electrónicos.
c) De seguridad informática, cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la
información en ellos contenida.
d) De seguridad organizativa, dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de
amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación
de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas o grupos de
personas, tales como la creación, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad
o la elaboración y aplicación de todo tipo de planes de seguridad, así como cualesquiera otras
de similar naturaleza que puedan adoptarse.
e) De seguridad personal, para la prestación de servicios de seguridad regulados en esta
ley, distintos de los que constituyen el objeto específico de las anteriores.

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2. Las características, elementos y finalidades de las medidas de seguridad de cualquier
tipo, de los medios materiales y de los sistemas de alarma instalados y utilizados por
empresas de seguridad privada, establecimientos obligados y demás usuarios contratantes,
se regularán reglamentariamente de acuerdo con lo previsto, en cuanto a sus grados y
características, en las normas que contienen especificaciones técnicas para una actividad o
producto. Asimismo dichas medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma
deberán contar con la evaluación de los organismos de certificación acreditados.
Título V

Control

Artículo 52.

Actuaciones de control.

1. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el cumplimiento de
las órdenes e instrucciones que se impartan por los órganos a los que se refieren los artículos
12 y 13, en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, servicios o actuaciones y
del personal y medios en materia de seguridad privada.
2. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes podrán requerir la información pertinente y adoptar las medidas
provisionales que resulten necesarias, en los términos del artículo 54.
3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisión
de una infracción administrativa, se instará a la autoridad competente para la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisión de un hecho
delictivo, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.
4. Toda persona que tuviera conocimiento de irregularidades cometidas en el ámbito de
la seguridad privada podrá denunciar aquéllas ante las autoridades o funcionarios
competentes, a efectos del posible ejercicio de las actuaciones de control y sanción
correspondientes.

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Artículo 53.

Actuaciones de inspección.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecerán planes anuales de
inspección ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal,
los servicios, los establecimientos, los centros de formación, las medidas de seguridad y
cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.
2. Asimismo, al margen de los citados planes de inspección, cuando recibieren denuncias
sobre irregularidades cometidas por las personas físicas o jurídicas mencionadas en el
apartado anterior o por los usuarios de esos servicios, procederán a la comprobación de los
hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento
sancionador.
3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas y el personal de seguridad
privada, así como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada,
los centros de formación y los usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a
efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos de seguridad, en
los expedientes de investigación y en los Libros-registros, en los supuestos y en la forma que
reglamentariamente se determine.
4. Las inspecciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizarán por el
Cuerpo Nacional de Policía, por la Guardia Civil, en el caso de los guardas rurales y sus
especialidades y centros y cursos de formación exclusivos de este personal, o por el cuerpo
de policía autonómica competente.
5. Siempre que el personal indicado en el apartado anterior realice una inspección,
extenderá el acta correspondiente y, en el caso de existencia de infracción, se dará cuenta a
la autoridad competente.

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Artículo 54.

Medidas provisionales anteriores al procedimiento.

1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acordar
excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de
un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad
competente:
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos, no
homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales, así como de los instrumentos y efectos
de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes.
b) La suspensión, junto con la intervención u ocupación de los medios o instrumentos
que se estuvieren empleando, de aquellos servicios de seguridad que se estuvieren prestando
sin la preceptiva autorización, o cuando puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner
en peligro la seguridad ciudadana.
c) El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados
por empresas no autorizadas o por personal no habilitado para el ejercicio legal de los
mismos.
d) El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando se constate
que los centros que la imparten, carecen de la necesaria autorización o el profesorado no
tuviera la acreditación correspondiente.
e) La desconexión de los sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento causare perjuicios
a la seguridad pública o molestias a terceros.
f) La retirada de la tarjeta de identificación profesional del personal de seguridad privada
cuando resulten detenidos por su implicación en la comisión de hechos delictivos.
2. Estas medidas habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo
de quince días. En todo caso quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el
procedimiento sancionador o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso
acerca de las mismas.
3. La duración de las medidas contempladas en el apartado 1, que deberá ser notificada
a los interesados, no podrá exceder de seis meses.

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4. Asimismo, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a
que hubiere lugar, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes se
harán cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, siguiendo lo dispuesto al
respecto en la normativa de armas.
Título VI

Régimen sancionador

Capítulo I

Infracciones

Artículo 55.

Clasificación y prescripción.

1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podrán ser leves, graves y muy
graves.
2. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy
graves a los dos años.
3. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido
cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del
cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se
consume.
4. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera
paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
Artículo 56.

Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada,

de sus representantes legales y de los despachos de detectives privados.


Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes
legales y los despachos de detectives privados podrán incurrir en las siguientes infracciones:

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1. Infracciones muy graves:
a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros, careciendo de la
autorización o, en el caso de las actividades contempladas en el artículo 18.3, sin haber
realizado la declaración responsable, para desarrollar cualquiera de las actividades previstas
en el artículo 5.1.
b) La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que
carezcan de la habilitación correspondiente.
c) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.5, sobre reuniones o
manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión o
creación o mantenimiento de ficheros, automatizados o no, de datos de carácter personal
sobre las mismas, e información a terceras personas sobre clientes, personas relacionadas
con éstos o con bienes de cuya seguridad estén encargados, o cualquier otra forma de
quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito.
d) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados cuando la
homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los
intereses generales.
e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de
seguridad privada, en los libros-registros o el acceso a los informes de investigación privada.
f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así
como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de
armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta ley, o la
contratación de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitación.
g) La prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo
dispuesto en esta ley.
h) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los
delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les
correspondan.
i) El incumplimiento de la obligación que impone a los representantes legales el artículo
22.3.

59

j) La instalación o utilización de sistemas de videovigilancia, así como los
correspondientes a la captación de imágenes o sonido por los sistemas de alarma,
incumpliendo los requisitos o finalidades establecidos para ellos.
k) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de
seguridad privada, en sus sedes y delegaciones,
l) La comisión de una tercera infracción grave en el período de dos años.
2. Infracciones graves:
a) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados, cuando
la homologación sea preceptiva.
b) La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos,
armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias.
c) La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos
específicos de autorización para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción
también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito
territorial para el que estén autorizados o careciendo de la autorización previa cuando ésta
sea preceptiva.
d) La retención de la documentación profesional del personal de seguridad privada.
e) La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes
contratos o sin comunicarlos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en
los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.
f) La prestación de servicios de seguridad privada al margen de lo estipulado en el
correspondiente contrato.
g) La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por
parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
h) La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de
seguridad privada que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o
especialización, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que
reglamentariamente se determine.
i) La falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente
del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de caución u
otra garantía equivalente en los términos establecidos en el artículo 19.1, así como la no

60

presentación del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el
artículo 21.1. e), o la no presentación de la memoria a la que se refiere el artículo 25.5.
j) La no transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas
reales que se registren en las centrales privadas, incluidas las de uso propio, así como el
retraso injustificado en la transmisión de las mismas. Asimismo, será constitutivo de infracción
la comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o
falta de verificación previa
k) La no comunicación por parte de empresas homologadas de seguridad informática de
las incidencias relativas al sistema de cuya protección sean responsables cuando sea
preceptivo.
l) La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria del
órgano competente.
m) La conservación, fuera de los plazos y supuestos establecidos en cada caso, de las
imágenes y sonidos grabados por los sistemas de videovigilancia, los sistemas de verificación
de alarmas y las correspondientes a investigaciones privadas, conculcando el deber de
destruirlos exigido por los artículos 42 y 49.5.
n) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico
competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, así como de los cambios
que se produzcan en sus representantes legales y toda variación en la composición personal
de los órganos de administración, gestión, representación y dirección.
ñ) La prestación de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida
uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles.
o) La no realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de
seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
p) La carencia o no cumplimentación de los libros-registro obligatorios.
q) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico
competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jurídica, denominación, número
de identificación fiscal o domicilio.
r) La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los
representantes legales en el artículo 22.2.
s) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada, en sus
sedes o delegaciones, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento
de las revisiones obligatorias de las mismas

61

t) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años.
3. Infracciones leves:
a) El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o
medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
b) La utilización en los servicios de seguridad privada de vehículos, uniformes o
distintivos con apariencia o semejanza a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las
Fuerzas Armadas.
c) La falta de diligencia en la cumplimentación de los libros-registro obligatorios.
d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos
por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 57.

Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada.

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros y
técnicos, podrán incurrir en las siguientes infracciones:
1. Infracciones muy graves:
a) El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la
habilitación necesaria.
b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas
de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.
c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives
privados o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el
derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones.
d) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el
descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones
inspectoras o de control que les correspondan.

62

e) La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas
funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
f) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de
denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el
ejercicio de sus funciones.
g) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.5 sobre reuniones o
manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión o
creación o mantenimiento de ficheros, automatizados o no, de datos de carácter personal,
sobre las mismas, e información a terceras personas sobre clientes, personas relacionadas
con éstos o bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean
constitutivas de delito.
h) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad
privada, dentro de la jornada laboral establecida.
i) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de
sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de
videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del
Interior.
j) La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los
detectives privados.
k) La comisión de una tercera infracción grave en el período de dos años.
l) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el
artículo 28.3 y 4.
2. Infracciones graves:
a) La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación
obtenida.
b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en
empresas de seguridad privada, cuando resulte preceptivo.
c) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
d) La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de
prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia
física o moral.

