Pablo Montesinos 2012-07-20
El fantasma de la intervención total asfixia al Gobierno, con las voces más agoreras apuntando a agosto como el mes en el que la crisis de deuda se haga insostenible, las instituciones españolas no puedan financiarse y haya un colapso que obligue al rescate. Mariano Rajoy trabaja, precisamente, para que tal extremo no se produzca y las aguas vuelvan poco a poco a su cauce, con la ayuda de las instituciones europeas. Pero, en el peor viernes de su etapa en el poder, nada pareció moverse en Bruselas, mientras la prima de riesgo hizo añicos una barrera psicológica impensable hasta hace tan solo unos meses: los 600 puntos básicos.
En privado, el Gobierno se lamentó con amargura de que nada funcione; de que nada sirva de medicina para calmar los mercados. El que la Unión Europea diera luz verde a la línea de crédito a la banca, tras el plácet de los parlamentos de Alemania y Finlandia, en vez de tranquilidad disparaba la desconfianza. El último plan de ajustes, que cumplía al dedillo lo reclamado por el FMI, ni tan siquiera supuso un día de tregua.
La preocupación y la impotencia fueron la tónica dominante. Todas las miradas se posaron, una vez más, en Europa. «El riesgo está en ella por su lentitud», en voz de un ministro económico. Y la estrategia del Gobierno se centró, en exclusiva, en elevar la presión pública para que la UE utilice los mecanismos a su alcance -más después de los acuerdos alcanzados en el histórico Consejo- y compre deuda o inyecte liquidez.
Durante toda la semana, el presidente ha estado en ello de forma discreta. Hablando con sus homólogos; exponiéndole la gravedad de la situación a la par que cerraba los últimos flecos de la ayuda de la banca. De estos contactos se concretó una cumbre bilateral con el mandatario italiano, Mario Monti, el próximo dos de agosto en Madrid. Esta cita es clave para España, que busca un frente común ante los países más reacios a que el Banco Central Europeo compre deuda. Tampoco la fecha es al azar: antes de iniciar el curso político, en vacaciones, ante el temor de que el agosto se complique, y mucho.
Tras el Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría hizo pública la petición de actuación inmediata: «Tenemos que lograr que los acuerdos del Consejo Europeo se vayan cumplimentando, y con celeridad», manifestó. Echó mano de todos los argumentos posibles; incluso parafraseó al ministro de finanzas alemán, Wolfang Schäubel, que defendió el auxilio al país porque «por sí sola» no puede hacer frente a la reforma financiera, y puso el foco de atención a la inestabilidad que afecta a las naciones mediterráneas. Así, destacó la portavoz, «el Gobierno está haciendo su parte y cumpliendo con sus compromisos», que pasan por controlar el déficit -este viernes aprobó el techo hasta 2015- y la aprobación de reformas.
«A nivel interno estamos cumpliendo, estamos haciendo grandes esfuerzos», insistió por varias veces la vicepresidenta. Fue muy contundente: «Estamos trabajando en todas las instancias, en Bruselas, para que los acuerdos -del Consejo- se tomen a la mayor celeridad posible», expuso, una vez se le informó de que mientras ella hablaba la prima de riesgo ya estaba a 600. «Estamos cumpliendo», respondió. «Es necesario reforzar la situación compartida», se apuntaló desde Moncloa, toda vez se pide a voz en grito una mayor integración así como unión bancaria y política. Aunque todo ello suponga retroceder en soberanía nacional, como así se admite tanto en público como en privado.
El más claro fue, una vez más, José Manuel García Margallo, muy curtido en batallas comunitarias -trabajó años como eurodiputado-. El nivel de la prima de riesgo es «inabordable» y la «situación insostenible», dijo a las bravas. Si bien se reservó la artillería pesada para el BCE, un «banco clandestino» que pide reformar para hacer frente a la crisis de deuda. «No está haciendo nada para parar el incendio de la deuda pública», manifestó, haciendo patente un enfado que antes no se había expresado en público, pero sí en privado. Todo el empeño gubernamental, todas las gestiones, van destinadas a que el organismo que dirige Mario Draghi mueva ficha, bajo plácet de Berlín.
En paralelo –porque, inciden en el Gobierno, España no descansa- el Gobierno hará de agosto un mes atípico en el plano laboral. Además de un equipo de guardia permanente, Moncloa confirmó tres Consejos de Ministros extraordinarios los días tres, veinticuatro y treinta y uno. Pero, si el contexto se complica, se podrían convocar más. «Es lo que toca, trabajar», se incide oficialmente. Pero, a renglón seguido, se lamenta que el PSOE no se sume al carro. Aunque no es habitual, Sáenz de Santamaría afeó esta conducta en nombre del Gobierno, echándole en cara a Rubalcaba como la socialdemocracia alemana sí arropó el plan de ayuda a la banca española
