Del olvido al elogio hay un trecho que los directores de Seguridad han recorrido con afán desde que hace dos décadas se aprobara la Ley de Seguridad Privada. Su denuedo por alcanzar un reconocimiento merecido les ha permitido pasar de la inadvertencia de los legisladores en 1992 a estar considerados por la Administración como colaboradores imprescindibles para proteger a la sociedad. Son los extremos de los que ha pasado esta figura profesional, que ahora se encuentra con la posibilidad de avanzar un paso más gracias a la reforma de la norma que regula el sector.
El IV Congreso Profesional de Directores de Seguridad, que se organiza en Madrid el 7 de junio, será un escenario propicio para dar forma a las demandas de este colectivo y, posteriormente, hacérselas llegar a las autoridades del Ministerio del Interior con el objeto de que las tome en cuenta para redactar el texto legal. Este encuentro, propiciado por Seguritecnia e impulsado por las asociaciones ADSI, AEDS y ASIS-España, vuelve a celebrarse tres años después con un programa en el que se analizarán propuestas para un nuevo escenario normativo, las tendencias del departamento de Seguridad y las funciones de sus responsables.
El evento será un altavoz al que la revista Seguritecnia quiere añadir más potencia con la elaboración del informe “Perspectivas sobre un nuevo escenario para el director de Seguridad”. Este estudio, para el que se ha contado con la colaboración de más de 250 profesionales de esta área, permite obtener una visión generalizada de las expectativas en torno a varios de los temas que se tratarán en la cita.
De sus conclusiones se extrae el deseo por parte de esos responsables de que la formación con la que se accede a su profesión adquiera una mayor categoría, y sostienen que el grado universitario es la vía adecuada para conseguirlo. La reforma de la Ley debería contemplar esta aspiración, que responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados para gestionar las múltiples disciplinas que engloba su función dentro de las organizaciones. Entre ellas, la protección de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que cada vez cobra mayor fuerza dentro de las corporaciones. Por ello, también sería positivo que los planes formativos ahondaran en esta especialidad para afrontar con garantías los riesgos procedentes del ‘ciberespacio’, considerados uno de los mayores retos para la seguridad nacional.
La externalización es otro de los temas que más preocupan a los directores de Seguridad, que cuestionan esta posibilidad por considerar que a través de ella la gestión no llega a los niveles que proporciona un departamento interno. La Ley de Seguridad Privada vigente no se pronuncia al respecto, por lo que la reforma debería atender esta cuestión y plantear las condiciones en las que una empresa puede solicitar a un proveedor dicho servicio, analizando en profundidad los beneficios y perjuicios de esta opción. Asimismo, la futura disposición debería incidir en la creación de un mayor número de departamentos de Seguridad con la vista puesta en aquellas organizaciones que en la actualidad carecen de él, a pesar de estar expuestas a elevados niveles de riesgo.
Es el momento de que los propios protagonistas participen en la configuración de su futuro aportando propuestas que contribuyan a la mejora de su profesión y, por ende, de la protección de las entidades. La responsabilidad que han asumido a lo largo del trayecto que comenzó hace veinte años así se lo exige.