63

e) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
f) El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los
servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los
que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se
refiere el artículo 8.7.
g) La conservación, fuera de los plazos y supuestos establecidos, de las imágenes y
sonidos grabados por los sistemas de videovigilancia, los sistemas de verificación de alarmas
y las correspondientes a investigaciones privadas, conculcando el deber de destruirlos exigido
por los artículos 42 y 49.5.
h) La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando
fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
i) La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo
32.1.b).
j) La falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones establecidas en los artículos
35 y 36 para los jefes y los directores de seguridad.
k) La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los
dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de
apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
l) La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.
m) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de
sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de
videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.
n) La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe
de investigación que deben elaborar los detectives privados.
ñ) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años.
o) El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de
personal habilitado para ellas.
3. Infracciones leves:
a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean
exigibles.
b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.

64

c) La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del
documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados
a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos
por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 58.

Infracciones de los usuarios y centros de formación.

Los usuarios contratantes de servicios de seguridad privada y los centros de formación
de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:
1. Muy graves:
a) La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas carentes de la
autorización específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.
b) La utilización de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no
homologados cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los
intereses generales.
c) El incumplimiento, por parte de los centros de formación, de los requisitos y
condiciones que dieron lugar a su autorización.
d) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes en la realización de las funciones inspectoras de los centros de formación y de
los establecimientos obligados.
e) La no adecuación de los cursos que se impartan en los centros de formación a lo
previsto reglamentariamente en cuanto a su duración, modalidades y contenido.
f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de dos años.
2. Graves:
a) La contratación o utilización a sabiendas de personal carente de la habilitación
específica necesaria para el desarrollo de funciones de seguridad privada.
b) El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de
seguridad obligatorias que tengan instalados.

65

c) La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no
homologados.
d) La no comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de
control de la seguridad de la información y las comunicaciones cuando sea preceptivo.
e) La no comunicación al órgano competente de las modificaciones que afecten a
cualquiera de los requisitos que dieron lugar a la autorización de los centros de formación.
f) La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los
centros de formación.
g) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años.
3. Leves:
a) La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que
los regulen, o cuando su funcionamiento cause daños o molestias desproporcionados a
terceros.
b) El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas de seguridad no obligatorios
que se tengan instaladas, con perjuicio para la seguridad pública o para terceros.
c) En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no
constituya falta grave o muy grave.
Artículo 59.

Colaboración reglamentaria.

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella
se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más
precisa determinación de las sanciones correspondientes.
Capítulo II

Sanciones

66

Artículo 60.

Sanciones a las empresas de seguridad privada, sus representantes legales y los

despachos de detectives privados.


Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones
tipificadas en el artículo 56

, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multa de 30.001 a 600.000 euros.
b) Revocación de la autorización, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por
un plazo de entre uno y dos años.
c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad
privada por un plazo de entre uno y dos años.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multa de 6.001 a 30.000 euros.
b) Suspensión temporal de la autorización por un plazo de entre seis meses y un año.
c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad
privada por un plazo de entre seis meses y un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multa de 300 a 6.000 euros.
Artículo 61

. Sanciones al personal

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones
tipificadas en el artículo 57, las siguientes sanciones:
1. Por la comisión de infracciones muy graves:

67

a) Multa de 6.001 a 30.000 euros.
b) Revocación de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por
un plazo de entre uno y dos años.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multa de 1.501 a 6.000 euros.
b) Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año.
.
3. Por la comisión de infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multa de 300 a 1.500 euros.
Artículo 62.

Sanciones a usuarios y centros de formación.

Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones
tipificadas en el artículo 58

, las siguientes sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multa de 20.001 a 100.000 euros.
b) Revocación de la autorización del centro de formación, que comportará la prohibición
de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multa de 5.001 a 20.000 euros.
b) Suspensión temporal de la autorización del centro de formación por un plazo de entre
seis meses y un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:


68

a) Apercibimiento.
b) Multa de 300 a 5.000 euros.
Artículo 63.

Graduación de las sanciones

Para la graduación de las sanciones, los órganos competentes tendrán en cuenta la
gravedad y transcendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación
de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el
volumen de actividad de la empresa de seguridad contra la que se dicte la resolución
sancionadora, la capacidad económica del infractor o, en su caso, la consideración legal de
agente de la autoridad
Artículo 64.

Aplicación de las sanciones.

1. Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o
acumulativa.
2. La aplicación de sanciones pecuniarias tenderá a evitar que la comisión de las
infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las
normas infringidas.
Artículo 65.

Competencia sancionadora

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora
corresponderá:
a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de revocación de las autorizaciones
y habilitaciones.
b) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las restantes sanciones por
infracciones muy graves.
c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves.

69

d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones
graves en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para
este personal.
e) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno, para imponer las sanciones por
infracciones leves.
2. En el ámbito de las comunidades autónomas con competencia en materia de
seguridad privada, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de los órganos que
se determinen en cada caso.
3. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en
la legislación de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Artículo 66.

Decomiso del material.

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad
privada, será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a
su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer
frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.
Artículo 67.

Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán,
respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a
ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y
se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.
Capítulo III

Procedimiento

70

Artículo 68.

Medidas cautelares.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su incoación
podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así
como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso
de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.
2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta
infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no
homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la
infracción.
b) La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o licencias.
c) La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la
tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de
expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada.
También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto
finalice el proceso por delitos contra dicho personal.
3. Las medidas cautelares previstas en los párrafos b) y c) del apartado anterior no
podrán tener una duración superior a un año.
Artículo

69. Ejecutoriedad.

1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas desde que la resolución
adquiera firmeza en vía administrativa.
2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para
satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni
superior a treinta días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

71

3. En los casos de suspensión temporal y revocación de autorizaciones o de
habilitaciones, y prohibición del ejercicio de la representación legal de las empresas, la
autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a
quince días hábiles ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que
pudieran resultar directamente afectados.
Artículo 70.

Publicidad de las sanciones.

Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las
personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando
hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de
acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la
seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o
acreditada intencionalidad.
Artículo 71.

Multas coercitivas.

1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades
competentes relacionadas en el artículo 65 podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con
lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo.
2. La cuantía de estas multas no excederá de 6.000 euros, pero podrá aumentarse
sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del
incumplimiento.
3. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones pecuniarias que puedan
imponerse y compatibles con ellas.
Disposición adicional primera.

Comercialización de productos.

En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión
Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión
Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones

72

nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se
atenderá a los estándares previstos por los organismos de certificación acreditados que
ofrezcan, a través de su administración pública competente, garantías técnicas profesionales y
de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, y a
que las disposiciones del Estado, con base en las que se evalúa la conformidad, comporten
un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables.
Disposición adicional segunda.

Contratación de servicios de seguridad privada por las

administraciones públicas.


1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de
seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, los órganos de contratación de las administraciones públicas podrán establecer
condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad
privada contratistas.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán establecer
penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o
atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución
de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 223 f).
Disposición adicional tercera.

Cooperación administrativa.

En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad
privada, los órganos competentes en materia tributaria, laboral y de seguridad social
establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las
empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.

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Disposición transitoria primera.

Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de

esta ley.


1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en
vigor de esta ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación o canje alguno.
2. Las habilitaciones correspondientes a los guardas particulares del campo se
entenderán hechas a la nueva categoría de guardas rurales.
Disposición transitoria segunda.

Operadores de centrales de alarma.

Los operadores de centrales de alarma que a la entrada en vigor de esta ley se
encuentren contratados por las empresas de seguridad o en centrales de alarma de uso
propio, podrán continuar desempeñando sus funciones.
Disposición transitoria tercera.

Plazos de adecuación.

1. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados, las
medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso con anterioridad a la entrada
en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o
parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en las normas que la
desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de los siguientes plazos
de adecuación a partir de su entrada en vigor:
a) Dos años respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y de
los despachos de detectives privados
b) Diez años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad,
de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados.
c) Un año para la obtención de la certificación prevista en el artículo 19.4
2. Las medidas de seguridad física instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley tendrán una validez indefinida hasta el final de su vida útil, debiendo ser actualizadas

74

en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los
que formen parte.
3. Los sistemas de seguridad y los elementos de seguridad física, electrónica e
informática que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberán cumplir con
todas las exigencias y requisitos establecidos en la misma y en su normativa de desarrollo.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y cuantas
normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley
2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9
de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del
propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga esta ley.
Disposición final primera.

Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
Disposición final segunda.

Procedimiento administrativo.

En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicará la legislación sobre
procedimiento administrativo.
Disposición final tercera.

Desarrollo normativo.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones
reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y
concretamente para determinar:
a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de
regulación.

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b) Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad
privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.
c) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios
técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada.
d) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de seguridad
privada.
e) El régimen de habilitación de dicho personal.
f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño
de las distintas funciones.
2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo
con las variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el “Boletín Oficial del

Estado”.

Info sobre las cosas que me interesan
Julian Flores Garcia
Consultor Internacional de Seguridad
Pagina web Jefe de Seguridad http://www.jefedeseguridad.net/
Pagina web siseguridad http://www.siseguridad.es/
Pagina web vigilantes de seguridad http://www.vigilantesdeseguridad.cat/
Pagina web segurpricat http://www.segurpricat.biz/
twiter @juliansafety
http://bit.ly/14Lpmqx

 Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:
http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

España tiene el mayor agujero presupuestario en toda la Unión Europea, solo cercano al de Grecia

El rescate a la banca eleva el déficit público al 10,6%, el mayor de la UE

Eurostat certifica que el desfase de las cuentas en 2012 sin las ayudas financieras es del 7%

La deuda pública española es la que más rápido crece en los últimos meses entre los Veintisiete

Alemania fue el único país de la Unión Europea que acabó con superávit presupuestario

La lucha contra el déficit público, la prioridad del Gobierno en 2012, se salda con un resultado agridulce. Las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se confía en recuperar elevan el desfase de las cuentas del año pasado al 10,6% del PIB, según acaba de certificar Eurostat, la agencia estadística de Bruselas. Es el mayor agujero presupuestario en toda la Unión Europea, solo cercano al de Grecia (10%).

Si se excluye del cómputo el rescate financiero, se confirma un recorte del déficit (del 9% de 2011 al 7% de 2012), pero ni se cumple el compromiso  pactado con Bruselas (6,3%), ni se sale de la primera línea de atención de los mercados. Más aún, si la deuda pública, donde suma el rescate financiero, pero también los créditos del Gobierno a las comunidades autónomas para pagar a proveedores, es la que crece a mayor velocidad de la UE en los últimos meses: siete puntos porcentuales en el último trimestre del año pasado y contando.
España tiene a ocho países europeos por delante en el nivel de deuda pública acumulado, un indicador al que los mercados prestan casi tanta atención como a la falta de actividad -la economía española sufre una recesión más prolongada ya que la de 2008-2009-. Pero, para los inversores, más importante aún es la velocidad a la que crece: el salto entre finales de 2011 (69,3%) y de 2012 (84,2% del PIB) es más que notable. Y en los dos primeros meses del año, la deuda pública española ronda ya el 87%.
Nada refleja mejor la dificultad de ajustar los presupuestos en plena recesión como la evolución de los ingresos públicos. Tras la mayor subida de impuestos de la democracia (recargo al IRPF, alza del IVA, eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades), la proporción de ingresos sobre el PIB solo aumentó del 35,7% al 36,4%, con la recaudación lastrada por el enorme desempleo (al que los recortes y la reforma laboral han dado otro empujón) y la falta de actividad económica. Solo Irlanda, dentro de la zona euro, tiene un nivel de ingresos públicos menor.
El contraste con Alemania, la primera economía del euro, es enorme. El Gobierno de Angela Merkel ha coseguido cerrar 2012 en superávit (0,2% del PIB), algo fuera del alcance del resto de la Unión Europea. También, un recordatorio de que Berlín no cree en la expansión del gasto para apoyar al resto de la eurozona, como le reclama el FMI. Y el leve aumento de la deuda pública (del 80,4% al 81,9%) tiene que ver sobre todo con el dinero puesto en los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal (más de 56.000 millones).
El Gobierno se apoyará en la evidencia estadística para fundamentar su petición de que la Comisión Europea le de hasta dos años más para llevar el déficit al 3% del PIB. Más aún cuando las previsiones económicas, que el Ejecutivo del PP revisará esta semana, apuntan a que la recesión, más aguda de lo que anticipaba la estimación oficial (-0,5% frente al -1,6% que pronostica el FMI), se prolongará hasta finales de año.

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El ministro de Interior y su homólogo francés visitan hoy en Francia el Centro de Cooperación Policial y Aduanera

El ministro de Interior y su homólogo francés visitan hoy en Francia el Centro de Cooperación Policial y Aduanera

 

El ministro de Interior y su homólogo francés visitan hoy en Francia el Centro de Cooperación Policial y Aduanera

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, visitará este viernes junto a su homólogo francés, Manuel Valls, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) en Lieu-dit Perdigueres-Le Perthus (Francia).

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Fernández Díaz y Valls se reunirán a las 16.00 horas y realizarán un recorrido por las instalaciones de este centro. Posteriormente, mantendrán una reunión informativa para analizar el funcionamiento de estos centros y la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Aunque la cita tendrá como referencia principal el tráfico de drogas, los responsables de Interior de España y Francia previsiblemente abordarán los últimos movimientos de la banda terrorista ETA, que en sus últimos comunicados ha hecho llamamientos a ambos países para reclamar avances en las negociaciones como la liberalización de los presos.
Fernández Díaz y Manuel Valls ya se entrevistaron en mayo del año pasado, tras un primer encuentro en la Reunión del G-6 de ministros del Interior celebrada en Munich (Alemania) ese mismo mes, en una visita que el ministro galo realizó a Madrid tan solo 12 días después de su nombramiento.

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El artículo 550 tipifica el delito de atentado contra la Autoridad en el código penal español

15 abril, 2013 por Julián Flores Garcia
Los delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos en el derecho penal español
El estudio del delito de atentado es interesante desde el punto de vista de la actuación profesional de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que en muchas intervenciones se podrán plantear situaciones que darán lugar al nacimiento de esta figura delictiva.
El artículo 550 tipifica el delito de atentado al establecer:
“Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
De acuerdo con la tipicidad que se recoge en el artículo reseñado, es suficiente con que se lleve a cabo cualquiera de los actos que contempla el mismo para considerar que hay atentado. El AUTO de 22-10-1997, núm. 2065/1997, Recurso de Casación núm. 1114/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en cuanto a los requisitos para que surja este delito, dice lo siguiente:
“Con respecto al delito de atentado inveterada doctrina jurisprudencial ha establecido cuáles son los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la existencia del delito de atentado: a) Un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave, o resistencia también grave; b) que tal acto vaya dirigido contra un funcionario público o agente de autoridad; c) que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del cargo, y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado «con ocasión de ellas», pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta; d) que exista un «animus» o propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de autoridad (STS 12 junio 1995)”.
En el estudio que llevaremos a cabo de la mencionada figura delictiva, una vez que hemos expuesto las bases sobre las que se sustenta el delito en cuestión, vamos a analizar su incidencia en las actuaciones de los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Es por ello, por lo que, en primer término, es conveniente determinar de una forma más pormenorizada en qué consiste esta figura delictiva.
  1. En qué consiste el delito de atentado.

    Es un hecho delictivo que se comete, como señala el artículo 550, contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas, que son los llamados sujetos pasivos del delito, son los que sufren las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. Una primera cuestión que abordaremos es en torno a los sujetos pasivos, ya que conviene aclarar qué se entiende por:
    Autoridad: la definición la encontramos en el artículo 24 del Código Penal que señala que se reputará autoridad al que, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso , tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las comunidades Autónomas y del Parlamento europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
    Funcionario: sigue diciendo el citado precepto en su apartado 2: Se considerará funcionario público todo el que, por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.

    Por qué se instaura o tipifica el delito de atentado.

    Hay distintas explicaciones al hecho de por qué se tipifica el delito de atentado. La jurisprudencia más representativa del Tribunal Supremo, a través de una serie de sentencias en las que cabe resaltar las de 6 de octubre de 1.982, 14 de febrero de 1.983, 20 de enero de 1.997, dicen que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el principio de autoridad. Es decir se protege, más que a la persona del funcionario policial, a la autoridad que representa. Hay otro sector de la jurisprudencia que opina de manera un tanto diferente a las anteriores sentencias y consideran que lo que se protege a través de la tipificación de este delito no es el principio de autoridad sino el buen funcionamiento del ejercicio de la autoridad.1
    Una vez aclarado por qué se tipifica este delito y qué se entiende desde el punto de vista penal por“autoridad y funcionario público”, hay que ver dónde se ubica, dentro de estos últimos conceptos, a los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como es evidente, según el texto del artículo 24, tales miembros de las fuerzas del orden no son autoridad, aunque sí son funcionarios públicos; en concreto son agentes de la autoridad, ya que dependen orgánicamente de una autoridad, y tienen la consideración de funcionarios públicos ya que participan de la función pública.2
    En este orden de cosas, se han planteado muchas dudas en relación con los funcionarios de la policía en prácticas y los vigilantes de seguridad privada, dudas que giran en torno a si tienen la condición de funcionarios públicos y agentes de la autoridad. La jurisprudencia se ha encargado de aclarar esta cuestión en el siguiente sentido: cuando el delito de atentado se cometía contra un funcionario en prácticas o contratado, se les equiparaba a los funcionarios públicos y los calificaba como funcionarios de hecho, ya que al fin y al cabo realizaban la misma función que los que tenían la plaza como titulares.3
    La jurisprudencia, por otro lado, de forma tradicional venía manteniendo que los vigilantes de seguridad privados eran considerados como agente de la autoridad. Sin embargo, la jurisprudencia más moderna, con sentencias entre las que resaltamos las de 25 de octubre de 1.991, 18 de noviembre de 1.992 y 8 de octubre de 1.993, no ha reconocido a dichos profesionales la condición de agente de la autoridad, como había venido haciendo antes. Sin embargo, estos profesionales de la seguridad privada, aunque no se les reconoce su condición de agente de la autoridad, también son objeto de una especial protección cuando sean víctimas de actos de acometimiento o intimidación, cuando acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios, conforme señala el artículo 555 del Código Penal.4, que indica que las penas previstas en los artículos 551 y 552 serán impuestas en un grado inferior, en sus respectivos casos, a los que acometan o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.
    ¿Tiene alguna relevancia de cara a la comisión del hecho delictivo del artículo 550 el que el sujeto pasivo del delito tenga la consideración de autoridad, funcionario público o agente de la autoridad?. Si la tiene, y se pone de manifiesto en el contenido del artículo 551 cuando se establece la pena. Dicho artículo, en su punto primero establece una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses, si el atentado se comete contra una autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos. Es decir, es más grave, como es obvio, la pena a imponer si el delito se comete contra alguna de las autoridades que se relaciona en el artículo 24 del Código Penal, que si el delito se comete contra un agente de la autoridad, si bien es cierto que en determinadas acciones delictivas se produce un “arco de transformación”, como más adelante veremos, y a los agentes de la autoridad se les considera autoridad a los efectos de imponer la pena, cuando con motivo de la comisión del hecho delictivo se ha puesto en peligro la integridad física del agente, situación muy interesante de analizar que, reitero a continuación estudiaremos.

    Acciones que dan lugar al delito de atentado.

    La comisión del hecho delictivo, en relación con los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se traduce en un ataque que se produce cuando se encuentran ejecutando las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Las acciones que nos ofrece el artículo 550 para la comisión de este hecho delictivo son alternativas, y pueden consistir: en un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, o resistencia activa también grave. Desde el punto de vista del Tribunal Supremo, es interesante determinar en qué consisten cada una de las acciones que dan lugar al delito de atentado. Vamos a analizar esta cuestión:
    1.- Qué entiende el Tribunal Supremo cuando el artículo 550 habla de acometimiento.
    Por medio de AUTO de 26-2-1997, dictado en el Recurso de Casación núm. 2041/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en el que no admite el Recurso planteado, se señala lo que se entiende por acometimiento. Así la sentencia dice:
    “Del relato fáctico se deduce la existencia de los elementos que configuran el tipo delictivo por los que fue condenado el recurrente, al constar, y con respecto al primero de los delitos, que el recurrente conocía la condición de agente de la policía local, al que desobedeció cuando le pidió la entrega del arma, realizando los disparos hacia donde se encontraba el agente, lo que supone un acto de acometimiento grave con uso de arma, contra autoridad y no contra agente al haberse empleado un arma de fuego, poniendo en peligro la integridad física del agente”.
    Del anterior texto se desprende que la acción de acometimiento consiste en un ataque violento dirigido contra un policía, que en este caso llega a la situación extrema de que le disparan con un arma.5 De esta situación resaltaremos lo que anunciábamos en líneas atrás, que hay determinadas acciones en que se produce un “arco de transformación”, a los efectos penológicos, consistente en que el funcionario deja, en los casos en que se ponga en peligro su integridad física, de ser considerado agente de la autoridad para tener la consideración de autoridad, lo que lleva como consecuencia que la pena que se impone al autor de los disparos, es la misma que se le impondría si el atentado lo hubiese cometido contra cualquiera de los funcionarios que reseña el artículo 24, 1 del Código Penal6. Sin embargo el problema radica en la aplicación del artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Tribunal Supremo, con referencia al Código Penal derogado entendía que en el caso de atentado contra agentes de la autoridad con armas la pena a imponer era la básica de los atentados contra la autoridad (artículo 232.2), pero no la del artículo 232, 1.1º, porque de lo contrario se tomaría dos veces con efectos agravatorios el uso de armas, con vulneración del principio “nom bis in idem” (sentencia de 3 de octubre de 1.994). Con arreglo a esta doctrina y en relación con el Código Penal de 1.995, si se aplica el artículo citado de la LOFCS, la pena sería, si se aplica el artículo 551, 1, de prisión de 2 a 4 años y multa de 3 a 6 meses, pero si se aplica el artículo 552, 1º es de 3 años y un día a 4 años y 6 meses, es decir, superior. Siendo tan especial el artículo 552 como el 7 citado de la LOFCS, no se ha de aplicar éste, sino el primero por el principio de alternatividad del artículo 8, 4º del Código Penal.
    2.- Qué se entiende desde la jurisprudencia por “emplear fuerza”:
    Antes de analizar la jurisprudencia veremos primero lo que dice la doctrina, en este caso encabezada por el profesor FRANCISCO MUÑOZ CONDE, el cual en su obra, “Derecho Penal Parte Especial” dice:
    “Por acometimiento la jurisprudencia entiende la acción de agredir corporalmente. Sin embargo, esta acción de agredir corporalmente se puede confundir en algún momento con la acción de empleo de fuerza, que supone ya el empleo de una violencia corporal efectiva (dar una bofetada, lanzar el automóvil contra un guardia municipal)”.
    Nos sigue diciendo el profesor Muñoz Conde: la distinción es en todo caso superflua, pues el empleo de fuerza supone ya el acometimiento y ambos indistintamente constituyen ya el tipo. Cerezo considera que el “empleo de fuerza” incluye también los casos en que la fuerza se dirige contra cosas materiales, siempre que el funcionario reciba en su cuerpo dicha violencia (arrebatar al funcionario una cosa, dejarlo encerrado en una habitación etc”.
    Analisis jurisprudencial del empleo de fuerza.
    Son interesantes dos sentencias:
    1.- Una primera la dictada por el Tribunal Supremo con fecha 24 de noviembre de 1.993, que destaca las diferencias que existen entre los términos “acometimiento” y “empleo de fuerza”. Al respecto establece el alto Tribunal:
    “PRIMERO.-El delito de atentado a la autoridad del art. 231 del Código Penal no es definido por el legislador, aun siendo como es una de las infracciones que con más frecuencia llegan a los Tribunales de Justicia. Tampoco aparece delimitada la exacta medida de la gravedad requerida en los hechos que lo integran en sus cuatro formas comisivas, cuales son, el empleo de la fuerza, la intimidación, el acometimiento y la resistencia grave, sin perjuicio de lo cual puede afirmarse que el acometimiento, en sus distintas modalidades, representa la más acorde y la más característica con el concepto legal del tipo.
    En ese sentido, y en referencia a los hechos ahora enjuiciados, el acometimiento equivale a agresión, ataque físico en suma, de mayor medida cualitativa y cuantitativa que el simple uso de fuerza. El acometimiento representa un plus de gravedad porque esa fuerza, que incuestionablemente se encontrará en el inicio de aquél, llega a más por su insistencia, por sus efectos, por su consistencia”.
    En esta sentencia se analiza los dos conceptos objeto de estudio, “acometimiento” y “empleo de fuerza”. Acometimiento, desde el punto de vista jurisprudencial, sería por tanto una acción que implica el empleo de fuerza para agredir, o, dicho de otra manera, supone el empleo de una violencia corporal efectiva, en el que se tiene que dar un contacto corporal entre agresor y agredido, que puede dar lugar a una lesión que revista mayor o menor gravedad. El resultado dañoso sería considerado como otro delito distinto.
    Por el contrario, el empleo de fuerza no tiene como finalidad lesionar la integridad o salud del agente de policía, ya que persigue obligarle a hacer o padecer lo que no desea.7
    2.- La segunda sentencia que analizaremos es la dictada con fecha 28 de febrero de 1.998, en el Recurso de Casación núm. 1707/1997, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal. Dice esta sentencia:
    “Por lo que respecta a la tenencia de objetos inflamables o incendiarios, ya hemos dicho que la utilización de uno sólo de ellos, lanzándolo contra un Agente de la Autoridad pudiera subsumirse en el subtipo agravado del delito de atentado (utilización de medios peligrosos etc.)”
    El “empleo de fuerza”, de acuerdo con esta sentencia, y con lo que dice Cerezo, antes citado, no solo se constriñe a obligar al agente de policía a hacer o padecer lo que no desea. Se considera que el “empleo de fuerza” se daría también en el caso de que se lance contra el agente del orden público objetos peligrosos, aunque no lleguen a impactar contra el mismo. En el caso de que tal impacto se produzca, el resultado lesivo sería constitutivo de un delito de lesiones o falta.
    Producción de un resultado lesivo.
    En el comentario realizado de las anteriores sentencias hacíamos referencia a la posibilidad de que con el empleo de fuerza se produzca un resultado lesivo para el funcionario policial. En estas situaciones nos encontramos con que el sujeto que comete el hecho delictivo, con una sola acción comete dos delitos. Analizaremos esta situación tomando como ejemplo el de la última sentencia, en la que se lanza al funcionario un objeto inflamable y con motivo de tal lanzamiento éste resulta lesionado. En este caso, el sujeto activo del delito ha realizado una sola acción, que es la de arrojar un objeto peligroso al policía y con motivo de la misma éste resulta lesionado.
    En estos casos en que con una sola acción se comete dos delitos, por un lado el de atentado y por otro el de lesiones, se habla de un concurso ideal de delitos, cuyo sustento legal lo encontramos en el artículo 77 del Código Penal. El concurso ideal por definición es la concurrencia de dos o más infracciones delictivas ocasionadas por una sola acción del sujeto.
    3.- Intimidación grave.
    Es interesante también comentar la “intimidación”, que es otra de las acciones que da lugar al nacimiento del delito de atentado. Para que la intimidación dé lugar al delito de atentado se precisa de forma imprescindible que sea grave, ya que, en caso contrario, no constituiría este delito. ¿En qué caso se puede considerar que la intimidación a un agente del orden público es grave? Se considera grave cuando la intimidación se lleva a cabo a través de una amenaza de realizar un mal inmediato. En el caso de que la amenaza que se lanza al funcionario o agente de la Ley no sea grave, no se puede condenar al autor de tal amenaza por el delito de atentado del artículo 550, si bien puede serlo por el delito previsto y penado en el artículo 556 (delito de resistencia y desobediencia grave).
    La sentencia de 19-2-1997, núm. 230/1997. Recurso de Casación núm. 1261/1995, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal es fiel reflejo de la situación comentada antes. Así, tenemos que esta sentencia señala:
    “Se dice que no hubo delito de atentado cuando en la huida de Fidel, perseguido por un policía de paisano que dio a conocer su cualidad de tal con la reiterada voz «alto, policía», de repente se paró y apuntó con la pistola que llevaba hacia dicho agente de la autoridad”.
    Entendemos que son correctos los extensos razonamientos que hace la sentencia recurrida en su Fundamento de Derecho 8.º para concluir que hubo aquí un acto de intimidación grave que encaja en uno de los supuestos previstos en el art. 231.2.º y que aparece penado en el art. 236. Parece fuera de toda duda el que haya de reputarse amenaza el hecho de apuntar con un arma a otra persona y si ello se hace en el curso de una persecución contra un delincuente, cuando éste se vuelve armado contra quien le persigue, asimismo nos parece correcto calificar como grave tal amenaza. Como la cualidad de agente de la autoridad en relación con la persona amenazada aparece asimismo en los hechos probados, ha de estimarse correcta la aplicación al caso de la sanción propia del delito de atentado que la sentencia recurrida impuso”.
    4.- Resistencia activa grave.
    La resistencia grave es la cuarta de las acciones que puede dar lugar al nacimiento del delito de atentado. Por resistencia grave se puede entender aquella actividad, realizada por parte del sujeto activo del delito, que persigue como finalidad dificultar o impedir la actuación profesional de la policía, actividad que se encuentra a la orden del día en muchas intervenciones profesionales, sobre todo en materia de circulación de vehículos. Lo que ocurre, y por eso efectuamos este paréntesis de forma inmediata, es que no toda actuación que persiga dificultar o impedir una actuación profesional puede ser considerada como constitutiva del delito de atentado, ya que, para encontrarnos ante esta situación, se necesita, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal, que esta resistencia sea, además de grave, activa. En el caso de que la resistencia sea no grave nos encontraremos con el delito del artículo 556 (delito de desobediencia y resistencia).
    La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1.993 nos viene a establecer cuándo la resistencia es activa y grave. En este sentido dice:
    “La resistencia que reviste la gravedad de atentado es claramente activa e implica el empleo de una oposición tenaz, resuelta, decidida, con utilización de fuerza real, frente a la actuación del agente o funcionario agredido………”
    Esta misma sentencia también nos dice cuándo la resistencia es no grave, que sería la de la siguiente situación:
    “mientras que la resistencia menos grave tipificada en el artículo 237 (del Código Penal derogado) ofrece un carácter más pasivo, simbolizado por un no hacer inequívoco y merma del principio de autoridad. Suponiendo, pues, la resistencia no grave a que da albergue el artículo 237, no sólo una oposición al mandato o actuación de la autoridad, de sus agentes o de los funcionarios públicos, sino una traba u obstrucción a aquéllos, en persistente y declarada porfía, en tenaz y resuelta rebeldía, en actitud, frecuentemente desafiante, de contrafuerza física o material contrarrestadora o debilitante, sin alcanzar la beligerante agresividad y la formal iniciativa violenta, patente en su hostilidad y relevante en sus consecuencias, característica de la resistencia grave.”
  2. Por qué se produce la protección penal en el delito de atentado.

    Se persigue con la tipificación de este delito la protección de los funcionarios policiales (entre otros funcionarios o autoridades) en el ejercicio de sus funciones como autoridad. Se considera, por tanto, que el bien jurídico que se protege con este delito es el principio de autoridad8.
    En este orden de cosas, es conveniente aclarar que, si bien un agente del orden público, desde el punto de vista formal, se encuentra revestido del carácter de autoridad, ello no quiere decir que todos sus actos lleven de forma aneja tal carácter9. Es decir, los ataques que sufra un agente de la policía fuera de horas de servicio, o por motivos privados, no pueden ser calificados de forma automática de atentado conforme señala el artículo 550 antes reseñado. Ello no quiere decir que tales hechos queden impunes, ya que podrán ser castigados como delitos comunes.
  3. situaciones en que los actos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave a los funcionarios policiales no son constitutivos del delito de atentado.

    Estas situaciones en que, por parte del sujeto activo del delito, se realiza cualquiera de las acciones del artículo 550 que darían lugar al nacimiento del delito de atentado, y que, sin embargo y pese a ello, no se da la antijuridicidad, son aquéllas en las cuales los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se exceden en una intervención profesional. Son los casos, por ejemplo, en que el policía, en una detención que lleva a cabo, emplea violencia innecesaria, la que, en este caso, justifica la reacción del sujeto, que puede realizar un acto de legítima defensa respecto de esa violencia innecesaria que se puede imprimir en su detención. Por tanto, la legítima defensa realizada por un particular ante un exceso policial, como causa de justificación sólo se admite cuando este exceso sea antijurídico. Pero no es cualquier acto antijurídico el que puede dar lugar a una legítima defensa; tiene que ser un acto antijurídico constitutivo de delito.10
  4. Requisitos que deben concurrir para la comisión de este hecho delictivo.

    Primero. Encontrarse el agente ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas.
    De la lectura del artículo 550 vemos que se exige, para que se cometa el hecho delictivo que se regula, que el ataque se debe de producir cuando el sujeto pasivo (en nuestro estudio el policía) se encuentra ejecutando funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Es conveniente determinar qué se quiere decir con esa referencia.
    Por lo que concierne a la primera referencia, “se encuentre ejecutando funciones propias de su cargo”, se está queriendo identificar al Policía con el cuerpo al que pertenece, es decir, se protege, a través de la persona del agente, al órgano que representa.
    En la segunda referencia planteada, “ataque con ocasión del ejercicio de sus funciones”, no se da la identificación entre el agente y cuerpo al que representa, ya que es suficiente con que el ataque se lleve a cabo en atención a las funciones ya ejercidas o a las que van a realizarse. Es decir, desde el punto de vista jurisprudencial, cuando el artículo 550 se refiere a un ataque con ocasión del ejercicio de sus funciones, considera que abarca tal denominación tanto a las funciones ejercidas como las que se están ejerciendo. En definitiva, lo que se viene a decir es que tal protección abarca situaciones en que el ataque al policía se produce por venganza o resentimiento por actos realizados en una intervención profesional, aun cuando se hubiese cesado en el desempeño de la misma.11
    Segundo. Ánimo de ofender y menospreciar el principio de autoridad.
    Para que se dé este segundo requisito, es preciso que el autor del delito tenga voluntad y conciencia de ofender y menospreciar a una autoridad. Si el sujeto que comete el delito de atentado no tiene conocimiento de que el sujeto pasivo del delito es un agente de la autoridad, ya que no va de uniforme y en ningún momento se identifica como agente de policía, no existirá el delito de atentado, porque falta el dolo específico para el nacimiento de este delito, aunque sí puede haber lugar a la comisión de otra figura delictiva.12

Conclusión.

El delito de atentado a los agentes de la autoridad se manifiesta por la presencia de una de las siguientes cuatro acciones que lleva cabo el que lo realiza: acometimiento; empleo de fuerza; intimidación grave y resistencia grave. A su vez, deben de concurrir en el autor del delito, cuando realiza cualquiera de las cuatro acciones antes referidas otros dos elementos más: por un lado, la existencia de un animo de ofender al principio de autoridad o menospreciarlo, y, por otro, que tales hechos se realicen contra un agente de la autoridad que se encuentre ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas. El último de los requisitos exigidos para que surja este delito sería que el policía o agente del orden actúe dentro del marco legal que le permite su profesión. La regulación legal del delito de atentado nos parece adecuada y cumple un papel fundamental en el ejercicio profesional de los funcionarios del orden público.
Fuente :José Aróstegui Moreno.
Julian Flores Garcia
Consultor de Seguridad Intenacional de latinoamerica

Notas

1 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1.993 apunta que lo que se protege con el delito de atentado es el ejercicio específico de la autoridad en la medida en que ella permite asegurar el orden interno del Estado.
2 Cerezo Mir J. “Los delitos de atentado”. Según este autor “agente de la autoridad”, en sentido estricto, es aquel funcionario público que sirve a la Autoridad mediante actos de índole ejecutiva, es decir, que está encargado de aplicar, o hacer cumplir las disposiciones de la Autoridad.
3 La sentencia de 28 de enero de 1.993, en relación con el delito de atentado que pueden sufrir los funcionarios de la Policía Local en prácticas, establece lo siguiente: UNICO.-El artículo 119 del Código Penal, según doctrina jurisprudencial, se emancipa -para definir la condición de funcionario público- de la relación administrativa, y considera como tal al que ostenta un título que arranca de la Ley o por elección o por nombramiento de la Autoridad competente, siempre que desenvuelva una actividad de participación en la función pública o, que se proyecte o tienda al interés general o colectivo. Pero dentro de esta categoría -cuando concurre el elemento objetivo o de actividad pública-, además de los sujetos que en calidad de autores o de víctimas gozan de un estatuto jurídico-administrativo, se da cabida a los llamados funcionarios de hecho que desempeñan una función pública -requisito siempre ineludible- aunque, en cuanto al título, no tengan todas las cualificaciones exigidas.
No puede cuestionarse, con referencia al relato judicial de los hechos, que el sujeto lesionado actuaba guiado por un interés público o general cuando impedía el estacionamiento de un vehículo en lugar inadecuado, y no debe ser obstáculo al reconocimiento de su condición de agente de la Autoridad la circunstancia de ser policía municipal «en prácticas», pues había recibido una designación de quien tenía facultades para hacerla, aunque no hubiere llegado a perfeccionarse la relación funcionarial o administrativa. Se trata, en definitiva, de una hipótesis de funcionario de hecho, subsumible en el ámbito del art. 119 del Código, como ha hecho esta Sala en repetidas ocasiones, de las que pueden ser ejemplos las SS. 20-1-1978 (RJ 1978\81) y 27-3-1982 (RJ 1982\2029).
En consecuencia, procede estimar el recurso del Ministerio Fiscal, profiriendo segunda sentencia que subsuma los hechos en el delito de atentado previsto en el art. 236 en relación con el 231.2.º del Código Penal, en concurso con las lesiones ya apreciadas por el Tribunal sentenciador.
4 La obligación de auxiliar a la autoridad, sus agentes o funcionarios les viene impuesta a los vigilantes de seguridad privada, no sólo por lo que establece el artículo 1.4 de la Ley 23/1.992 de 30 de julio sobre Seguridad Privada, sino también por lo que prescribe el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5 Las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1.993, 10 de noviembre de 1.993, 12 de junio de 1.995, 17 de octubre de 1.996 definen lo que se debe entender por acometimiento. En concreto, la Sentencia 12 junio 1995 (RJ 1995\4560) nos dice: Pero no está descrito en el relato de hechos de la sentencia una actividad o conducta de los dos acusados que pueda encuadrarse en alguna de las cuatro formas de dinámica comisiva antes expresadas, limitándose la narración fáctica a decir que cada uno de ellos «intentó golpear» o «intentó agredir» al alcalde o al concejal, sin describirse acto alguno concreto realizado que signifique uso de fuerza o intimidación, ni acometimiento, acción esta última que, como dice el Diccionario de la Real Academia, consiste en «embestir con ímpetu y ardimiento» y ha definido la doctrina de esta Sala en numerosas sentencias, vale tanto como decir embestida, ataque o agresión y puede manifestase en diversas formas de utilización de fuerza real como propinar puñetazos o bofetadas, empujar fuertemente, luchar a brazo partido, arrojar piedras o, al menos abalanzarse contra el sujeto pasivo (Sentencias de 30 abril 1987 [RJ 1987\3046] y 7 junio 1988 [RJ 1988\4485]).
6 El artículo 7.1 de la L.O 2/1.986, de 13 de marzo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye, cuando se encuentren realizando sus funciones profesionales, la condición de agentes de la autoridad. Sin embargo, el mismo precepto en su apartado 2, y con el fin de otorgarle a dicho agentes una mayor protección, les considera autoridades a los efectos del delito de atentado, cuando é,ste se cometa empleando armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en grave peligro su integridad física.
7 Carbonel Mateu y Vives Anton, al analizar la diferencia entre acometimiento y empleo de fuerza, dicen que la distinción se encuentra en que esta última no se dirige a lesionar la vida, la integridad o la salud del agredido, sino que persigue el fin de obligarle a hacer o padecer lo que no desea, y ponen como ejemplo, para establecer la diferencia, la conducta del sujeto activo del delito que arranca al sujeto pasivo (el policía) el uniforme o las insignias que le acompañan.
8 Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, Luis Arroyo Zapatero y otros. “Lecciones de Derecho Penal Parte General”. Editorial Praxis. El objeto material sobre el que recae físicamente la acción típica es el objeto del delito. No hay que confundir, por lo tanto, lo que es el objeto de la acción con el objeto jurídico del delito. En el delito de hurto el objeto jurídico es la propiedad, mientras que el objeto material de la acción es el bien mueble (la billetera, el dinero) apropiado contra la voluntad de su dueño por el sujeto activo. Lo usual es que el objeto jurídico, que equivale al bien jurídico, no aparezca como un objeto aprehensible del mundo real. Son por definición valores ideales (inmateriales) del orden social sobre los que descansa la armonía, el bienestar y la seguridad de la vida en sociedad.
Con la anterior cita lo que queremos resaltar es que el principio de autoridad, que es el bien jurídico que se protege en el delito de atentado, no es aprehensible, es un valor que forma parte del cargo de policía.
9 Juanate y Dorado: “El delito de desobediencia a la autoridad”. Valencia 1.997. Esta autora considera que se protege a la autoridad a través del artículo 550 del Código Penal sólo cuando ejerce su autoridad para preservar la paz pública. En los caso en que no sea así, señala la autora que hay que interpretar restrictivamente, y no calificar automáticamente de atentado, cualquier agresión sobre una persona revestida formalmente del carácter de autoridad.
10 Ignacio Berdugo y otros op. cit.: El término antijurídico hace referencia a un comportamiento, por parte de un sujeto, que va contra el ordenamiento jurídico. Dado que el ordenamiento jurídico se encuentra formado por distintos sectores, tales como el Civil, Administrativo, Penal, etc, ello supone que una conducta realizada por un sujeto puede ser antijurídica desde cualquier sector de los antes mencionados y no ser constitutiva de delito. Por ejemplo, puede ir contra las normas del Derecho Administrativo el circular con un vehículo a mayor velocidad de la permitida. En el caso del Derecho Penal, una conducta es antijurídica cuando se comete cualquiera de los delitos de la parte especial del Código Penal. Por tanto, no puede ser admitida la legítima defensa por parte del agresor como causa de justificación, en los casos en que un policía de tráfico actúe dentro de la legalidad.
11 Es clarificadora de la situación analizada en este apartado la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de febrero de 1.996 que dice: Cita en la fundamentación del motivo el 231.2.º del Código Penal en que el acometimiento, el empleo de fuerza, la intimidación grave, o la resistencia ha de tener lugar o cuando se hallare en el ejercicio de las funciones del cargo o con ocasión de ellos.
Aquí no tiene lugar el primer supuesto. El policía se hallaba franco de servicio, de paisano y sin armas, pero sí el segundo, porque tal agresión no se ha producido por un incidente entre particulares, sino que se ha desencadenado como consecuencia de ser policía y miembro de la Ertzaina. El hecho probado, segundo, así lo proclama: «fue identificado por un grupo como ertzaina, dirigiéndose a S. con apelativos como “cipayo”, “hijo de puta”» y sigue el relato señalando que, pese a que hizo por huir, se le persiguió, alcanzó, cercó, volviendo a llamarle «cipayo», «torturador» y frases como «mátalo». O sea que el atentado se ha producido precisamente al conocer la condición de policía, pese a ir de paisano y franco de servicio, y por tal condición fue agredido y maltratado.
Como ha señalado la Sentencia 2490/1993, de 10 noviembre (RJ 1993\8495), cuando la autoridad o el agente -y el funcionario público- actúa en el ámbito de sus atribuciones y dicha condición es conocida del sujeto, la acción violenta sobre su persona, dentro de las especificaciones objetivas de dicho artículo y directamente relacionadas con el ejercicio de tales funciones o con ocasión de las mismas, evidencia la voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo de vulnerar o dejar malparado el principio de autoridad, imprescindible para que la sociedad mantenga los niveles mínimos de convivencia organizada -Sentencias de 1 diciembre 1987 (RJ 1987\9516), 28 noviembre 1988 (RJ 1988\9698) y 14 febrero y 4 junio 1992 (RJ 1992\1179 y RJ 1992\5447)-. Los acusados eran conocedores de tal condición, pese a que no vistiese el uniforme en tal momento. Ha de recordarse que los cuerpos de policía dependientes de los Gobiernos Autonómicos y de las Corporaciones Locales integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que los miembros de tales Fuerzas y Cuerpos deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana (artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo [RCL 1986\788], de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). Dicha proclamación general se sitúa antes y por encima de cualquier normativa sobre policía autonómica local. Con ello se desvanecen las objeciones del recurrente que trata de descalificar al policía interviniente en razón a no hallarse en tales momentos de servicio, dado que, en méritos al mandato inserto en los citados preceptos, siempre lo está.
12 La sentencia de 24 de octubre de 1.997 del Tribunal Supremo, en un caso en que el policía no iba de uniforme, se consideró que, para acreditar tal condición, no era suficiente con que éste manifestará de forma verbal su condición de agente de la autoridad. También es de resaltar la sentencia de 25 de enero de 1.999 que consideró que existía el delito de atentado aunque el agente de la autoridad agredido se encontrara de paisano en el momento de la comisión del delito, ya que el agresor conocía que la víctima era Guardia Civil al vivir en el mismo pueblo.

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participará este martes, 9 de abril, en la XV Conferencia Ministerial de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental

CONVOCATORIA DE PRENSA: Jorge Fernández Díaz asiste en Argel a la XV Conferencia Ministerial de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, participará este martes, 9 de abril, en la XV Conferencia Ministerial de Ministros del Interior del Mediterráneo Occidental.

En este encuentro internacional, que reúne a los ministros del Interior de 10 países (España
, Portugal, Francia, Italia, Malta, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez y Argelia), se debatirán asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo y la cooperación internacional en este ámbito, la lucha contra la delincuencia organizada, la inmigración irregular y la colaboración en materia de Protección Civil, entre otros asuntos.
Previamente, Jorge Fernández Díaz mantendrá varios encuentros bilaterales con sus homólogos de Argelia, Mauritania y Libia.
Día:
Martes, 9 de abril de 2013
Hora:
10:00 horas
Lugar:
El Araussi Hotel
Argel (Argelia)

MINISTERIO DEL INTERIOR

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    El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha reunido esta mañana en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y con el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López. Durante el encuentro se ha abordado la situación actual de la región en relación a las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad.

    El secretario de Estado de Seguridad se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura y ha clausurado el 145 curso de Tráfico de la Guardia Civil

    04 / 04 / 2013 MÉRIDA (BADAJOZ)
    Visita del secretario de Estado de Seguridad a Mérida
    Durante su visita a Mérida, Francisco Martínez también ha visitado las instalaciones de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía.
    El viaje ha concluido con la visita del secretario de Estado de Seguridad a las zonas afectadas por las inundaciones que se han producido en la región en los últimos días.
    El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se ha reunido esta mañana en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y con el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López. Durante el encuentro se ha abordado la situación actual de la región en relación a las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad. En este sentido, se ha evaluado la incidencia de la criminalidad en Extremadura, que se mantiene como la Comunidad Autónoma con la menor tasa de delitos. Asimismo, se han analizado los datos de eficacia policial y las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en Extremadura, que se sitúan por encima de la media nacional.
    En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario de Estado de Seguridad ha aprovechado para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su trabajo y eficacia que, junto a la colaboración con el Gobierno extremeño y el esfuerzo de los propios ciudadanos, hacen posible que Extremadura sea en estos momentos la Comunidad Autónoma con las menores tasas de criminalidad de España.
    Tras esta reunión de trabajo, Francisco Martínez se ha trasladado a la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de Mérida para conocer sus instalaciones. Durante la  visita, el secretario de Estado de Seguridad ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Extremadura, el jefe superior de la Policía Local de Extremadura, Miguel García-Izquierdo, el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Badajoz, Francisco Alonso Boafe, y el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Mérida, Francisco Durán.
    Tras esta visita, el secretario de Estado de Seguridad ha presidido el acto de entrega de los diplomas acreditativos de la finalización del 145 Curso de la Especialidad de Tráfico de la Guardia Civil en la modalidad de motoristas y atestados, en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida (Badajoz). Durante este acto, el secretario de Estado de Seguridad ha estado acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y por la directora general de Tráfico, María Seguí, entre otras autoridades civiles y militares.
    El curso 145 de la especialidad de Tráfico en la modalidad de motoristas y atestados, ha estado compuesto por 91 agentes, 38 en la modalidad de atestados y 43 en la modalidad de motoristas. A lo largo de esta formación se han abordado materias relacionadas con la seguridad vial, transportes, tacógrafos; temas teórico-prácticos como la investigación de accidentes, atestados e informes técnicos, Derecho Penal del tráfico, alcoholemias, psicología del tráfico; así como el adiestramiento en la conducción de motocicletas, averías y mantenimiento de la mecánica de motores, socorrismo y regulación del tráfico. La Escuela de Tráfico es un centro docente de especialización que asume la responsabilidad de capacitar al personal de la Guardia Civil que ha de prestar su servicio en la Agrupación de Tráfico.
    Visita a las zonas afectadas por las inundaciones
    El viaje del secretario de Estado de Seguridad a Extremadura ha concluido con la visita en helicóptero a las zonas afectadas por las inundaciones que se han producido en los últimos días como consecuencia del desbordamiento del río Guadiana a su paso por Mérida.
    Francisco Martínez, acompañado por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha conocido de primera mano la situación de la región y el dispositivo de seguridad y vigilancia establecido.
    El secretario de Estado de Seguridad se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura y con el delegado del Gobierno en Extremadura.
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    • El secretario de Estado de Seguridad ha presidido la clausura del 145 curso de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida
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    • El secretario de Estado de Seguridad ha visitado las instalaciones de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía.
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    El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunirá esta tarde, a las 18:00 horas, con el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler.

    CONVOCATORIA DE PRENSA: Jorge Fernández Díaz recibe esta tarde al conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler

    El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunirá esta tarde, a las 18:00 horas, con el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler.
    Los medios gráficos podrán tomar imágenes de la reunión.
    Posteriormente, ambos harán declaraciones a los medios.

    Día:
    Lunes, 25 de febrero de 2013
    Hora: 
    18:00 horas (Cobertura gráfica)
    19:00 horas aprox. (Declaraciones a los periodistas) 
    Lugar: 
    Ministerio del Interior
    Paseo de la Castellana, 5
    Madrid


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    Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada. La asociación- ANPASP- se constituye para agrupar a aquellos profesionales acreditados queimparten docencia en Centros de Formación de Seguridad Privada y aquellos otrosprofesionales que sin estar acreditados acrediten participar como ponentes en cursosreconocidos por la Secretaria de Estado de Seguridad para la obtención del título dedirector de seguridad o detective privado, así como docentes universitarios que impartan docencia en materias afines a la seguridad pública, privada, criminología e Inteligencia

    ¿
    21 de febrero de 2013 por directoresdeseguridad
    Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada.
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    ANPASP
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    1
    Quienes integrarán la asociación
    La asociación se constituye para agrupar a aquellos profesionales acreditados queimparten docencia en Centros de Formación de Seguridad Privada y aquellos otrosprofesionales que sin estar acreditados acrediten participar como ponentes en cursosreconocidos por la Secretaria de Estado de Seguridad para la obtención del título dedirector de seguridad o detective privado, así como docentes universitarios que impartan docencia en materias afines a la seguridad pública, privada, criminología e Inteligencia.
    2.Programa y objetivos
    2.1.Programa y objetivos
    (De forma introductoria)
    Participar activamente en el proceso de cambio y migración a la formaciónreglada de Formación Profesional de una figura única para todas lasespecialidades de la seguridad privada que finalizados los estudios obtenga lahabilitación múltiple de Vigilante de Seguridad, Vigilante de Explosivos, EscoltaPrivado, Guarda Particular del Campo, Guarda de Caza y Guarda PescaMarítimo.
    Participar activamente y promover el cambio y el diseño del título de gradodefiniendo contenidos que finalizados los estudios permitan como mínimoobtener las habilitaciones de Jefe de Seguridad, Director de Seguridad, Detectiveprivado y de técnico competente para elaboración e implantación de planes deautoprotección.
    Tutelar y garantizar la continuidad y convalidación de las actualesacreditaciones permitiendo que puedan optar a impartir la docencia en el FPReglado.
    Garantizar, a través de convenio con el Ministerio de Educación, el derecho yobligación de los docentes de seguridad privada, de participar en los programasde formación permanente del profesorado en aspectos metodológicos,didácticos y pedagógicos.
    Promover a través de convenios con los centros de Formación de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado, de las Autonomías, de las CorporacionesLocales, así como de las Fuerzas Armadas, acciones formativas técnicas en
     Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada.
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    Pa2ge 4 of 9
    materia de adiestramiento e instrucción operativa en los campos específicos decada docente.
    Colaborar con las comisiones de valoración en lo relativo al reconocimiento denuevas acreditaciones que demande la especialización y formación continua, asícomo en la redefinición del proceso de homologación del profesorado medianteun proceso selectivo a través de examen técnico sobre las materias a impartir,elaboración del programa, así como defensa ante un tribunal mixto compuestopor Interior, Educación y otras entidades a definir.
    2.2 Objetivos enmarcados en los estatutos
    a)Agrupar a aquellos profesionales acreditados que imparten docencia enCentros de Formación de Seguridad Privada y aquellos otros profesionales quesin estar acreditados acrediten participar o haber participado como ponentesen cursos reconocidos por la Secretaria de Estado de Seguridad para laobtención del título de director de seguridad o detective privado, así comodocentes universitarios que impartan docencia en materias afines a laseguridad pública, privada, criminología.
    b)Participar activamente y promover el cambio y el diseño del título de gradodefiniendo contenidos que finalizados los estudios permitan como mínimoobtener las habilitaciones de Jefe de Seguridad, Director de Seguridad, Detectiveprivado y de técnico competente para elaboración e implantación de planes deautoprotección.
    c)Participar activamente en el proceso de cambio y migración a la formaciónreglada de Formación Profesional de una figura única para todas lasespecialidades de la seguridad privada que finalizados los estudios obtenga lahabilitación múltiple de Vigilante de Seguridad, Vigilante de Explosivos, EscoltaPrivado, Guarda Particular del Campo, Guarda de Caza y Guarda Pesca Marítimo.
    d)Participar en la migración y adaptación y homologación del profesorado actualpara que puedan ejercer la docencia en la futura Formación Profesional.
    e)Tutelar y garantizar la continuidad y convalidación de las actualesacreditaciones de docente, permitiendo que puedan optar a impartir la docenciaen el FP Reglado.
    f)Promover reformas normativas que permitan o persigan la profesionalización yactualización permanente del personal de seguridad privada y de los docentes.
    g)Participar en la propuesta de contenidos formativos y en su actualizaciónpermanente, en todos los niveles del personal de seguridad privada.
    h)Colaborar con la Guardia Civil, ICAE y SEPROSE, así como con las federaciones yclubes de tiro, en la redacción de una normativa en cuanto armas, licencias yejercicios de tiro, empresas y centros de formación que contribuyan a la mayor
     
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    cualificación y especialización del personal operativo que preste servicios conarmas.
    i)Diseñar un programa de actualización y reciclaje del profesorado en lasmaterias en las que este homologado en los centros oficiales de formación de lasFuerzas y cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas para la consecución denuevas herramientas y técnicas de adiestramiento en aspectos técnicos yoperativos.
    j)Promover la mejora y actualización permanente de los docentes por medio delos convenios, acuerdos y acciones descritos en los apartados siguientes.
    k)Establecer acuerdos con El Ministerio del Interior en los ámbitos del CuerpoNacional de Policía, y de la Guardia Civil que permitan el intercambio y laparticipación de los docentes de seguridad privada en programas impartidosen los centros de formación de ambos cuerpos para un mayorperfeccionamiento y unidad de doctrina.
    l)Establecer acuerdos con las policías autónomas con competencias en materia deseguridad pública y privada con los mismos fines descritos en el apartadoanterior.
    m)Servir de cauce y participar en la adaptación de los programas y contenidosformativos a los requerimientos de distintos entes, instituciones, entidades yorganismos, como AENA, AESA, CNPIC, Fomento, Educación, así como losrequeridos por el mercado y la evolución permanente de la criminalidad y lasnuevas tecnologías.
    n)Garantizar, a través de convenio con el Ministerio de Educación, el derecho yobligación de los docentes de seguridad privada, de participar en los programasde formación permanente del profesorado en aspectos metodológicos,didácticos y pedagógicos.
    o)Promover y establecer acuerdos y convenios con el Ministerio de Educación quepermitan el acceso a los docentes del sector de la seguridad a programasformativos de mejora, reciclaje y actualización en metodología didáctica,pedagogía, nuevas herramientas y técnicas educativas.
    p)Promover a través de convenios con los centros de Formación de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado, de las Autonomías, de las CorporacionesLocales, así como de las Fuerzas Armadas, acciones formativas técnicas enmateria de adiestramiento e instrucción operativa en los campos específicos decada docente.
    q)Colaborar con las comisiones de valoración en lo relativo al reconocimiento denuevas acreditaciones que demande la especialización y formación continua, asícomo en la redefinición del proceso de homologación del profesorado medianteun proceso selectivo a través de examen técnico sobre las materias a impartir,elaboración del programa, así como defensa ante un tribunal mixto compuestopor Interior, Educación y otras entidades a definir.
    r)Servir de nexo de unión y de inserción entre los docentes acreditados y los
     
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    centros de formación mediante el establecimiento de una bolsa de trabajo en laque los asociados puedan inscribirse libremente para así facilitar el contactocon los centross)
    Fomentar las relaciones entre docentes y centros de formación promoviendo elintercambio de metodologías y materiales didácticos.
    t)Difundir y publicar aquellas informaciones, manuales, guías técnicas y métodosque sus socios quieran compartir como contribución a los fines de la asociación.u)
    Promover el intercambio con otras Asociaciones legalmente constituidas conobjetivos e intereses afines, así como estudiar y formalizar posibles acuerdos ocolaboraciones con estas.
    v)Organizar sesiones de trabajo, conferencias y actos sociales encaminados aldesarrollo de sus fines.
    w)Crear un fondo documental, de carácter técnico, que quedará a disposición detodos los Asociados.
    Gestión económica y patrocinios ANPASP, tratará de financiarse fundamentalmente a través de las cuotas de susasociados y tratará de obtener subvenciones y/o la colaboración de lasinstituciones y organismos para la consecución de sus fines.
    La gestión diaria y la promoción, además de la aportación de tiempo de susmiembros asociados y junta se tratará de apoyar en la utilización de convenios con universidades o centros de estudios que aporten becarios especializados deforma que complementen y completen su formación, aprovechando la doblesinergia entre los intereses de ANPASP, de los alumnos y de los centrosuniversitarios o centros de estudios que aporten los becarios.
    En la medida que sea posible se tratará de evitar la dependencia de empresaspatrocinadoras con la finalidad de garantizar la absoluta independencia eimparcialidad de la asociación, sus asociados y su junta directiva.

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    La rectificación de Espadaler fue mayoritariamente bien recibida entre los sindicatos agrarios. Las principales asociaciones, Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), aplaudieron la nueva política del Ejecutivo autónomo de parar los pies a los somatenes y pidieron más agentes

    El conseller de Interior, Ramon Espadaler, avisó ayer en Lleida de que ya no son bien vistas por el departamento las patrullas nocturnas de payeses para vigilar granjas y fincas. Espadaler no está dispuesto a tolerarlas ni mucho menos a darles cobertura legal en la futura ley de policía

    Publicado el 04/02/2013 por admin

    Vigilancia polémica

    El nuevo ‘conseller’ de Interior retira el apoyo de Puig al somatén

    Los principales sindicatos agrarios y policiales aplauden que el departamento frene las cuadrillas

    Espadaler quiere frenar las patrullas de payeses en Lleida y anuncia que no les dará cobertura legal

    frenazo a los somatenes. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, avisó ayer en Lleida de que ya no son bien vistas por el departamento las patrullas nocturnas de payeses para vigilar granjas y fincas. Espadaler no está dispuesto a tolerarlas ni mucho menos a darles cobertura legal en la futura ley de policía, como anunció que haría el anterior titular de la conselleria, Felip Puig, en concreto en el apartado de la norma dedicado a regular las formas de colaboración ciudadana con la policía.
    zoomMiembros del somatén de Alcarràs, en un camino de la localidad.
    Miembros del somatén de Alcarràs, en un camino de la localidad. DEFOTO / RAMON GABRIEL

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    Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 02 de febrero de 2013 VER ARCHIVO (.PDF)

    «Si en algún momento ha parecido que se estaba incentivando, bendiciendo, legitimando, dando cobertura e incluso marco legal a este fenómeno, no es lo que pretendemos. No nos hemos planteado que [el somatén] sea autoridad policial», soltó Espadaler ante la cúpula de los Mossos en Lleida, en el nombramiento de Anna Miranda como directora de Interior en la provincia.
    Aunque se esforzó por no enmendar a su antecesor en el cargo, el conseller renegó del polémico apoyo de Puig a los somatenes.
    Dijo que no se encontrarían declaraciones de Puig en las que amparara «un tipo de patrullas armadas ni nada parecido» y lo cierto es que el exconseller siempre excluyó las armas de su respaldo a las cuadrillas de vigilancia. Sin embargo, en algún patrullaje se escucharon tiros. Ocurrió en Maials, el día en que murió de un infarto uno de los ladrones perseguidos por un somatén. Los malhechores declararon haber oído disparos.
    El político democristiano confía en convencer a los payeses de que desmonten el controvertido sistema de vigilancia sin prohibir a cada uno velar por sus propiedades. Espadaler espera que los agricultores reflexionen, vean que «este no es el camino» y como «consecuencia lógica dejen de hacer patrullas». El conseller insistió en que quien tiene la competencia en exclusiva de la seguridad ciudadana es el cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
    DEFENSA EN EL PARLAMENT / En tono conciliador, ofreció diálogo con las instituciones y con el mundo local, así como con las otras fuerzas políticas en el Parlament, para alcanzar el acuerdo más amplio posible cara a la nueva ley de policía. «El objetivo de la norma en ningún caso será regular las patrullas rurales -dejó claro-, sino conseguir un instrumento que vertebre las diferentes policías que hay en Catalunya y buscar la suma entre los Mossos y las 213 policías locales existentes».
    El giro del Govern respecto de los somatenes es pues de 180 grados. Puig llegó a defenderlos incluso en el Parlament. «Es un modelo correcto y si pensamos en algo es en cómo reforzarlo», dijo para defenderse de las críticas de ICV-EUiA, formación a la que llegó a acusar de «tener un problema de confusión entre lo que es la propiedad pública y la propiedad privada».
    Mientras Puig afirmaba que las patrullas de agricultores no suponían que la policía delegara sus atribuciones en los ciudadanos porque estos solo complementaban las labores de vigilancia, los sindicatos de los Mossos han interpretado siempre los somatenes como una puerta abierta a la seguridad privada, un peligro y una forma gratuita de camuflar la falta de agentes, por lo que ayer Espadaler les alegró el día. Muchos agentes de Lleida lamentaban en privado las alas que Interior daba a los somatenes.
    «Celebramos el cambio de postura de la conselleria. Puig se equivocó mucho», explicó Valentín Anadón, del sindicato SAP-UGT, quien reclamó un aumento de la presencia de la policía catalana en las comarcas de Lleida.
    CAMBIO POSITIVO / La rectificación de Espadaler fue mayoritariamente bien recibida entre los sindicatos agrarios. Las principales asociaciones, Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), aplaudieron la nueva política del Ejecutivo autónomo de parar los pies a los somatenes y pidieron más agentes.
    La Asociación de Empresarios Agrícolas de Lleida, por su parte, manifestó que no cree que Espadaler desactive las patrullas. «Desde que están han bajado los robos, y no han hecho nada malo. ¿Qué va a hacer el conseller si no tiene bastantes mossos para garantizarnos la seguridad?», expuso el presidente de la organización, Pere Roqué.
    Interior confirma el descenso de los robos en fincas agrícolas en las comarcas leridanas, pero no lo atribuye a la actividad de los somatenes, sino al plan de seguridad rural. Según la conselleria, los delitos en el ámbito agrario bajaron en el segundo semestre del 2012 el 5,3% respecto del mismo periodo del 2011. En esos seis meses, según los datos facilitados por Interior, las detenciones subieron el 45%.

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    Me llamo Julián Flores, soy consultor de seguridad como tambien Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior y profesor acreditado por la Dirección general de la Policia y la Dirección General de la Guardia Civil para impartir formación en Centros Habilitados de Seguridad Privada de formación de personal de seguridad privada, como experto univesitario en Dirección de Seguridad Integral. Con estudios de Economia y Relaciones Laborales.Me interesa el mundo de las empresas de seguridad, de los recursos humanos y de la mejora en la dirección de equipos de trabajo.

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